Son cinco los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) gallego que están firmando las últimas sentencias que han puesto en jaque a la eólica en la región. Uno de ellos es Luís Villares, el magistrado que en 2016 colgó la toga para sumarse a En Marea, formación de la que fue candidato a la Xunta y portavoz hasta 2019. Su participación en tres recientes casos que se han saldado con la suspensión cautelar de los permisos administrativos de distintos proyectos de EDP Renovables y Greenalia, ha indignado al sector, que recuerda el activismo político e institucional contra la industria del viento que encabezó la extinta En Marea en los años en que el propio Villares fue portavoz de la formación.
Los citados procesos judiciales parten de las demandas de distintas asociaciones activistas que, en algunos casos, han arrancado campañas de crowdfunding para costear su cruzada contra los molinos de viento en los tribunales.
Cuando comenzó la judicialización de sus proyectos, desde la empresa gallega Greenalia solicitaron formalmente la recusación deVillares, quien llegó a ser el candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta de Galicia para las elecciones de 2016, al considerar "insostenible" que éste pudiera «analizar con imparcialidad la autorización de un parque eólico como el de Bustelo, el cual obtuvo la declaración de especial interés con base en una ley que el recusado calificó como la 'ley depredación del territorio' en el año 2017, hace sólo cinco años», según recoge el escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO.
En el caso del parque Bustelo, promovido por la misma Greenalia, el proyecto obtuvo de la Xunta las autorizaciones administrativas previa y de construcción en junio de 2021. El mes pasado, dos años después, TSJ gallego tumbó la autorización administrativa. Este mismo parque fue objeto de crítica del grupo parlamentario de En Marea en 2019, cuando Villares aún encabezaba la formación. Dos diputados del mismo cuestionaron entonces la decisión del Gobierno autonómico, entonces liderado por Alberto Núñez Feijóo, de declarar de «especial interés» éste y otros proyectos, apoyándose en los mismos argumentos que, años después, empleó la Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia (Adega) y, recientemente, ha ratificado la Sala en la que se integra Villares. Este diario ha intentado ponerse en contacto con el magistrado, sin éxito.
El TSXG rechazó la recusación formulada por Greenalia respecto de Villares, al no identificar "interés directo del magistrado en la causa" y aunque no negó la existencia de discrepancias del magistrado con la norma jurídica, concluyó que ésta "no implica pérdida de imparcialidad", sino que conforma "el ejercicio de un derecho fundamental". Desde Greenalia apuntan a este diario que no recurrieron la decisión del TSXG, pero aseguran que "recurriremos en casación la recusación".
Distintas fuentes del sector eólico convienen en conversaciones con este medio que el activismo de Luís Villares continuó más allá de su etapa como portavoz de En Marea. En agosto de 2019, cuando el magistrado ya había dado el salto al Grupo Mixto, Villares se integró en alguna agrupación cuyo objeto era frenar el despliegue de parques eólicos, como la plataforma Salvemos O Iribio, a la que también se sumó la demandante Adega que, tras su primera victoria en los tribunales anticipó una «dura batalla» contra otros 30 parques eólicos en el territorio.
Si bien el caso gallego está siendo singular dentro del panorama nacional, lo cierto es que el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia autonómico es contundente. No sólo es Villares, sino que el conjunto de los magistrados que están deliberando en torno a los procesos citados están fallando, en la mayoría de los casos, de forma unánime a favor de las asociaciones demandantes.
Fuentes legales señalan que es "excepcional" que un tribunal tumbe un acto administrativo como lo son los citados permisos ambientales o de construcción. De hecho, en la práctica totalidad de los casos en los que ha ocurrido al contrario y que han sido los promotores renovables los que han recurrido a la justicia para solicitar cautelares cuando, por ejemplo, la Administración les ha respondido con una autorización ambiental negativa, los jueces se han negado a conceder las cautelares.