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«Es injusto que a los que tenemos que emanciparnos forzosamente porque donde vivimos no hay oportunidades laborales para nosotros, el Gobierno no nos dé ayudas o algún tipo de incentivo para poder afrontar todos los gastos, que son muchos». Es la queja de Denise, que nada más cumplir los 18 emigró de su ciudad natal, Tarragona, para poder estudiar lo que siempre le había llamado la atención, Teatro musical. Una decisión que ha condicionado y limitado su vida. Primero, por la precariedad laboral, que se traduce en poco trabajo y mal pagado; y segundo y no menos importante, la odisea que supone encontrar un piso asequible y en el que no se vaya la mitad del sueldo. «Me encanta mi trabajo, soy profesora de baile, además de bailarina, pero he llegado a un punto en el que sólo trabajo para sobrevivir».
Denise se fue porque esta titulación sólo se imparte en unos pocos centros de España, por lo que se desplazó hasta Barcelona donde estrenó su esperada independencia. El primer año, lo hizo en una residencia de estudiantes: «Los padres prefieren gastarse un pastizal para que los hijos estén más atendidos, antes de soltarles solos a la vida». Después empezó la guerra del alquiler, los compañeros de piso, habitaciones sin ventanas y un largo sinfín que describe un poco el drama que existe en nuestro país con la vivienda y que afecta en gran medida a los jóvenes.
PEDRO SÁNCHEZ: «Nuestra tercera prioridad será mejorar el acceso a la vivienda (...). Vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y pueden y deben independizarse a edades más tempranas. Aumentaremos el bono para el alquiler y vamos a habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible»
El Banco de España lleva años alertando de esta situación de vulnerabilidad entre este colectivo, que sufren el precio desorbitado de la vivienda mientras que su poder adquisitivo se ha visto mermado. Según el último informe, el salario bruto de los trabajadores menores de 35 años ha crecido un 25% entre 2015 y 2022, mientras que los precios medios de la vivienda han aumentado un 42% y el coste medio del alquiler, un 28,5%.
«Mi sueldo depende de las clases que dé al mes y de los bolos de danza que me salgan, pero mi nómina nunca supera los 800 euros», señala Denise, que después de cinco años viviendo en la Ciudad Condal se trasladó a Madrid. «De lo mío hay más trabajo, sobre todo después del Covid, que muchas producciones se fueron de Cataluña», relata.
Sin embargo, la joven, que acaba de cumplir 24 años, vive igual de ahogada en la capital. Comparte piso con tres personas y paga por una habitación 340 euros, es decir, destina casi la mitad de lo que ingresa en el alquiler. «¡Y sin contar los gastos! En el último año nos han subido tanto el alquiler que no ponemos la calefacción en invierno porque es carísima y aun así tenemos que pagar la cuota de mantenimiento de la caldera, que hasta este año lo pagaba la comunidad». Ha pedido las ayudas al alquiler, sin éxito. «Sólo he conseguido la ayuda del verano joven. Es injusto que el Gobierno no nos ayude y que tengamos que pedirle dinero a nuestros padres para poder vivir, aun teniendo un trabajo».
Ahí choca con la promesa que lanzó Pedro Sánchez durante su investidura hace un año. Señaló el presidente: «Una vida depende, ante todo, de un techo que la cobije dignamente. Y, por eso, nuestra tercera prioridad va a ser mejorar el acceso a la vivienda, porque este es, a día de hoy, si no el mayor problema al que se enfrentan muchos ciudadanos en nuestro país y, particularmente, los jóvenes (...). En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto, pero sabemos que tenemos muchísimo que hacer aún, siguiendo una premisa muy sencilla, que es ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios».
Bono de alquiler joven
Una de las medidas era el bono de alquiler joven, que se había impulsado con el fin de fomentar la emancipación de los españoles menores de 35 años mediante una ayuda mensual de 250 euros para afrontar el arrendamiento. Pero es necesario cumplir con una serie de requisitos como que la vivienda a alquilar no supere los 600 euros al mes, 300 si se trata de una habitación, o que los ingresos anuales del solicitante sean, con carácter general, inferiores a 3 veces el IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos-. Lo que ha ocurrido es que estos requisitos han dejado fuera a muchos, como le ocurrió a Denise.
Y también a Araceli. «Las ayudas de alquiler se acabaron en menos de un día en mi región. No pude echarla, tampoco porque mi sueldo supera ligeramente el tope establecido». Araceli es de Lucena (Córdoba), pero vive en Málaga, donde trabaja como tester de videojuegos. «He intentado irme a vivir sola y un estudio cuesta 800 euros. No quiero pagar la mitad de mi sueldo solo en alquiler, sin gastos. Quiero ahorrar para una casa», asegura la joven, que tiene que repartir los gastos de la casa en la que vive con dos personas más. «Pago mucho dinero y encima no tengo contrato, me parece indignante pagar lo que pago en negro», añade.
Hay quien sí se ha beneficiado de esta ayuda aliviando un poco el sobreesfuerzo que supone el pago de la vivienda. Sin embargo, en algunos casos, la despreocupación que supuso la entrada de 250 euros al mes trajo después la angustia al ver alterado el borrador de la declaración de la renta. «Me quedé sin aire», resumen Jose, «con lo que tengo que pagar ahora, hubiera preferido no recibir la ayuda».
Tras su investidura, Sánchez y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaron una partida de 200 millones en los Presupuestos Generales del Estado para incrementar dicha ayuda y que fue suspendida en marzo, a la espera de que se puedan aprobar presupuestos este año.
