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El acceso de las zonas rurales de España a servicios sociales fue uno de los principales retos que Pedro Sánchez se marcó para el desarrollo de su legislatura. El presidente del Gobierno, en el discurso de investidura que proclamó el pasado 15 de noviembre de 2023, estableció que su Ejecutivo garantizaría "por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos. Para que nadie tenga que abandonar su pueblo porque no hay un cajero o un centro de salud cerca y para que las oportunidades de ningún español estén determinadas por su código postal".
La situación de estos territorios es uno de los principales problemas de la Unión Europea, que destina el 33% de su presupuesto (392.000 millones de euros, según se extrae de su último foro celebrado en abril) a políticas de cohesión económica, social y territorial, con el objetivo de catalizar la convergencia de las regiones más desfavorecidas.
Nuestro país, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco de España en 2021, pese a encontrarse por debajo de la media general europea en cuestiones de distancia para acceder a servicios, tiene regiones como Zamora, Cuenca o Teruel en las que sus habitantes deben recorrer 16,4 km, 15 km o 20 km, respectivamente, para alcanzar servicios básicos de uso diario como un cajero, un centro de salud o un supermercado (servicios locales). Distancia que aumenta en lo que a servicios regionales, como centros médicos especializados, se refiere, ya que los habitantes de provincias como Teruel, Cuenca (que repiten en este apartado), Cáceres, Soria y Lugo tienen que hacer entre 89,6 km y 118,4 km para poder disfrutarlos. Para poner en contexto, en Madrid y Barcelona, la distancia para acceder a los servicios mencionados es de 1,5 km y 1,6 km.
Más allá de los datos, esta realidad es palpable en numerosas localidades de la comarca de Jiloca (Aragón), situada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Teruel y a otros tantos de Zaragoza o, lo que es lo mismo, en tierra de nadie.
Al aproximarse en coche a la zona, los fallos de cobertura se revelan como primer síntoma de la falta de recursos existente en el territorio. Pero eso es solo el comienzo, ya que, con solo poner un pie en Fonfría, un pequeño pueblo de 15 habitantes, se puede observar que allí la vida es muy diferente a lo que pueden estar acostumbrados los residentes de cualquier ciudad. Su alcaldesa, Olga Lázaro (PSOE), explica que en su municipio "se vive con lo puesto, porque no somos un número lo suficientemente amplio de personas como para poder reclamar nada". En ese sentido, añade que en su gestión "lo primordial es no perder servicios, ya que, si el médico viene un día a la semana durante 40 minutos, tengo que asegurarme de que siga viniendo, no de que venga más, porque sé que eso no va a pasar".
Los vecinos escuchan atentos las declaraciones que su alcaldesa comparte desde el Ayuntamiento, que también es el bar del pueblo y representa el centro neurálgico de las reuniones locales. Un establecimiento que es regentado por Carolina Sánchez, una argentina que hace apenas 4 meses decidió mudarse con su marido, Alejandro Salans, de Galicia, a este pequeño municipio aragonés.
Carolina, que llegó a Fonfría a través de un anuncio por redes sociales publicado por el teniente de alcalde para atraer a nuevos residentes, indica que la suya "no es una vida para todo el mundo, porque tienes que asumir unas ciertas condiciones que, de entrada, no son atractivas". Y es que, además de con su marido, ella llegó acompañada de sus tres hijos, Unai, Greta y René, de 13, 11 y 6 años cada uno, para los que llegar al colegio más cercano supone una aventura diaria. "Cada mañana tienen que coger un autobús hasta Calamocha, un pueblo de unos 4.000 habitantes situado a 40 kilómetros de aquí. Nosotros lo afrontamos como algo normal, porque es así con todo. Si queremos sacar dinero, comprar aceite o tener un poco de vida social, sabemos que nos toca hacer más de media hora de coche. Si no lo asumimos con deportividad, la vida aquí se nos haría imposible", argumenta.
De hecho, Carolina explica como, en una ocasión, su hija Greta, mientras jugaba, se lesionó la rótula de su pierna derecha y tuvieron que esperar "más de dos horas" para que llegase una ambulancia que la transportase al centro médico más cercano. "Tardamos más tiempo en llegar y ser atendidos que en que le hiciesen el tratamiento pertinente, pero es que no podemos hacer nada para que eso mejore, porque no tenemos la capacidad de demandar un acercamiento a los servicios", sentencia.
