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¿Mintió Boris Johnson en su declaración jurada en la investigación oficial sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en el Reino Unido? ¿Fue el entonces primer ministro británico escueto con la verdad en los testimonios que pronunció ante el panel de la encuesta pública e independiente Covid-19? Documentos desvelados por el diario The Guardian sugieren que el ex mandatario conservador, que estaba al frente del Gobierno durante la crisis sanitaria mundial, dio respuestas falsas o, cuando menos, exageradas en sus declaraciones orales acerca de las horas que dedicó a la contención del virus durante en el "mes perdido" de febrero de 2020.
Johnson se tomó unos días de descanso, junto a su entonces novia Carrie Symonds, a mediados de febrero de 2020, coincidiendo con las vacaciones de invierno del calendario escolar. La pareja compartió comidas y cenas con familiares y amigos en la residencia oficial de Chevening, en el condado de Kent, y, de acuerdo con el mencionado periódico, el primer ministro recorrió las pistas de la magnífica finca del sureste de Inglaterra en moto o con su perro Dilyn. "No me tomé unas vacaciones largas. Estuve trabajando durante todo ese período y el ritmo [de trabajo] aumentó", testificó al ser cuestionado en la investigación que preside la anterior juez y actual representante, sin afiliación política, en la Cámara de los Lores, Heather Hallett.
Hallett emitió el pasado jueves un terrible veredicto de la actuación del Gobierno conservador -y de la gestión de los Ejecutivos autonómicos- en el informe preliminar sobre la respuesta, el impacto y las lecciones de la pandemia del Covid. Resumió la actuación política con cuatro palabras concisas -"muy poco, muy tarde"- y acusó a Johnson de titubear en la toma de decisiones, caer en los mismos errores a lo largo de la crisis y consentir un ambiente "tóxico y caótico" en su oficina de Downing Street.
El informe confirma que Johnson no presidió reuniones del comité de emergencia Cobra en el mes de febrero, cuando ya se habían confirmado casos de contagio en Italia sin conexión aparente con China, foco del origen de la enfermedad. El primer ministro tampoco se mantuvo al día de "forma significativa" sobre la evolución del problema durante sus vacaciones familiares, que la pareja dedicó a planificar su boda y preparar el anuncio del embarazo de la ahora señora Johnson, según trascendió después.
Información filtrada a The Guardian por la plataforma Distributed Denial of Secret (DDoS) indica que Johnson libró cuatro días completos durante su estancia en Chevening. Ninguna tarea oficial se anotó en su agenda el 15, 16, 17 y 21 de febrero, de acuerdo con ficheros de la oficina privada del ex premier a los que ha tenido acceso el diario británico.
Johnson argumenta que habló por teléfono con Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping durante su encierro en la campiña de Kent, pero el nivel declarado de trabajo dejó frío a la comisión investigadora. "El señor Johnson debió apercibirse antes de que esto era una emergencia que requería liderazgo gubernamental para inyectar urgencia en la respuesta", afirma el documento de 750 páginas.
Londres impuso el confinamiento nacional el 23 de marzo de 2020, una semana después de su introducción en España y otros países europeos. La demora en la toma de decisión, que Johnson anunció cuando la situación era "nada menos que calamitosa", costó 23.000 muertes a consecuencia de la infección que pudieron evitarse, según las conclusiones de la investigación. Es un veredicto crudo de las consecuencias de la inacción del Ejecutivo, basado en las proyecciones de un modelo informático, que colegas del Gabinete y el asesor del ex primer ministro, Dominic Cummings, se niegan a aceptar.
En cambio, la asociación de víctimas del coronavirus, Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, exige responsabilidades penales, sociales y económicas, incluida la retirada de los privilegios e incentivos financieros que disfrutan ministros y jefes del Gobierno al perder o renunciar a su cargo público. Johnson ha solicitado el máximo de 130.000 euros que puede cobrar anualmente para amortizar el salto a la esfera privada y tiene garantizada pensión ministerial y como miembro del Parlamento de Westminster. "Sus acciones durante la pandemia constituyen una de las traiciones más graves a la ciudadanía británica. Sus decisiones, demoras y reticencia a atender las advertencias han costado decenas de miles de vidas que pudieron y debieron salvarse", ha denunciado la organización.
La investigación del coronavirus lleva incurridos cerca de 220 millones de euros en gastos internos desde su apertura en junio de 2022 y la factura sigue abierta. Queda terreno por explorar en su estructura modular y el informe global final no se espera hasta verano de 2027. Algunos cuestionan la eficiencia y rentabilidad de este tipo de pesquisas públicas, que tienden a eternizarse cuando se llevan a cabo en el Reino Unido.