Empieza a correr el reloj para Almaraz. Y esta vez de verdad. Las eléctricas activaron ayer el trámite legal para extender la vida de sus dos reactores hasta junio de 2030. El Ministerio de Transición Ecológica acusó recibo pocas horas después. Cuando examine toda la documentación, se la trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que juega un papel clave, pues debe emitir un informe en el que valide que la prórroga es acorde a las exigencias de seguridad. Su dictamen podría dilatarse hasta septiembre de 2027, solo dos meses antes del cese de actividad de la central. Aunque el CSN diese su visto bueno, Moncloa tiene la última palabra y, con la ley en la mano, puede tardar otros seis meses en decidir.
Los tiempos son clave y están muy ajustados. Las eléctricas han esperado hasta el último día para pedir la prórroga, y eso ha tensado el calendario hasta el punto de que la decisión de Moncloa podría llegar pasado el punto de no retorno de Almaraz. No en vano, en la documentación que Iberdrola, Endesa y Naturgy han enviado al Ministerio, el sector ha pedido, según ha podido saber EL MUNDO, que el trámite culmine «con la antelación suficiente», teniendo en cuenta que la autorización de explotación de Almaraz caduca el 1 de noviembre de 2027.
El sector sitúa ahora el punto de no retorno de Almaraz en marzo de 2026. A partir de esa fecha, aunque la central siga operativa, todo se complica. Principalmente, por el ciclo de aprovisionamiento de combustible nuclear, que requiere unos 18 meses de antelación para encargar, recibir y autorizar el uranio. Además, los ciclos de formación de la plantilla también rondan el año. Todo apunta a que el trámite de prórroga no se resolverá antes de esa fecha. Fuentes técnicas admiten que los tiempos son importantes, pero insisten en que el proceso es «garantista» y asumen que las eléctricas tendrán que encontrar soluciones a estos inconvenientes, dado que han agotado los plazos antes de pedir la extensión.
En el caso de la central nuclear de Trillo, el dictamen del CSN se demoró más de un año. Previsiblemente, el de Almaraz será más corto, pues la central pasó con éxito la última revisión periódica de seguridad (RPS), cuya validez alcanza a junio de 2030, la fecha para la que las tres propietarias han pedido la extensión. «Eso facilita, pero no asegura». Y es que el CSN podría exigir por el camino modificaciones o actuaciones de calibre, desde obras hasta refuerzos de plantilla. Todo eso lleva su tiempo y exigirá inversiones que tendrán que aprobar las tres socias.
El dictamen del CSN solo es vinculante si es negativo. Es decir, si el Consejo rechaza la prórroga por razones de seguridad, ni las eléctricas ni el Gobierno podrían extender Almaraz. Pero si su informe es favorable, el Gobierno puede avalar la prórroga o, por el contrario, rechazarla. «Al final todo pivota en el Ministerio y la decisión final es política, no técnica», afirman fuentes del sector.
Al abrir oficialmente el trámite de extensión, las eléctricas han activado la maquinaria administrativa. Pero el futuro de Almaraz sigue siendo incierto. Es por ello que el CSN va a tramitar, en paralelo, el expediente de cese de explotación, un trámite que no es irreversible, pero que es la antesala del proceso de cierre.
Precisamente, las eléctricas han reclamado al ministerio que pilota Sara Aagesen en su reciente solicitud, que haga decaer de algún modo el proceso de cese. El movimiento del sector busca aportar claridad, «dejar claro hacia donde nos dirigimos, que todos caminamos hacia la prórroga». Pero es casi imposible que el Consejo de Seguridad Nuclear acceda. Si solo se tramita la prórroga y, al final, no sale adelante, por razones técnicas o políticas, la central cacereña quedaría en una laguna administrativa, algo que el CSN no concibe.
En el órgano consultivo saben que a partir de ahora acapararán todas las miradas (y todas las presiones). Están a punto de irrumpir en un pulso decisivo para el futuro de la política energética del Gobierno, para la economía de Extremadura y para los planes del lobby eléctrico. Pero también tienen claro que su papel es puramente técnico y que debe limitarse a garantizar la seguridad nuclear. Valorar el impacto de Almaraz en la seguridad de suministro, por ejemplo, le corresponde al Gobierno.