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Más de una decena de vecinos del número 20 de la calle San Ildefonso, en el distrito Centro de Madrid, intentaron reventar este lunes el último pleno del curso político en el Ayuntamiento al grito de "¡Basta ya de acoso inmobiliario!", en protesta por la situación de las 24 personas que aún residen en ese inmueble, adquirido por un fondo de inversión. El edificio, que llegó a albergar 23 viviendas, está siendo desalojado por la propiedad desde hace meses. Según denuncian los inquilinos, las obras en marcha se utilizan como instrumento de presión para "echarnos de nuestros hogares".
La interrupción del pleno se produjo justo después de que los grupos municipales de Más Madrid y PSOE plantearan sendas iniciativas sobre la proliferación de pisos turísticos ilegales —más de 17.000, según estimaciones de Más Madrid— y el cierre judicial de varios de estos apartamentos en un edificio de la calle Toledo. En ese contexto, los vecinos de San Ildefonso 20 desplegaron pancartas en el salón de plenos y comenzaron a corear consignas como "¡Ayuntamiento cómplice del acoso inmobiliario!", "¡Stop ECUS!" y "¡Nos están destrozando la vida!" mientras que el personal municipal forcejeaba con ellos para tratar de desalojarles y cortaba el sonido en el salón de plenos.
Una protesta que, más adelante durante el pleno, fue calificada como "momentos desagradabilísimos" por la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
"Estamos aquí porque están demoliendo nuestro bloque con el consentimiento y la complicidad del Ayuntamiento de Madrid a través de las declaraciones responsables", denunció a las puertas del Palacio de Cibeles, Ignacio Martín Urquidi, portavoz del colectivo vecinal que intenta resistir en el céntrico bloque. "No hay ni siquiera una licencia de obra: pueden demoler un edificio entero con nueve familias viviendo dentro".
La protesta, organizada junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, forma parte de una campaña de los residentes contra lo que consideran un caso grave de "acoso inmobiliario". "Denunciamos la complicidad del Ayuntamiento. Han privatizado el control de las obras mediante empresas llamadas ECUS —entidades colaboradoras urbanísticas—, que dejan en manos privadas el control de todo el proceso", explicó Urquidi. "Al final, estas empresas licitan la obra al contratista, y eso permite que nos usen para acosar a las vecinas y echarnos de nuestros hogares".
El conflicto en San Ildefonso 20 comenzó hace casi dos años, cuando un primer fondo adquirió el edificio. Tras una posterior compraventa, la nueva propiedad anunció que no renovaría los contratos. Desde entonces, los residentes han tenido que convivir con cortes de suministros, ruido constante y derribos parciales en las viviendas desocupadas. "Con obras llevamos cinco meses, pero la lucha empezó hace dos años. El Sindicato de Inquilinas es nuestra herramienta para organizarnos y resistir. Si hemos llegado a este punto es porque estamos desesperados", relató Urquidi.
"Nuestro día a día es insoportable. Hay acoso por parte de los obreros, de la propiedad, que incluso envió a una empresa de desokupación para presionarnos. Tuvimos que enfrentarnos a ellos con el sindicato", afirmó el portavoz. "Hemos interpuesto denuncias urbanísticas, pero seguimos sin respuesta. Por eso estamos aquí, para que se nos oiga. Porque ahí dentro dicen que ese pleno es la casa de todos".
Según relatan, las condiciones de San Ildefonso 21 son extremas: techos que se agrietan mientras los operarios usan martillos neumáticos, obras sin previo aviso, polvo, ruido y un ambiente constante de intimidación.