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El borrado del caso de los ERE fraudulentos por parte del Tribunal Constitucional (TC) va mucho más allá de la estimación parcial de los recursos y la consiguiente rebaja de las condenas de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos que presentaron recursos de amparo. A juicio de la Audiencia Provincial de Sevilla, las sentencias dictadas por el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido encierran un peligro aún más grave que la extralimitación de funciones que los magistrados sevillanos también aprecian.
De materializarse las tesis del TC habría un "riesgo sistémico de impunidad en la lucha contrala corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que pueda afectar a los intereses financieron de la Unión y contra la corrupción en general", una amenaza que se cinluye en la cuestión prejudicial que los jueces de la Audiencia sevillana han decidido plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicho de otra forma, el Constitucional, en opinión de la Sección Primera, ha abierto la puerta con su intervención en el caso de los ERE a que la corrupción política pueda quedar impune en España, más allá de los límites de la propia macro causa por la que fueron condenados los ex altos cargos del PSOE responsables de repartir de forma arbitraria y sin control hasta 680 millones de euros en fondos públicos.
En el auto -con la magistrada Pilar llorente como ponente y notificado este martes- se acuerda plantear al TJUE si el borrado de los ERE por parte del TC se ajusta al ordenamiento comunitario y, con ello, se eleva la advertencia del "riesgo sistémico de impunidad" en materia de corrupción que conlleva las sentencias dictadas con el respaldo de los miembros del Constitucional afines al PSOE.
Dicen los magistrados que el Constitucional está tratando de imponerles una "interpretación restrictiva" respecto de los delitos de corrupción que sería contraria a la legislación y la jurisprudencia europeas y que generaría "un evidente espacio de impunidad" en la persecución de dicha corrupción. Sobre todo, explica, porque la tesis del TC eximiría de responsabilidad cualquier hecho, por ilegal que fuere, se se realiza en el marco de una iniciativa legislativa presupuestaria, si una votación parlamentaria la bendice. En el caso concreto de los ERE, el TC sentenció que no podía condenarse a Chaves, Griñán y el resto de ex cargos del PSOE por la creación del mecanismo administrativo y presupuestario a través del cual se repartió el dinero público -ideado según la sentencia de la Audiencia y el Tribunal Supremo con el único objetivo de esquivar los controles- porque los presupuestos en los que se incluían las transferencias para pagar las ayudas las aprobaba, sistemáticamente, el Parlamento andaluz.
Pero la Audiencia de Sevilla insiste: "La consumación del delito se produce con el dictado de las resoluciones y resulta irrelevante que el Parlamento no detectara ninguna ilegalidad".
La interpretación del TC "entraña una absolución o rebaja casi integral" de las penas impuestas, permite un "escenario de impunidad" de los delitos cometidos en el reparto de estos fondos por parte de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009 que se extendería por el resto de las comunidades autómicas y que, más grave todavía, podría aplicarse "al gobierno nacional".
Sería, por tanto, una puerta abierta a la impunidad también por parte del ejecutivo central que ahora preside Pedro Sánchez en un momento en el que proliferan a su alrededor los casos de corrupción que salpican directamente al gobierno y a la dirección del PSOE, desde la trama de amaño de contratos y mordidas protagonizada por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García a las investigaciones sobre la esposa del presidente o su hermano.
Y repite la Audiencia de Sevilla: "Los miembros del gobierno de una comunidad autónoma no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos".
Por no mencionar la extralimitación de funciones en la que incurre, dice el auto, el TC al erigirse en máximo intérprete de las leyes, un papel que corresponde en exclusiva al Tribunal Supremo, al que suplanta, según la sala. O las "dudas" que le genera a la Audiencia acerca de la adecuación al derecho europeo -que prima sobre el nacional y boliga a perseguir la corrupción, recuerda el auto- de las resoluciones del Constitucional.
El relato del PSOE, en el aire
Por otro lado, el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla es un duro revés político para el PSOE, en particular para el PSOE andaluz que lidera María Jesús Montero, proclamada hace solo unas semanas candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026.
El PSOE andaluz, y muy en particular la propia Montero, aprovecharon el dictamen del Constitucional del pasado año para reescribir el relato del mayor caso de corrupción y presentarlo como "un invento", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, y como una "cacería política, judicial y mediática", como dijo entonces el propio Chaves y el entonces secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y ayer repitió el portavoz adjunto en el Parlamento, Rafael Recio.
El socialismo se apresuró, además, a rehabilitar políticamente tanto a Chaves y Griñán como al resto de los ex consejeros y ex altos cargos condenados y librados luego por el TC, como la ex ministra Magdalena Álvarez o la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Chaves -y Griñán, en ausencia- tuvo un protagonismo propio, de hecho, en el 41 Congreso Federal del PSOE de Sevilla, a finales del año pasado, y su figura y su legado han sido desde entonces reivindicados por el PSOE-A.
Sin embargo, la Audiencia viene ahora a poner en cuestión ese relato de la "cacería" y, lo que es peor para los intereses socialistas, vuelve a poner encima de la mesa un final (esta vez definitivo) en el que nada menos que la Justicia europea pueda ratificar las condenas de los ERE y la losa que este caso ha representado para el partido desde que la juez Mercedes Alaya inció la investigación.
Por contra, para el PP es todo un regalo, ya que a la formación que lidera Juanma Moreno le va a permitir llegar muy probablemente a las elecciones de 2026 con el fraude de los ERE todavía vivo judicialmente, un lastre más para la candidata socialista que ya ha visto cómo sus opciones se hundían al mismo tiempo que la UCO de la Guardia Civil iba revelando los entresijos de la trama orquestada por Cerdán -por el que puso "la mano en el fuego- y Ábalos.