En el Valle de Tobalina (Burgos) no hay un vecino que recuerde el momento exacto en que comenzó el principio del fin de la central nuclear de Santa María de Garoña. Sorprende porque durante décadas fue el corazón económico de más de una treintena de pueblos y pedanías de la zona. Una década después del cierre, los vecinos de Garoña ya no salen en los medios. Ahora es el futuro de Almaraz el que copa titulares. Mientras el trámite para prorrogar la vida de la nuclear extremeña sigue su curso, las localidades de los alrededores de Garoña sangran todavía por esa misma herida y libran una batalla contra el olvido, fuera de los focos.
«Garoña fue una moneda de cambio para muchos, partidos políticos y también para las empresas. Para mí ha sido mi vida». Elías Fernández sigue viviendo en Miranda de Ebro a sus 76 años. Llegó desde Santander como un ingeniero recién graduado para trabajar en Nuclenor, la sociedad conjunta con la que Iberdrola y Endesa controlaban Garoña al 50%. Llegó a dirigir el área de Relaciones Exteriores. «Hablaba con políticos y periodistas, para eso hacía falta conocer bien la central y yo sabía dónde estaba cada enchufe». Se jubiló en el 2015, en pleno cierre.
Una década después reconoce que es extraño que, tras toda una vida, ahora ni siquiera pueda pisar la planta. Frente a la puerta, dos porterías oxidadas sobreviven a las malas hierbas que cubren lo que alguna vez fue un campo de fútbol. «Los jóvenes del pueblo venían aquí a jugar. Todos los días entraban y salían entre seis y ocho autobuses llenos de trabajadores». El cerrojazo no solo impactó en Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, también golpeó a los grandes municipios de alrededor, donde vivían muchos empleados de la central. «Teníamos nuestras propias barriadas porque era la forma de captar personal. Cuando cerró, muchos volvieron a sus lugares de origen y eso provocó un descenso de buenos sueldos y de niños en los colegios. Cuando un trabajador se marcha, se va también una familia». Según el INE, entre 2011 y 2024 la población de Miranda de Ebrocayó en 2.000 personas.
Define la central nuclear como «unalocomotora económica». Solo en Miranda, afirma, había unas cuarenta empresas vinculadas a la central. Cada tres años, cuando Garoña paraba varias semanas para la recarga de combustible, se llegaban a movilizar 1.500 personas. «Se llenaban todos los hoteles, algunos incluso tenían que irse a dormir a Vitoria. La influencia era brutal». Los empresarios llegaron a apodar el municipio como una milla de oro debido a los altos sueldos de los trabajadores de la central.
Hasta Medina de Pomar, otro de los municipios de mayor envergadura en la zona de influencia del reactor, llegó también el impacto. Allí, en el monasterio de Santa Clara, Nuclenor ayudó a instalar una lavandería industrial para dar servicio a la central. Cuando estaba operativa, una procesión de cinco furgonetas a rebosar iban y volvían todos los días al monasterio. Hasta este verano, aunque a mucho menor ritmo, las religiosas siguieron lavando los paños de Garoña. «Era el principal trabajo, sobre todo durante las recargas cuando llegábamos a lavar 1.000 toallas al día», recuerda una de las hermanas.
Con el desmantelamiento, incluso las religiosas han tenido que buscar otro sustento. «Las jóvenes llevaban la mayor carga de la lavandería, pero las mayores también ayudaban. Era bonito. Estamos muy agradecidas a la central. Como se suele decir, con la nuclear nos vino Dios a ver, porque solo en mantenimiento un monasterio genera muchos gastos», asegura la abadesa. Las religiosas han logrado reinventarse. El horno y una hospedería son ahora su principal fuente de ingresos: «Hay que sobrevivir. Somos 28 hermanas y hay que cubrir la manutención y seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad Social».
El Ayuntamiento de Valle de Tobalina no ha logrado frenar la sangría de ingresos. De este consistorio dependen unos 850 vecinos que viven dispersos en más de 30 pedanías. En las más pequeñas apenas viven una o dos personas. «Es una catástrofe, el Ayuntamiento está en la ruina», denuncia Jesús Ángel López, su actual alcalde. Achaca la quiebra técnica del consistorio a un cambio regulatorio. El Gobierno sacó una orden ministerial en 2023 que calificó las labores de desmantelamiento como obras de interés general, exentas del pago del ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra. «Estamos recibiendo un trato desigual que los municipios afectados por el cierre de Zorita, por ejemplo», denuncia el regidor, que cifra en unos 15 millones el impacto total de dicho tributo.
Lo cierto es que AMAC, la asociación que agrupa a 60 municipios afectados por las centrales nucleares, logró incorporar una enmienda a dicha orden ministerial. En la práctica, ahora esos fondos seguirán regando a los núcleos, pero deberán tener un carácter finalista. Es decir, sus ayuntamientos tienen que destinarlos a proyectos que generen impacto en el territorio y sean sostenibles económicamente hablando. Según López, eso no resuelve los apuros económicos a corto plazo. Su prioridad es poder destinar el dinero a los servicios que demandan los vecinos. «Alumbrado, mejorar las calles, subvencionar la luz... hay servicios que siempre hemos financiado y que ahora no podemos permitirnos».
