El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha revocado la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Alicante en el denominado 'caso Abde' y condena al presidente del Hércules, Carlos Parodi, y a dos dirigentes de su Fundación, Valentín Botella y José Francisco Javier León Barahona, a penas de prisión por un delito de alzamiento de bienes al haber ocultado el dinero que el Barça abonó por la cláusula de rescisión del internacional marroquí, hoy en el Betis.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha estimado los recursos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Asociación Herculanos, que se personó como acusación particular, contra la sentencia del pasado mes de marzo. Parodi ha sido condenado a seis meses de prisión y Botella y León Barahona, a un año y siete meses.
El tribunal considera probado que los dirigentes del Hércules diseñaron un plan para evitar el embargo de los dos millones de euros abonados por el Barcelona en verano de 2021 por la cláusula de rescisión del futbolista Abde. El club herculano mantenía una deuda de tres millones con Hacienda que hubiera hecho que esos ingresos fueran de manera directa a la Agencia Tributaria.
Para evitarlo, según la sentencia, el presidente del Hércules no ingresó el cheque en la cuenta oficial del club, embargada desde 2017, sino que lo hizo en la de la Fundación, que permanecía inactiva desde hacía años, desde donde el importe fue fraccionado y transferido a otra cuenta para afrontar gastos corrientes.
La Sala estima que esta operación tuvo como finalidad "frenar un posible embargo por las deudas contraídas". Además, condena al Hércules y a su Fundación, como personas jurídicas, a multas y a tres años de inhabilitación para recibir subvenciones, contratar con la administración o acceder a beneficios fiscales.
También se aprecia como "atenuante muy cualificada" la intención de reparación del daño, ya que el club abonó el 100% de su deuda con Hacienda en 2022, si bien precisa que este pago no elimina la responsabilidad penal del anterior acto cometido. Los servicios jurídicos del Hércules ya han anunciado que recurrirán en casación ante el Supremo.