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Los procesados en la macrocausa de los preparativos del 1-O y los gastos exteriores del procés que sigue el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona no se beneficiarán, por ahora, de la Ley de Amnistía.
La Audiencia de Barcelona ha dejado sin efecto su resolución de julio en la que abrió el proceso para decidir si aplicaba la medida de gracia a la treintena de ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat imputados por su participación en la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017.
En un auto hecho público hoy, la sección 21 del tribunal provincial ha decidido devolver el caso al juzgado para incluir a los investigados por los gastos en el extranjero del proceso soberanista desde la etapa presidida por Artur Mas, una causa que inicialmente abrió el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, pero que la sección segunda de la Audiencia ordenó unificar en el 13.
Uno de estos imputados es Raül Romeva, consejero de Exteriores en el Govern de Carles Puigdemont, que fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación por el Tribunal Supremo en 2019 por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos en el juicio a los líderes del procés. Indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en junio de 2021, de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, la Sala Segunda del TS declaró el pasado julio no amnistiado el delito de malversación por el que había sido sentenciado junto a Oriol Junqueras, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Gastos exteriores del 'procés'
Hace dos meses, la Audiencia Provincial argumentó en su resolución que únicamente podía pronunciarse sobre la parte de los preparativos de la consulta de autodeterminación porque los investigados habían sido procesados. En cambio, señalaba que debía devolver al juzgado la parte relativa a la acción exterior de la Generalitat desde el año 2011 para "la internacionalización del derecho a decidir de Cataluña", ya que todavía se encuentra en fase de investigación.
De este modo, la Audiencia ha estimado el recurso de la Fiscalía y las defensas, que alegaron que solo existe una causa y que el pronunciamiento debe ser conjunto. En consecuencia, retorna toda la causa al Juzgado número 13 para que finalice la instrucción y vuelva a elevar la causa a la Sala provincial para determinar si se aplica la amnistía.