Situar a los ciudadanos en el centro de la gestión es incompatible con anteponer el dogmatismo al servicio público eficaz y riguroso, sobre todo si se trata de un área tan sensible como la educación.
La crisis abierta en la Comunidad de Madrid con la destitución del consejero Emilio Viciana, seguida de la dimisión de tres diputados del PP y de dos altos cargos de la Consejería, interpela a Isabel Díaz Ayuso. La apuesta de la presidenta de otorgar su confianza y dotar de gran influencia a una figura como la de Antonio Castillo Algarra era arriesgada y se ha demostrado fallida. El proyecto de Ley de Universidades, que ha actuado como detonante de la crisis, es un nuevo ejemplo de cómo el dogmatismo -en este caso, alejado de los principios liberales que históricamente han caracterizado al PP madrileño- suele ir acompañado de ignorancia jurídica y conducir al fracaso.
Más allá de los problemas de gestión que afectan a las universidades, la realidad es que la Comunidad no ha sido capaz de reforzar la estabilidad y el prestigio de unos centros que son fundamentales para el progreso de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, y aunque ha promovido algunos cambios elogiables en la enseñanza obligatoria, el PP ha desaprovechado el poder que le confiere su mayoría absoluta para reformar con ambición tanto la educación superior como la no universitaria.
Finalmente, el choque con los rectores y el bloqueo de la ley, que presentaba problemas jurídicos importantes, han empujado a Ayuso a cesar a Viciana. Los controles internos han funcionado y ahora se abre la oportunidad de corregir el rumbo: la nueva consejera ha anunciado que priorizará la aprobación de un nuevo sistema de financiación para las universidades.
En el PP y entre los gestores autonómicos se acoge con alivio la salida de este «clan». Algarra, que se presenta como dramaturgo, ha dejado la dirección del Ballet Español de Madrid, dependiente de la Comunidad y que él mismo había impulsado. Escuchar a voces ajenas a las estructuras gubernamentales y de partido es saludable, pero la exigencia de profesionalidad en la gestión nunca puede ser relegada.