La agonía de las microempresas se agrava tras cinco años de crisis encadenadas. Primero fue la pandemia y después la escalada de la inflación. Y entre tanto, los consecutivos incrementos de los costes laborales que ha venido impulsando el Gobierno y el encarecimiento del crédito. Una sucesión de complejas circunstancias que se ha llevado por delante a nada menos que 11.300 pequeños negocios en el último lustro.
Así se desprende de la actualización trimestral del indicador que elabora la patronal de las pymes (Cepyme) y que arroja realidades muy distintas por segmentos de tamaño empresarial, demostrando que la capacidad de resiliencia del tejido productivo patrio ha sido, con diferencia, muy superior en las grandes compañías, mientras las más pequeñas han sufrido las peores consecuencias en el periodo que comprende desde finales de 2019 hasta el cierre del año pasado.
En concreto, la cantidad total de microempresas (menos de 10 trabajadores) cayó un 1%, mientras el número de empresas pequeñas (de 10 a 49 empleados) subió un 9,8%; el de medianas (de 50 a 249), un 8,7%; y el de las grandes (más de 250 trabajadores), un 19,5%. En cantidades absolutas, estas variaciones se traducen en una desaparición de 11.300 microempresas desde 2019, frente al crecimiento de 15.300 firmas pequeñas, de 2.200 compañías medianas y de 954 grandes.
Durante la presentación del informe, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, acusó al Gobierno de "asfixiar" a las pymes con una escalada de los costes laborales inasumible, especialmente, para los negocios de menor tamaño, triplemente golpeados por las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las cotizaciones sociales, por el incremento de los precios energéticos y de los insumos y el encarecimiento de la financiación. Y advirtió de que se está generando una "espiral muy peligrosa" porque se está produciendo un "estrangulamiento de los márgenes" que merma la rentabilidad y resta capacidad de inversión a las compañías.
Cuerva, que aspira a la reelección como presidente de Cepyme y ya ha entrado de lleno en campaña, endureció notablemente el tono contra la política económica del Gobierno y el asalto a la negociación colectiva que, a su juicio, está llevando a cabo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la reciente gala de los Premios Cepyme trasladó su rechazo directamente a Pedro Sánchez. Y la semana pasada, en la presentación de este informe, volvió a expresarse en esos mismos términos ante los medios de comunicación.
"No hay más margen para exprimir a las pymes", insistió, para destacar después algunos de los datos más preocupantes del informe. Por ejemplo, que los costes laborales de las empresas más pequeñas y microempresas acumulan un alza del 25,1% desde 2021 (del 19% en el caso de las medianas). O que, pese al aumento de las ventas, la rentabilidad sigue siendo menor que la registrada en 2019 (un 15,4% inferior en las pequeñas y un 10,4% en las de tamaño mediano). "Hemos cerrado 2024 con este informe y nos asomamos a 2025 y el panorama es desolador", advirtió Cuerva.
Reducción de la jornada laboral
Una de las grandes preocupaciones para los pequeños empresarios en estos momentos es la reducción de la jornada laboral que tramitará el Congreso de los Diputados en los próximos meses, después de que el Consejo de Ministros apruebe el texto definitivo en segunda vuelta. "Es una medida particularmente lesiva para la pyme, ya que la gran compañía absorbe mejor los impactos que las pequeñas", afirmó el presidente de Cepyme.
En su informe, la patronal reclama que "se suavicen las medidas que se traducen en alzas de costes laborales y cotizaciones o, en su caso, se modulen para las empresas más vulnerables". Y advierte de que "medidas tales como las subidas acumulativas del salario mínimo interprofesional o una futura reducción de jornada sin variación salarial elevarían el peso de los costes laborales en las empresas españolas en general y en las pymes en particular".
Pese a la división interna que se ha generado en la patronal, Cuerva aseguró que en este tema "la unidad de acción empresarial no está en juego" y que intentarán convencer a los grupos parlamentarios para tumbar una reforma que el Gobierno ha llevado a cabo "de manera unilateral, orillando el diálogo social e ignorando a las mesas de negociación colectiva que conocen las situaciones de los sectores y los territorios". "Este país no merece un intervencionismo de tal calado", sentenció.