El Ayuntamiento de Alicante sigue tratando de salir del lodazal en el que se ha metido a cuenta del escándalo con la adjdudicación de vivienda protegida a cargos y familiares vinculados al consistorio del PP. La polémica, que ya se ha saldado con tres dimisiones -la de la concejala de Urbanismo, una directora general y un asesor del Gobierno autonómico- amenaza con seguir creciendo.
La sospecha de más irregularidades se ha adueñado del consistorio que dirige el popularLuis Barcala. En un intento de cortar por lo sano el escándalo en torno al proceso de venta de las viviendas de protección pública en una urbanización de lujo en la Playa de San Juan, el Ayuntamiento ha anunciado este martes que prohibirá el acceso a estas promociones a concejales, asesores y cargos municipales.
Así lo ha anunciado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en un comunicado, en el que avanza que el equipo de gobierno "restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una vivienda de protección pública". La idea, además, es no limitarse a las promociones de vivienda, sino extender la medida "a otro tipo de ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía".
El anuncio llega dos semanas después de que saltase un escándalo que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana han dejado en manos de la Fiscalía. En todo este tiempo se ha confirmado que la ex concejala Rocío Gómez fue una de las beneficiarias de un piso en el residencial Les Naus, al igual que dos hijos y un sobrino de la jefa de Contratación del consistorio, María Pérez-Hickman.
En el punto de mira está también un arquitecto municipal y un funcionario de la Generalitat -ya expedientado- que dio por buena la solicitud de su mujer sin que constasen sus propios datos de renta. La última renuncia fue la del jefe de gabinete de la consejera de Industria y Turismo, Marian Cano, al saberse que la madre de sus hijas también fue beneficiaria.
La polémica, de hecho, ya ha salpicado al Gobierno autonómico. La responsable de Vivienda, Susana Camarero, ya ha confirmado que se han detectado nuevos expedientes en los que falta información sobre los cónyuges de los solicitantes que alegan estar en separación de bienes.
También el Ayuntamiento se ha dedicado estos días al cruce de datos de adjudicatarios de las viviendas con la plantilla de funcionarios. Y, de nuevo, se han detectado coincidencias que se han remitido a la Generalitat, responsable de los visados. En su denuncia a la Fiscalía, el Ayuntamiento apuntaba justamente al uso de "información privilegiada" de funcionarios y empleados públicos, una cuestión que se examinará en una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. La propuesta de Vox, que pide la dimisión del alcalde, ha sido incluso apoyada por el PP.