La Consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta Ángeles Vázquez, ha asegurado que el Ejecutivo gallego recurrirá ante el Supremo si no se revisa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que anula las autorizaciones administrativas previas y de construcción del parque eólico A Ruña III promovido por Eurus Desarrollos Renovables en el municipio coruñés de Mazaricos. "Es una sentencia dañina para Galicia, el medio ambiente y nuestra economía", ha denunciado.
Vázquez ha recordado este miércoles que la instalación del parque eólico contaba ya con el visto bueno del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la decisión del TSJG es solo "una excusa" para frenar el desarrollo de las energías limpias en Galicia. "Ya nos dieron la razón y se demostró que el proyecto no tiene efectos dañinos sobre el medio ambiente", ha defendido. Además ha recordado que el procedimiento que siguió la Xunta era válido al tramitar el parque y la línea de evacuación de manera separada.
Actualmente en Galicia, hay 92 parques eólicos afectados por algún recurso judicial en curso. En ese sentido, la consejera ha advertido que la parálisis que está enfrentando la Xunta "no sucede en ningún otro territorio de la Unión Europea" y les está obligando a incumplir con los objetivos marcados para 2040 de alcanzar la naturalidad climática. "Esto está provocando que 2,5 millones de toneladas de CO2 sigan emitiéndose a la atmósfera".
Ante los argumentos esgrimidos por el TSJG, Vázquez ha matizado que la línea de evacuación es compartida, ya que "da servicio a otro parque y ya fue correctamente analizada" en el pasado. Asimismo, ha defendido que la decisión de que sea compartida responde a la necesidad de no invadir otra parte del territorio natural con postes y redes de cableado.
Por todo ello, la consejera considera que "se trata de una sentencia errónea" que debe estar sometida a revisión y, en caso de no hacerlo, la Xunta se verá obligada a recurrir de nuevo la sentencia ante el Supremo para impedir la anulación del TSJG.
Los argumentos del TSJG
La decisión del alto tribunal gallego de anular las autorizaciones administrativas previas y de construcción del parque eólico A Ruña III mantiene abierto un conflicto que se remonta a 2023, cuando la asociación Petón do Lobo impugnó la autorización del parque eólico, alegando irregularidades en la tramitación ambiental de la Xunta. En agosto, el proceso quedó en suspenso mientras se esperaba el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la gestión del proyecto cumplía con la normativa comunitaria. La UE ya avaló entonces la actuación de la Xunta y señaló que era correcto recabar los informes sectoriales al mismo tiempo que se abría el proceso de información pública.
Pese a ese respaldo, el TSJG ha optado por anular ahora las autorizaciones del proyecto, apartándose de los criterios marcados tanto por la justicia europea como por el Supremo. Su decisión se basa en argumentos centrados en la ausencia de una evaluación ambiental conjunta del parque y de su línea eléctrica de evacuación. Según la sentencia, "lo que procedía era tramitar y formular un único procedimiento de evaluación medioambiental que valorara de forma unitaria y conjunta el impacto y los efectos sinérgicos del conjunto de las instalaciones".
Asimismo, la resolución señala que el expediente no incluyó medidas suficientes "para prevenir o, en su caso, mitigar" deficiencias en el análisis de posibles afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y apunta la falta de un estudio adecuado sobre el impacto potencial en las zonas próximas a esta red protegida.