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«Sólo pedimos dignidad». Es el grito de Concepción Monfort, a quien se le murió su padre, Rafael, de Covid antes de que se supiera que el virus iba a desmontar por completo la vida de todos. Rafael, con 90 años y alzheimer, ingresó en la residencia Domus VI de Alcoy (Alicante) en 2017 y allí falleció de contagiado a principios de marzo de 2020. Había pasado unos días ingresado en el Hospital Virgen de los Lírios por una deshidratación provocada, según su hija, por una sonda mal colocada. «Nos recomendaron que volviera a la residencia porque allí había ya muchos contagios, pero llamaron para pedir que lo aislaran por la insuficiencia respiratoria que arrastraba propia de la edad», relataba en una de las ocho jornadas del juicio que se ha celebrado en Alcoy por la demanda civil interpuesta contra la gestora de la residencia por 18 familiares de las 73 personas que fallecieron junto a Rafael entre marzo y abril de aquel año.
Concepción no está entre ellas porque económicamente no se lo podía permitir, pero prestó testimonio ante el juez sin importarle expresar su deseo en voz alta: «Quiero que ganen los demandantes». «Queremos que traten a las personas como personas, no como perros. Todos podemos acabar así. Pedimos dignidad», insistió. Su padre regresó a la residencia para morir, «porque no lo aislaron como pidió el médico» y acabó contagiado como la gran mayoría de los residentes. De 138, el 53% fallecieron.
Su testimonio, como el de José Ignacio o Consuelo, se escuchó en la sala donde la gestora de la residencia, la empresa Quavitae, y su aseguradora se enfrentan a la primera demanda civil en España por fallecimientos en residencias durante la pandemia y a una reclamación de indemnizaciones que puede alcanzar los 2,3 millones de euros.
Todo el funcionamiento de la residencia se puso en cuestión porque los familiares ya llevaban desde 2019 alertando de falta de atención y escasez de personal. Encontraban a sus madres «sin dentadura» o con gastroenteritis porque el personal «llevaba las pastillas mezcladas en los bolsillos» o intentaban darle dos veces la dosis, o incluso caídas al asearles que trataban de ocultar, según el relato que fueron haciendo los familiares, todos ellos ajenos al procedimiento, tanto en la sala como a las puertas del juzgado. Para las familias, la falta de personal para atender «humanamente» a sus mayores era una evidencia. Tanto que este centro fue multado con 40.000 euros por la Conselleria de Igualdad por incumplir la ratio de personal en 2019. Aquella burbuja estalló con el virus.
No había espacios para el aislamiento de los casos positivos, tampoco desinfección en algunas zonas y la distribución de mayores en las tres plantas de la residencia no era la adecuada para tratar de frenar la cadena de contagio. «Todos los residentes comían en la misma sala», puso como ejemplo la abogada de los familiares, quien también desveló que las horas de atención médica, que debían ser 60, eran 30 en realidad y sólo se reforzó a última hora a 40. «Se confiaron, no se lo tomaron en serio y cuando quisieron (reaccionar) era demasiado tarde, con una tasa de mortalidad masiva», zanjó.
La descripción que hizo de la situación de la residencia el jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD, que tomó el control médico del centro fue dantesca: ancianos con los pañales rotos, por los pasillos o fallecidos en sus habitaciones sin que nadie se hubiera percatado. Manuel Pérez relató que salían de la residencia con lágrimas en los ojos, tanto como para seguir él con las visitas para evitar que otro médico pasara por aquello.
Para la defensa de la empresa gestora, su testimonio no está documentado porque lo único que hizo fue trasladar a Sanidad las quejas por la praxis de la residencia mientras que desde la Conselleria se felicitó al centro por cumplir los protocolos, que el 16 de marzo de 2020 eran recomendar jabón y gel hidroalcohólico y el día 19 pedir la sectorización. Por eso consideran «ofensivo e insultante que se atribuya el caos a no gastar». Además, giraron la mirada a los allegados, a los que acusaron en algunos casos «de personarse en la reclamación económica pese a no haber visitado a sus familiares en años».
«Contábamos con que trataran de desacreditar todos nuestros testimonios», reconocía José Luis García, portavoz de la Asociación de Familiares. De hecho, la acusación recurrió al relato de familias que no están personadas en la demanda para desactivar el argumento de la empresa de que sólo las 18 denunciantes estaban descontentas.
Petición de 2,3 millones
En el caso de la aseguradora, cuya intención es evitar tener que cubrir los daños de la empresa, considera que la petición de los familiares de una indemnización de 2,3 millones es una cifra «escandalosa y ofensiva» porque no se ha demostrado en el juicio que hubiera «ni una sola negligencia o mala praxis» ni «causalidad» en cuanto a la alta mortalidad.
De hecho, en ese sentido fueron sus periciales, en las que geriatras dibujaron a los residente como «frágiles» porque su perfil respondía al de grandes dependientes y mayores con demencia. Además, justificaron también que la derivación al hospital hubiera sido perjudicial para ellos, tanto por el riesgo de los tratamientos invasivos, como entubaciones o respiraciones mecánicas, como por el colapso que presentaban ya las UCI en todo el país.
Ahora serán los magistrados del juzgado número 3 de Alcoy quienes determinen si se pudo hacer más por la vida a 74 ancianos para los que sus familiares reclaman justicia.