Poner normas a un "territorio sin ley" e impulsar medidas para acabar con la "impunidad" de quienes se creen que están "por encima del bien y del mal". Con esta contundencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado mano dura contra las empresas propietarias de las redes sociales para combatir la "desinformación", los "discursos de odio", la "vulneración de la privacidad" de los ciudadanos y la desprotección de los menores.
El Gobierno impulsará en la primera mitad de 2026 una batería de medidas "ambiciosas", desde nuevas leyes a reglamentos, para meter en cintura a las empresas tecnológicas en esos cuatro ejes de actuación. Porque, ha subrayado Sánchez, las redes sociales se han convertido en "un Estado fallido que tenemos que refundar".
Así lo ha señalado el presidente del Gobierno en una intervención en las jornadas de Metafuturo, organizadas por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, en las que ha avanzado que esta exigencia de responsabilidades frente a los abusos de las tecnológicas va a empezar ya mismo con el impulso de una investigación contra Meta en el Congreso por una supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios.
La empresa liderada por Mark Zuckerberg, que posee Instagram, WhatsApp o Facebook, será investigada por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para responder por las revelaciones de una investigación internacional de España, Bélgica y Holanda que descubrió que Meta habría empleado durante casi un año un mecanismo oculto que permitía rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android.
Sánchez ha denunciado que este presunto espionaje de los usuarios permitía a Meta recopilar datos sobre las páginas web que visitaban y vincularlos con su identidad en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando usaban el modo incógnito o una VPN.
Dada la gravedad, Sánchez ha afirmado que los responsables de la compañía serán citados por el Congreso para dar explicaciones y responder si se han vulnerado los derechos de privacidad de los usuarios. Así como para identificar a los responsables.
"En España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias, no puede quedar impune", ha remarcado Sánchez en su intervención.
En cuanto a las tecnológicas, el presidente ha hecho un diagnóstico muy crítico sobre cómo estas empresas están dejando campar a sus anchas en internet los discursos de odio, la desinformación o la violación de la privacidad a través de sus plataformas. Ha denunciado que carecen de compromiso para combatir estos problemas, que han operado "como si esto no fuera con ellas" o como si las leyes nacionales "no les afectaran". Una sensación de "impunidad" que, ha remarcado, "ha agravado el problema".
"No estamos ante errores puntuales. Estamos ante un patrón de conducta. Un modelo que está priorizando el beneficio sobre el bienestar, el click sobre el derecho y el algoritmo sobre las leyes democráticas", ha lamentado.
Por todo esto, y como ya avanzara en el Foro de Davos, Sánchez ha prometido medidas "concretas, ambiciosas y necesarias" para "poner orden" en el espacio digital y "recuperarlo para la humanidad" y la "libertad" frente a la "avaricia" de estas compañías.
"Hay que decirles que están muy equivocados y que nuestro país no se va a arrodillar ante esta nueva oligarquía tecnológica", ha apuntado.
Sánchez ha dado sólo los argumentos pero no ha detallado en qué van a consistir esas leyes o medidas con rango de reglamento que promete impulsar en la primera mitad de 2026.