- Parlament Cataluña regula el alquiler de temporada y de habitaciones para aplicar la limitación de precios en zonas tensionadas y evitar "la fuga fraudulenta" de contratos
- Vivienda El Govern del PSC ensaya un frente amplio de izquierdas con ERC, Comuns y la CUP para regular los alquileres de temporada
Cataluña fue la comunidad autónoma pionera en aplicar la limitación del precio del alquiler en 2023, en base a la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Y, desde ayer, lo es también en aprobar una norma legal que amplía la contención de las rentas a las modalidades de arrendamiento temporal y de habitaciones.
Con el apoyo de PSC, Esquerra Republicana, Comuns y la CUP, el Parlament dio luz verde al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo en una votación que dejó un hemiciclo dividido en dos. Pese a que Junts per Catalunya dio el sí a algunos de los artículos más colaterales, el bloque de derechas (JxCat, PP, Vox y Aliança Catalana) se opuso al completo a la implantación del tope del precio pactada por los grupos de izquierdas. Los populares anunciaron que recurrirán la ley autonómica al Tribunal Constitucional.
El Govern socialista, sus socios de investidura y el partido anticapitalista se felicitaron por haber consensuado una herramienta legal que ponga freno a «la fuga fraudulenta» de contratos residenciales para esquivar la contención de las rentas. El aumento de los arrendamientos temporales ha sido sustancioso desde que entró en vigor, hace un año y medio, la Ley de vivienda nacional. Según datos del Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), la empresa dependiente de la Generalitat encargada de la gestión de las fianzas de los alquileres y la promoción de vivienda pública, el número de este tipo de contratos prácticamente se ha triplicado si se comparan los datos del primer trimestre de 2023 [el último antes de la ley] con los del mismo periodo de este año. En Barcelona, por ejemplo, se ha pasado de 833 firmas a 2.347, un ascenso que se ha replicado en otros municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
En septiembre de 2024, el Ejecutivo presidido por Salvador Illa sacó pecho tras la publicación de los primeros datos trimestrales con el tope del alquiler vigente. «Ya tiene un impacto», presumió entonces la portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. Según las fianzas depositadas en el Incasòl por contratos de más de un año, en los municipios tensionados los precios aumentaron un 0,1% en datos interanuales, pero bajaron un 5% respecto al trimestre anterior. En el resto de Cataluña, subieron un 5% interanual y bajaron un 0,6% en comparación al primer trimestre.
Descenso en los contratos
No obstante, esos resultados tenían un reverso, ya que el número de contratos había bajado a cifras de 2010 (con la excepción del segundo trimestre del año 2020, condicionado por la pandemia del covid). Los arrendamientos entre enero y junio bajaron un 10,7%, con una reducción del 17,2% en el segundo trimestre en las áreas tensionadas. Por contra, en el resto de Cataluña, el descenso trimestral fue del 1,6%.
La Generalitat diagnosticó que esa divergencia en el comportamiento territorial se debía al «trasvase de alquileres ordinarios a fórmulas como la temporal o la habitacional». El Govern se puso manos a la obra para regular este tipo de contratos, un camino que ayer llegó a su meta.
Según los datos del Ejecutivo del PSC, la reducción del precio desde que la Ley de vivienda fue publicada en el BOE es de un 1,9% en el conjunto de los municipios declarados tensionados. Sin embargo, en las localidades donde no hay intervención del mercado, las rentas han aumentado un 6,6%.
En los últimos datos publicados hace un mes, las rentas ascendieron un 3,2% en el periodo de abril a junio respecto al primer trimestre de este año, con una media de 854,70 euros mensuales. El crecimiento fue más pronunciado en las zonas no tensionadas (4,4%) que en las que sí están reguladas (3%), es decir, las poblaciones donde habitan más del 90% de los ciudadanos de Cataluña. Asimismo, los recientes datos del Incasòl también revelan un descenso en la actividad contractual, con un 4,8% menos de fianzas registradas en el segundo trimestre en comparación a los tres primeros meses de 2025.