El relato en frío es el siguiente: "Movido por la intención de acabar con la vida de M.M., cogió un cuchillo de cocina con una longitud de hoja de 15 centímetros y un martillo, y acto seguido, a fin de asegurar el éxito de sus letales acciones sin riesgo alguno para él, aprovechándose conscientemente de las ventajas y facilidades que le proporcionaba la ausencia de otras personas en la vivienda, se aproximó a M.M. atacándola con el cuchillo y martillo de modo súbito, sorpresivo e inesperado y sin que aquella tuviera tiempo de percatarse ni reaccionar".
Y concluye: "Dicho ataque, que fue perpetrado por el acusado en el pasillo de la vivienda, consistió en asestar a M.M. repetidas e intensas puñaladas tanto en el tórax como en la parte superior de la espalda y golpearla con el martillo". Es la descripción que se hace en el escrito de acusación de la Fiscalía de un brutal crimen ocurrido en Alicante. El asesinato, consumado en el interior de un piso de la capital alicantina el 29 de agosto de 2023, lo acabaría confesando el propio autor de los hechos. Lo hizo una noche llamando al teléfono de emergencias 091 de la Policía Nacional. Sin embargo, para entonces había pasado prácticamente un mes.
El 24 de septiembre de 2023, J.M.L. reconoció que había matado a su compañera de piso, una mujer rumana de 66 años a la que alquilaba una habitación. Cuando la Policía se personó en su domicilio, el cadáver con el que había convivido semanas en su propia casa estaba descomponiéndose oculto bajo un edredón y varias bolsas.
Dos años después, el asesino confeso de aquel crimen se enfrenta al juicio, que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. El acusado se enfrenta a un jurado popular y, en la primera jornada del jucio, ha asegurado sobre su inquilina: "Me hacía la vida imposible". Además, ha alegado en su defensa que en esa fecha "no tenía tratamiento" para la esquizofrenia que tenía diagnosticada y estaba "abandonado" por la administración.
El único hijo de la víctima es quien ejerce la acusación particular. "Él es su único familiar y aún continúa muy conmocionado por el crimen, hasta el punto de que está recibiendo tratamiento psicológico", según asegura Leonardo Vargas, el letrado del despacho Legal Law que ejerce la acusación particular en nombre del hijo de M.M. "Hay que tener en cuenta que esta señora quedó irreconocible tras un mes tirada en una habitación".
De hecho, la acusación particular sostiene en su escrito que J.M.L., "con toda frialdad y mostrando un total desprecio hacia la víctima que yacía en el suelo, la ató de pies y manos con cinta adhesiva, y arrastró su cadáver hasta la última habitación de la vivienda donde la envolvió en bolsas de basura y un edredón". Durante todo el mes que el cadáver permaneció oculto en la vivienda, estuvo "descomponiéndose", mientras el acusado "le echaba productos de limpieza para encubrir el olor que iba desprendiendo al pasar los días".
El hombre consultó incluso un tutorial de YouTube. "En el momento del hallazgo del cadáver, este se encontraba en avanzado estado de putrefacción y con presencia de larvas", subraya la acusación. "Durante el mes siguiente del asesinato, el acusado continuó haciendo vida normal, sin el más mínimo esbozo de arrepentimiento, salía de su domicilio, se cruzaba con los vecinos en el ascensor, que le veían como una persona cordial". Tal y como explica Vargas, el asesino confeso y la víctima "no mantenían una relación sentimental". "Simplemente, él le alquilaba una habitación a la señora y ese día discutieron por temas económicos", detalla el abogado en declaraciones a este diario.
Por ello, eleva la petición de pena para el acusado de asesinato a 21 años de cárcel, además de la imposición de la libertad vigilada durante cinco años tras la salida de prisión. A juicio de Vargas, en este caso concurren los agravantes de alevosía y ensañamiento.
En primer lugar, porque el acusado "ataca de manera sorpresiva a la víctima sin brindarle la posibilidad de defenderse y sin que exista riesgo para él". "Le atacó por la espalda siendo un hombre de gran envergadura, cuando ella era una mujer pequeña y delgada", explica Vargas. Y, en segundo lugar, porque "de las 16 puñaladas que le propinó, no todas fueron de carácter mortal, según consta en la autopsia". Es decir, M.M. "sufrió de manera innecesaria".
La autopsia, de hecho, recoge que la víctima murió a consecuencia de una "hemorragia aguda y/o shock hipovolémico". M.M. falleció desangrada.
La Fiscalía, en todo caso, pide 12 años de cárcel al considerar como atenuantes la confesión del propio acusado y su "alteración mental". En el momento de los hechos, el acusado estaba diagnosticado de un trastorno de la personalidad y esquizofrenia. Y este es el argumento que esgrime precisamente la defensa para pedir la libre absolución.
En su escrito, la defensa del acusado recuerda que tiene diagnosticada una esquizofrenia y cuenta con una declaración de discapacidad desde 2015 del 65% por un "trastorno mental por psicosis".
Según su defensa, aquel 29 de agosto de 2023, el acusado "sufría de un grave trastorno psiquiátrico, no estaba tratado ni pautada su enfermedad mental", por lo que "obró en todo momento con merma absoluta de sus facultades". Aun así, se insiste, "colaboró con las fuerzas policiales, impulsó su intervención mediante llamada telefónica y solicitó su presencia en su domicilio".
A juicio de su defensa, por tanto, "su patología psiquiátrica (esquizofrenia), el abandono de su tratamiento farmacológico, la falta de seguimiento y asistencia médica del discapacitado, con curatela asignada a la Generalitat Valenciana, fueron circunstancias determinantes para la ocurrencia de los hechos". Ahora será un jurado popular el que decida si es culpable o inocente.