- Lengua El TSJC suspende el decreto lingüístico aprobado por el Govern en funciones: "Sitúa en una posición marginal al castellano en la enseñanza"
- 12-M El Gobierno de la Generalitat en funciones aprueba por decreto el blindaje jurídico de la marginación del español en la escuela
El Govern en funciones de ERC continúa aprovechando la prórroga que le concede la ingobernabilidad de Cataluña para intentar blindar normativamente el arrinconamiento del castellano en las escuelas de la región.
El pasado 28 de mayo, el Ejecutivo liderado por Pere Aragonès aprobó iniciar la reforma del decreto que regula la labor de los inspectores educativos, con el fin de «mejorar la concreción de la función de la Inspección de Educación en relación con el régimen lingüístico del sistema educativo», es decir, para afinar el control de la inmersión lingüística, que se ha endurecido desde que ERC llegó al Govern de la Generalitat en 2021 y se propuso como una de sus metas primordiales vigilar la aplicación del régimen monolingüe en las escuelas ante el descenso del uso del catalán detectado entre los jóvenes.
Uno de los objetivos de la reforma de la norma que regula las competencias de los inspectores será «reforzar la seguridad jurídica» del cuerpo. El Govern prosigue así con el blindaje jurídico de todas las herramientas que utiliza para aplicar la inmersión y que tienen como punta de lanza el decreto ley del Govern y la ley lingüística aprobada entre el PSC y los independentistas para frenar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25% de asignaturas en castellano en todas las escuelas de la comunidad.
Este armazón legal pretende ser reforzado con el decreto sobre los inspectores que el Govern de Aragonès ha empezado a reformar antes de perder la presidencia, y también pretendía serlo con otro que el Ejecutivo de ERC aprobó el 14 de mayo, esto es, dos días después de los comicios catalanes en los que los republicanos retrocedieron 13 escaños y dejaron de ser la fuerza independentista más votada, perdiendo la posibilidad de mantenerse al frente de la Generalitat.
Ese decreto permitía a la Administración catalana mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del TSJC, el Supremo y el Constitucional que exigen que el español tenga la misma consideración.
Por otra parte, el decreto determinaba la competencia lingüística tanto de los alumnos como de los profesores, que, en el caso de los centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior oral y escrito del catalán, el certificado C2.
La aprobación de esa norma por parte de un Govern en funciones fue denunciada ante el TSJC por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y el Alto Tribunal catalán declaró su suspensión este pasado viernes. El auto señaló que la norma impugnada «puede situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán, intensificando el modelo único inmersivo» en las escuelas de Cataluña.
Además, subraya el escrito del Alto Tribunal catalán que el decreto viene a «desarrollar» el decreto y la ley lingüística aprobados por la Generalitat y el Parlament en 2022 para impedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en todos los colegios de la región.
El desarrollo del plan lingüístico implantado por ERC durante la pasada legislatura difícilmente correrá peligro aun en el supuesto de que el socialista Salvador Illa acabe convertido en president.
Por un lado, el PSC ya ha participado activamente en las maniobras para impedir la aplicación de la sentencia del 25%, que ahora analiza el Tribunal Constitucional (TC) para analizar su legalidad y determinar si el fallo debe, efectivamente, aplicarse.
En segundo término, porque entre los requisitos de los republicanos para ungir a Salvador Illa figura un compromiso de los socialistas con la lengua catalana. Es plausible que Esquerra intente blindar su obra de gobierno en el campo lingüístico a través de ese eventual acuerdo de investidura.
Y, por último, porque la influencia de la formación independentista en un futurible mandato de Illa como president sería total. El líder del PSC está dispuesto a integrar a ERC en un gobierno tripartito con los comunes si así lo desean, pero incluso si los socialistas acabaran gobernando en solitario, necesitarían del respaldo continuo de los republicanos para mantener viva la legislatura y ellos utilizarían esa dependencia para asegurarse la pervivencia de la inmersión y para exigir el desacato de las sentencias que la cuestionan.