El futuro de la central nuclear de Almaraz podría despejarse este mismo verano. Así lo ha indicado este martes Juan Carlos Lentijo, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo en cuyas manos está el informe clave sobre la instalación cacereña. Desde noviembre, está evaluando si es posible alargar la vida de la central hasta 2030 en condiciones seguras.
Las eléctricas propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy- tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información extra que les ha exigido el órgano. El presidente del CSN ha condicionado su calendario a que toda la documentación esté en orden y a que las compañías hayan realizado todos los análisis necesarios para su dictamen. En tal caso, el informe del Consejo se hará público "en el entorno del verano".
El trámite será, previsiblemente, más ágil de lo que permite la ley. Según la normativa, el CSN tiene de plazo hasta dos meses antes del cese programado de los reactores para emitir su dictamen. En el caso de Almaraz, esto supondría extender la incógnita hasta septiembre de 2027. Pero esta central ya pasó en su momento la inspección técnica que certificó que estaba en condiciones para mantener su actividad en condiciones de seguridad hasta 2030.
Esta suerte de ITV no asegura el voto favorable del CSN a la miniprórroga que han solicitado las eléctricas, pero sí facilita el papeleo y el trámite ahora en curso.
El informe del CSN, en cualquier caso, solo es vinculante si es negativo. Es decir, si el órgano concluye que extender Almaraz otros cuatro años no es seguro; la central deberá cerrar. Pero si, por el contrario, determina que se cumplen las condiciones de seguridad para esa extensión, la pelota volverá al tejado del Gobierno, que tendrá la última palabra.
En concreto, le tocará el turno al Ministerio de Transición Ecológica que, si lo considera oportuno, podría oponerse a la prórroga. Su decisión podría retrasarse otros seis meses más. De agotar el plazo disponible, el Gobierno complicaría la situación de la central cacereña. El ciclo de aprovisionamiento de combustible nuclear requiere unos 18 meses de antelación para encargar, recibir y autorizar el uranio. Además, los ciclos de formación de la plantilla también rondan el año.
En cualquier caso, son las eléctricas las que más han estirado el plazo disponible para solicitar la prórroga. Tras meses de batalla política con el Gobierno, cursaron la solicitud formal el 1 de noviembre, justo dos años antes del cierre programado del primer reactor de Almaraz. El CSN, habitualmente, tarda dos años en emitir su informe.