Un sentimiento de resignación que es completamente coherente dada su situación, porque, como explica Mercedes Molina, catedrática emérita en geografía humana en la Universidad Complutense de Madrid, a EL MUNDO, "este es un problema que se ha desarrollado desde los tiempos de Franco y, actualmente, la realidad es que no todos los pueblos tienen oportunidades de desarrollo y puede que acaben extinguiéndose como población en el futuro".
Molina es coautora, junto a Luis Camarero y otros investigadores, del estudio del medio rural del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, publicado en enero de 2024, y que indica que, en la última década, ha aumentado significativamente el porcentaje de población de los medios rurales que tiene dificultad para acceder a tiendas y supermercados (+32,3%), servicios postales (+30,96%) o recibir atención médica (+18,63%). Además, indica que los habitantes de pueblos de menos de 10.000 habitantes gastan al año hasta 500 euros más en transporte (4.197,2 euros), que las personas que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes (3.605,2 euros).
Un hecho que, para la catedrática, pone de manifiesto "la necesidad de que las instituciones lleven a cabo una estrategia a través de un pacto de Estado, que ponga en funcionamiento medidas urgentes que permitan el cumplimiento de los derechos básicos de accesibilidad que tiene cualquier habitante de estos lugares".
Así en localidades como Allueva, con 20 habitantes y situada a apenas cuatro kilómetros de Fonfría, su alcaldesa, Pilar Molina (PP), indica que tener pan del día "es considerado casi como un privilegio", porque para poder disponer de él "es obligatorio coger el coche y cruzar carreteras remendadas mil y una veces".
Una obligatoriedad que se extiende a cualquier servicio básico y que excluye a las personas que no gozan de independencia. "Aquí nos organizamos para que a nadie le falte de nada, porque si no puedes coger el coche, ya me dirás cómo vas a comprar comida o sacar dinero. Es que, simplemente, te ves excluido de la sociedad", expone
Por ello, pone en valor la labor que la Diputación Provincial hace sobre estos pueblos, ya que, para ella, "son los únicos que hacen algo por nosotros, porque de otros estamentos ni sabemos ni esperamos nada".
Tan amplio es este olvido que Pilar recuerda que, durante Filomena, la borrasca que cubrió España de nieve en 2021, se quedó encerrada e incomunicada durante cinco días en el interior de su casa con su marido y que, de no ser por los constantes avisos de sus hijos a la Guardia Civil, nadie habría reparado en ellos. "El primer día nos reíamos. Pusimos unas velas, abrimos un cava y cenamos lo que teníamos por casa, esperando a que al día siguiente nos ayudasen a salir. Pero al ver que nadie venía, comenzamos a agobiarnos por estar sin luz y sin provisiones. Cuando llegaron los equipos de la UME a rescatarnos, alucinaron por las condiciones en las que habíamos estado esos días".
Un vecino de la localidad, que había salido de casa para descansar al lado del abrevadero del pueblo, añade que "aquí se vive a pesar de las condiciones, porque no es fácil estar tan lejos de todo".
Sin embargo, pese a las enormes distancias con los servicios de primera necesidad, Allueva tiene en el desarrollo que las energías renovables están teniendo en Aragón la posibilidad de expandirse y generar riqueza. La localidad posee 10 aerogeneradores desde 2019, lo que ha permitido la construcción de dos viviendas, un aparcamiento y un merendero, gracias a que los ingresos por alquiler del suelo del parque eólico sustentan casi todo el presupuesto del Ayuntamiento. "La llegada de los molinos ha sido como si nos tocase la lotería. Esas obras eran utópicas con el presupuesto anterior, pero ahora podemos decir que estamos muy bien económicamente. A ver si ese es un motivo válido para que se acuerden de nosotros", finaliza Pilar Molina.
Ese es un ejemplo de la importancia que el medio rural tendrá en el reto de transición ecológica que las ciudades están provocando con su imparable expansión. En ese sentido, Mercedes Molina apuesta por un "impulso al desarrollo rural capaz de crear territorios competitivos destinados a corregir el estrangulamiento de las grandes urbes a las infraestructuras sociales y económicas". Sin embargo, pese a que se muestra feliz "porque el problema de la despoblación ha entrado en la agenda política", considera que los resultados de eso "están siendo parciales, pero no suficientes".