El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para cerrar definitivamente cualquier resquicio legal que permita la celebración de espectáculos cómicotaurinos que denigren a personas con discapacidad, en especial a personas con enanismo.
La reforma añade un nuevo apartado 4 al artículo 90 del Reglamento, que obliga a garantizar la dignidad humana en este tipo de eventos y prohíbe autorizar cualquier espectáculo que suponga mofa, burla o denigración pública. Con esta medida, el Gobierno refuerza unas restricciones ya presentes en la Ley General de la Discapacidad, cuya reforma en tramitación tipificará estas prácticas como infracciones muy graves, sancionadas con multas de entre 600.000 euros y 1 millón de euros.
Los enanos toreros volverán a rebelarse por una política que les coarta su modo de vida: "Nos niegan la libertad de decidir", decían en su defensa hace tres años en este mismo periódico.
Además de cerrar el paso a estos espectáculos, el Ejecutivo recuerda que mantiene en marcha el programa "Pisadas con dignidad", creado en 2022 junto a la Fundación ONCE, para ofrecer apoyo social y formación laboral a personas con discapacidad que habían sido empleadas en espectáculos degradantes. El objetivo es facilitar su transición hacia empleos dignos y no precarios.
El real decreto aprobado este martes incorpora otra novedad relevante: la creación de la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), un órgano especializado destinado a supervisar y garantizar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad (UE 2019/882), cuya transposición España culmina al máximo nivel normativo.
La UTAC actuará como punto de referencia técnico para comunidades autónomas, operadores económicos y ciudadanía, coordinando comunicaciones con instituciones europeas y ofreciendo apoyo para la correcta implementación de los requisitos de accesibilidad en productos y servicios. Con ello, España se sitúa entre los países que han adoptado la directiva con mayor rango y alcance regulatorio.
En la misma reunión, el Consejo de Ministros presentó un informe de evaluación sobre los dos años de vigencia del nuevo artículo 49 de la Constitución, la primera reforma constitucional de carácter social aprobada en España.