El PP de Galicia ha registrado en el Parlamento una declaración institucional para que todos los grupos condenen el ataque al busto de Manuel Fraga Iribarne, ex presidente de la Xunta y ex ministro, vandalizado el pasado sábado en Vilalba (Lugo), su municipio natal. La escultura apareció cubierta de pintura roja y la autoría fue asumida por el movimiento juvenil independentista vasco Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). El texto ya ha sido remitido al resto de formaciones y se debatirá en el Pleno de esta semana.
La dirección popular enmarca la iniciativa como una defensa de la convivencia institucional en Galicia. "Los gallegos no queremos crispación, no queremos radicalismos y no queremos violencia. Por eso nos vemos en la obligación de denunciar, una vez más, un ataque contra la convivencia democrática, contra la tranquilidad y la serenidad de la Galicia que nos representa", sostuvo este martes la secretaria general, Paula Prado. Para el PP, los hechos "no son democracia" y deben "condenarse rotundamente".
El partido reclama a la oposición una posición clara ante lo sucedido. Recuerda que Fraga presidió la Xunta de Galicia durante más de 15 años y lo reivindica como figura institucional y uno de los padres de la Constitución. La advertencia es explícita. Si no hay una condena sin matices por parte de la oposición, estarán "convirtiéndose en cómplices".
El escenario, sin embargo, es políticamente más complejo, especialmente para el BNG. La vandalización en Vilalba se produce apenas días después de que EH Bildu, junto a ERC, Junts, PNV, BNG, Geroa Bai, Compromís, Más Madrid, la Agrupación Socialista Gomera y el senador por Eivissa i Formentera, registrasen en el Senado una solicitud para retirar el busto de Fraga situado en el pasillo de acceso al hemiciclo. La iniciativa invocaba la Ley de Memoria Democrática y ponía el foco en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores murieron tras la actuación de la Policía Armada en el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís, en un contexto de huelga general. Fraga era entonces vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos del Interior y ministro responsable de las fuerzas de orden público.
Ese movimiento en Madrid reabrió el debate sobre su legado y generó un choque político inmediato. El PP ya defendió entonces que está "muy orgulloso de su legado" y rechazó cualquier intento de retirar símbolos en la Cámara Alta. Ahora, tras el ataque en Vilalba, el pulso se traslada al Parlamento gallego.
La declaración registrada fija tres puntos concretos: la condena firme del acto vandálico contra el busto por considerarlo un ataque al patrimonio público y a los valores democráticos; el respeto institucional de la Cámara hacia la figura de Fraga por su contribución al desarrollo y consolidación de la autonomía gallega, "más allá de las legítimas discrepancias políticas"; y la reafirmación del compromiso común con la convivencia democrática y el rechazo de cualquier forma de violencia y vandalismo.
Con mayoría absoluta, el PP garantiza la aprobación del texto. La incógnita no es el resultado, sino la fotografía final: si la condena será unánime o si el debate sobre la memoria y el legado de Fraga vuelve a dividir al hemiciclo gallego.
No es la primera vez en las últimas semanas que los populares exigen al BNG una condena expresa de actos de vandalismo. Tras la aparición de carteles y daños en varias sedes del PP en distintos municipios gallegos —que los populares atribuyeron al entorno juvenil nacionalista—, ya reclamaron un pronunciamiento que no llegó en los términos que esperaban.