El Valle no termina de encajar su nueva realidad. Las vacas flacas hacen inasumible mantener un volumen de servicios acorde a sus años prósperos, cuando los ingresos nucleares elevaron sus recursos económicos por encima de la realidad demográfica. A nivel político, explicar esto a los vecinos tiene un coste. Pero también aboca a estas pequeñas pedanías a una espiral complicada. Con menos servicios, la región tendrá menos posibilidades de atraer nueva población. Pero sin proyectos que generen empleo, como los que la regulación exige ahora al consistorio, no habrá servicio subvencionado que pueda impedir que los jóvenes se marchen.
El fantasma de los años dorados habita en muchos rincones de Quintana Martín Galíndez, uno de los pueblos del valle. «Esto cada día va a menos», se escucha en el centro médico. En la farmacia, Estrella recuerda cuando surtían enormes pedidos para abastecer los servicios médicos de la central. «Ahora pueden pasar horas sin que entre nadie».
Pilar regenta el Casino, un histórico bar y asociación al que están apuntados 300 vecinos. Tendría que haberse jubilado ya, pero los parroquianos la reclaman. Durante meses ha sido el único bar abierto en el pueblo y ya se sabe que un municipio sin bar... «La vaca se ha secado. Llevo aquí 23 años, cuando empecé se llenaban todas las mesas de partidas de mus y tute, ahora apenas hay dos o tres», confiesa.
El presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez, sostiene que los municipios donde se cierra una nuclear deben asumir que las cosas no vuelven nunca al mismo cauce. «El empleo y el desarrollo que genera una central no es reemplazable. De Almaraz, por ejemplo, dependen miles de puestos... Los municipios tenemos que buscar alternativas, como los recursos naturales, pero también reivindicamos, y creo que con justicia, más ayuda para encarar la reconversión», insiste.
Para Sánchez, esa sería «la justa compensación» por la aportación que estos pueblos han hecho al país. Para eso, enfatiza, hace falta el compromiso conjunto de todos los niveles de la Administración, «eso es lo más complicado». «Los planes de transición justa hacen cosas, pero son insuficientes, sobre todo en aquellas zonas donde todos viven de una central. No se puede esperar al cierre para empezar a proteger los territorios».
El caso de Garoña fue largo y problemático, tanto que hay más de una fecha marcada en rojo en su calendario. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó en 2009 el cierre en diferido de Garoña para 2013, fecha en la que más tarde gobernaría el PP de Mariano Rajoy. La central paró antes, en 2012, por decisión unilateral de Iberdrola y Endesa, que consideraron que las nuevas tasas a la nuclear la convertían en un activo económicamente inviable. La sentencia definitiva llegó de la mano del entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, en 2017, pero pasaron otros seis años hasta que, en 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez asumió su titularidad y arrancó su desmantelamiento.
Aunque el futuro de la central estuvo en vilo durante años, el cierre sorprendió hasta a quienes lo vivieron en primera línea. «La sensación era de que algo tan grande no podía caer». Garoña fue la primera instalación nuclear en apagarse con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para continuar hasta 2031. Pero ese aval estaba condicionado a que Nuclenor invirtiera unos 200 millones de euros para poner a punto una planta de 1970. No hubo tal intención.
«El Valle ha vivido tiempos mejores, pero no hay que ser derrotistas. Tenemos el Ebro, un territorio precioso, tierra fértil... Tiene mucho futuro, pero necesita ayuda. Por eso me duele mi valle. Nos tienen totalmente abandonados y marginados. Aquí no aparece nadie», reivindica Rafael González, antiguo trabajador de la central y alcalde hasta 2015 de Valle de Tobalina durante tres legislaturas.
«Cuando se plantea una nuclear en un territorio hay siempre oposición, pero también hay muchas promesas que no se cumplen», recuerda el exalcalde. Junto al anuncio de cierre, el Gobierno de Zapatero prometió un plan industrial local «laboralmente responsable». La idea era atraer nuevas empresas a la zona a base de subvenciones.
«Llegamos a desarrollar un pequeño polígono y hubo interés de pequeñas empresas. No esperábamos a la General Motors, pero sí pequeñas fábricas de alimentación». Con el relevo en el Gobierno murió el plan de ayudas. «Aquello quedó como quedó. No hubo previsión. Las zonas rurales ponemos el territorio y cuando la central cierra de nosotros no se acuerda nadie», denuncia.
González defiende que el mundo rural también debe moverse. «Tenemos la cebada, pero la cerveza se hace en Madrid. Mientras no transformemos las materias primas en las zonas rurales, seguiremos siendo el Tercer Mundo». Aunque él mismo impulsó una alternativa turística aprovechando las hoces del Ebro, no se engaña. «El turismo es una patita más, pero con eso no se llena el territorio. La ordenación en este país es nefasta. Los jóvenes de este pueblo están en Madrid. Si no tenemos trabajo, ¿cómo se van a quedar?».