En España sólo el 16,3% de los jóvenes menores de 30 años, aproximadamente siete millones, puede vivir de manera independiente fuera del hogar familiar. Un porcentaje que se sitúa muy lejos del 31,9% que registra de media la Unión Europea, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.
El documento señala la subida de los alquileres como una de las razones por la que los jóvenes no se pueden independizar. «Cada vez es más difícil poder acceder a un alquiler que suponga, como mucho, el 30% del salario mediano de una persona joven». El precio mediano del arrendamiento fue de 944 euros al mes en el primer semestre de 2023, el más alto desde que hay registros. Mientras tanto, el salario mediano neto de una persona joven subió en 2023 un 5% hasta alcanzar los 12.062,59 euros netos al año, lo que significa que los inquilinos menores de 30 tienen que destinar el 93,9% de su salario al pago de la vivienda.
El precio se encareció un 9,3% con respecto a un año antes y un 63,9% si se compara con lo que costaba el alquiler de una vivienda hace diez años, tal como indica el estudio. «La juventud es, en España, el segundo colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, tan solo superada por la infancia». Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud señala: «Siguen viendo cómo año tras año disminuye el porcentaje de emancipación por una pérdida de poder adquisitivo, situación que se solapa con la subida ininterrumpida de los precios de alquiler y compra de vivienda».
Es lo que le ha ocurrido a Laura, que con 31 años sigue viviendo en la casa de sus padres. «Es una situación que a mi me causa mucho malestar emocional. El sistema en el que vivimos nos ha enseñado que con mi edad debería tener una casa, un trabajo y un hijo. Y lo único que tengo a mi nombre es un coche; me da vergüenza decirlo. Siento que voy tarde a todo». Laura estudió y trabajó durante muchos años como esteticista, pero no le gustaba, cree que por falta de vocación y decidió seguir un poco en esa línea y estudió tanatoestética, «aunque tampoco tenía muchas salidas laborales».
Durante cinco años estuvo intentando irse a vivir con su pareja de entonces a un piso de alquiler, pero finalmente fue imposible. «Entre la situación de mi novio, que tenía contratos semanales, y mi salario, que era irrisorio, nadie nos alquilaba nada». Y después de cinco años mirando y encadenando rechazos de agencias inmobiliarias y propietarios, se resignó. «Es muchísima presión y cada vez está peor. En las redes sociales ves todos los días a jóvenes buscando algo para poder irse de casa y te deprime ver un miserable piso por mínimo 800 euros».
De España siempre se ha dicho que es un país de propietarios, pero comprar ya no es una opción, ni siquiera una idea para muchos. El precio de la vivienda aumenta a un ritmo vertiginoso en la última década. De media, adquirir una casa en propiedad cuesta 40.000 euros más que en 2014, aunque en algunas comunidades, como Baleares, el incremento se dispara hasta 160.000 euros con respecto a hace 10 años. Así lo confirma el informe Variación acumulativa de la vivienda en España en 2024, realizado por Fotocasa. Las sucesivas subidas de los tipos de interés para contener la inflación desmedida que se dio, sobre todo, después del Covid están detrás de este incremento de los precios que han provocado una contracción en la firma de hipotecas.
«Mi idea desde siempre es comprarme mi propia casa, pero es muy difícil. Después de tres años trabajando he ahorrado 30.000, pero es casi imposible. Los pisos viejos de dos habitaciones están por 150.000, estoy muy lejos de poder pagar la entrada», lamenta Araceli. Se queja de que «hay muchos pisos cerrados sin uso; debería hacerse algo con eso». La última Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España señala que el porcentaje de hogares con propietarios jóvenes ha caído 37 puntos desde 2011, pasando del 69,3% al 31,8%.
Lucas es el contrapunto. Tiene una casa en propiedad, con 28 años. «He podido gracias a que tengo una pareja con una buena situación económica como la mía y a la ayuda de mis padres. Yo sólo no hubiera podido». Se reconoce como un afortunado, esa excepción generacional.
Promesas a medio gas y un gran problema sin resolver
La vivienda ha sido uno de los ejes centrales de la política desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En seis años se han vendido como avances la primera Ley de Vivienda estatal o el bono del alquiler joven. Sin embargo, la subida de tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y la inflación impiden no ya elegir cómo y dónde quieren vivir, sino independizarse.
Bono joven. Nació con un presupuesto de 200 millones de euros y la intención de llegar a más de 70.000 menores de 35 años. Su aplicación ha sido muy dispar según la comunidad autónoma que la gestionara, con retrasos y denuncias de inquilinos. A pesar de no incrementar la dotación de 250 euros al mes, la ayuda se ha prorrogado en los siguientes años, aunque se desconocen los plazos para solicitarlo.
Avales ICO. Sánchez aprobó sacar adelante una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotados con 2.500 millones de euros para cubrir el 20% de la entrada para la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años o familias con menores a cargo, a la que ya se han adherido varias entidades financieras.
184.000 viviendas. Otra de las grandes promesas era ampliar el parque público de viviendas con la incorporación de 184.000 más. De todas ellas, 43.000 son una realidad, contando con las 11.000 destinadas al Fondo Social de Vivienda; las 14.000 de la Sareb integradas en el mandato social y las otras 18.000 que el banco malo tiene en venta. Otras 30.730 viviendas están en fase de firma y/o desarrollo y el resto, 105.930, se han quedado, por ahora, en una promesa electoral. En este sentido, otra reforma que ha quedado pendiente es la de la Ley de Suelo, que regula aspectos como la clasificación, la planificación urbanística o las valoraciones del suelo.

