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Han tenido que pasar dos días de intensa búsqueda para que pueda ser recuperado el cuerpo de Elena Sirbu, la joven desaparecida tras caer al vacío al hundirse la pasarela de El Bocal (Santander) por donde paseaba el martes con sus compañeros del centro La Granja de Heras. De los siete estudiantes sólo una ha sobrevivido y se recupera de las heridas en el hospital Marqués de Valdecilla.
Es el momento de dilucidar si la tragedia era evitable y quiénes son sus responsables. En el foco, el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio para la Transición Ecológica. Dos dudas clave centran la investigación: quién debía mantener la instalación y por qué no se clausuró pese a que la Policía Local conocía su mal estado desde la víspera, tras el aviso de un ciudadano al 112. El Ayuntamiento ha pedido un informe sobre qué ocurrió con esa alerta y «se pondrá a disposición de las diligencias que se están siguiendo». El municipio admite no saber si se adoptó alguna medida tras la advertencia.
Sobre el mantenimiento, el Ayuntamiento se escuda en un «acto administrativo» para culpar al Gobierno del abandono de la pasarela. El equipo de la alcaldesa, Gema Igual (PP), argumenta que su administración solo debe encargarse de la conservación «una vez que las obras hayan finalizado», pero este hecho «no es efectivo» porque no existe constancia formal de que esto haya ocurrido. La senda costera de la que formaba parte la pasarela la impulsó Demarcación de Costas, dependiente del Estado. Este organismo redactó, adjudicó y ejecutó la obra. El origen del expediente se remonta a 2004, cuando el entonces alcalde Gonzalo Piñeiro y el concejal Íñigo de la Serna rubricaron el acuerdo por el que el Ayuntamiento asumiría el mantenimiento «una vez finalizadas las obras» y tras su recepción formal por parte del Consistorio, compromiso aprobado por la Junta de Gobierno Local el 12 de abril de ese año.
La actuación no empezó a ejecutarse hasta una década después. Según la cronología municipal, las obras se iniciaron el 13 de enero de 2014. El 27 de octubre Costas las paralizó tras las quejas vecinales. En esos meses se construyó la pasarela de madera cuyo el colapso causó la muerte de los seis jóvenes. En agosto de 2016, el Ministerio redactó el proyecto Finalización de la Senda Peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. El propio nombre, subraya el Ayuntamiento, refleja que las obras quedaron inconclusas.
El plan salió a información pública en 2017, pero «nunca llegó a licitarse ni a ejecutarse», según el Consistorio. Para el Ayuntamiento, esa condición es determinante: «Al no existir un acto administrativo de recepción, la gestión, la titularidad y, por ende, el deber de vigilancia sobre la estabilidad de la estructura han permanecido siempre bajo la esfera de responsabilidad exclusiva de la Administración General del Estado».
El consistorio recuerda que en octubre de 2019 todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad una moción para instar a Demarcación de Costas a iniciar labores de limpieza y retirada del material de la obra abandonada. El acuerdo contemplaba también que el Ayuntamiento pudiera actuar de forma subsidiaria si fuera necesario, siempre previa tramitación administrativa y con autorización del propietario de los terrenos, que es Demarcación de Costas.
La posición municipal se resume así: el proyecto lo diseñó Costas, lo ejecutó Costas, lo paralizó Costas y lo volvió a replantear Costas. Al quedar las obras inconclusas, sostiene el Ayuntamiento, el compromiso de mantenimiento asumido en 2004 nunca llegó a entrar en vigor.
«No es momento para entrar en el análisis de hipótesis, ni en la elucubración, ni en las causas ni en posibles responsabilidades, puesto que en la propia Policía Judicial está todavía trabajando sobre el terreno», dijo el miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien insistió en que hay una investigación abierta, que instruye una jueza, y toda elucubración «a lo único que conduce es a generar más incertidumbre y preocupación».