La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha tomado la decisión de solicitar al TSJ la imputación del ex presidente Carlos Mazón justo el mismo día en que tres familias con víctimas mortales han presentado ante la Sala Civil y Penal del TSJ una querella contra ella en la que piden la nulidad de la instrucción por la presunta intervención de su marido en las diligencias. Los acusan, a ambos, de los presuntos delitos de coacción, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, según consta en la querella a la que ha tenido acceso El Mundo.
Esta denuncia la ha anunciado en las Cortes Valencianas Rubén Gisbert, abogado personado en la causa en representación de ocho víctimas y también firmante, a título individual, de la querella."¿Cómo que en sala un juez es sustituido por su cónyuge? Si esto no es causa de nulidad, no sé lo que es", aseguró antes de volver a acusar a la magistrada de hacer una instrucción "sesgada y arbitraria" que no permite investigar la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la tragedia. Gisbert estaba compareciendo ante la comisión de investigación como presidente de una de las asociaciones de víctimas y ha puesto en cuestión toda la instrucción.
En la querella viene recogido que familiares de tres víctimas fueron interrogados por el marido de la jueza, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, el 24 de enero de 2025 y el 14 de febrero de 2025. "Durante esas actuaciones intervino directamente Jorge Martínez Ribera. Actos de los que hasta la fecha solo podían dar testimonio pero que hoy se conocen a la luz pública a raíz haberse publicado grabaciones de dichas diligencias que debieron ser tomadas durante la declaración y apreciarse claramente en ellas la participación de don Jorge en la actuación procesal, estando pendiente de la transcripción y realizando preguntas y dando indicaciones", recogen.
Esas grabaciones han sido hechas públicas por OkDiario, y en ellas se aprecia cómo el juez, titular de Instrucción 4 de Valencia, se interesaba por cuestiones como si recordaba la hora a la que habían avisado de que Paiporta se estaba inundando o si conservaba los mensajes recibidos, además de dar instrucciones a la secretaria judicial. Según Gisbert, no fue un único caso, sino que ha adjuntado a la querella mensajes de otras familias que también fueron interrogadas por el juez e incluso se aportaron fotos de su presencia en la sala.
Eso llevó a Ruiz Tobarra a abrir el pasado mes de septiembre una pieza separada contra el abogado del número dos de Emergencias imputado, Emilio Argüeso, porque solicitó abrir diligencias para investigar la participación de su marido en la instrucción y, como la defensa de Salomé Pradas, trasladó la denuncia al Consejo General del Poder Judicial.
La magistrada calificó estas peticiones de "campaña difamatoria" que destila "un machismo atroz". En octubre de 2025, el sindicato Manos Limpias presentó ante el TSJ los testimonios de las víctimas reconociendo la participación del marido de la jueza y solicitó también la nulidad de la instrucción.
Sin embargo, el abogado de los querellantes, "como titulado en interpretación de textos y habiendo sido perito judicial", asegura que ha detectado en los escritos firmados por Ruiz Tobarra "el uso de léxico, gramática, vocabulario y construcción sintáctica totalmente diferenciables que solamente se explican si en la redacción han participado de modo independiente varios sujetos".
También acusan a la jueza de ser "conocedora" y "cooperadora" de las filtraciones sobre los testimonios que se prestan en la sala, "una permanente y tendenciosa filtración con el fin de crear un juicio paralelo en la opinión pública con fines partidistas y políticos que desvíen la atención de los hechos puniblemente relevantes".
Aún van más allá los querellantes al cuestionar la negativa de la magistrada a investigar la actuación del Gobierno central en la gestión, lo que para ellos "esconde una dirección política o bien un estado mental de la magistrada incompatible con la práctica de la judicatura". De hecho, solicitan la nulidad de la instrucción, que la jueza sea apartada de la causa y, como su marido, suspendida de la carrera judicial, pero además sometida a una "evaluación psiquiátrica" para esclarecer si su actuación y comportamiento "ha sido fruto de dolo o de encontrarse mentalmente incapacitada".
Esta nueva querella llega en el momento en que la jueza eleva escrito razonado contra Mazón y la causa puede acabar en manos del TSJ al estar el ex presidente aforado por su condición de diputado autonómico, aunque los querellantes ya pedían la instrucción pase a la Audiencia Nacional por englobar a víctimas de tres autonomías.