El Gobierno vasco ha querido hoy advertir de la "llamativa" tramitación realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de dos recursos sobre la exigencia del euskera que provocarán que el Tribunal Constitucional (TC) examine la legalidad de que todas las plazas públicas en el País Vasco incluyan tener un 'perfil' de euskera. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de preguntar al TC por el artículo 187.5 de la Ley Vasca de Empleo Público ha hecho saltar todas las alarmas en el seno del Ejecutivo de Imanol Pradales que ahora defiende que incorporar un perfil de euskera a todos y cada unos de los puestos públicos no supone exigirlo ya que hay "un número significativo de puestos" con perfil pero sin fecha de preceptividad que obligue a demostrar su conocimiento.
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea y la consejera de Gobernanza María Ubarretxena han extendido una sombra de sospecha sobre las decisiones adoptadas en el seno del Tribunal Superior vasco que al analizar dos recursos de PP y Vox contra un decreto ha decidido elevar al Constitucional una duda jurídica. La cuestión de inconstitucionalidad del artículo 187.5 de la Ley de la Función Pública también ha sido avalada por la Fiscalía en sus alegaciones y provocará que en las próximas semanas sea el Constitucional quién decida si entra formalmente a analizar la legalidad de un pilar de la imposición lingüística en Euskadi.
Las dos consejeras nacionalistas del Ejecutivo de Pradales han advertido de las "llamativas" decisiones adoptadas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV al advertir que se han producido cambios en la composición del tribunal, acumulación de los recursos de Vox y PP que cuestionan y la decisión 'motu propio' -como ha resaltado Ubarretxena- de solicitar la intervención del Constitucional. Además, el Gobierno vasco ha incluido en sus alegaciones contrarias a la decisión adoptada por los jueces vascos que tanto la Ley de Euskadi de 1982 como la Ley de la Función Pública vasca de 1989 conforman un "marco revisado y avalado" por el Constitucional aunque no han aportado las sentencias del Alto Tribunal que anclen su posicionamiento público.
Las críticas de representantes institucionales del PNV y de EH Bildu a los jueces vascos se han repetido desde que medio centenar de fallos judiciales han dado la razón a trabajadores excluidos de ofertas públicas de empleo en las que prácticamente la totalidad de las plazas exigían acreditar el euskera. Sentencia a sentencia, se ha mostrado la realidad de procedimientos administrativos que exceden de un marco legal que nadie había cuestionado de forma sistemática. Representantes de ambos partidos han liderado las protestas contra los jueces y participaron en un acto político conjunto de PNV y Bildu enfrente de palacio de Justicia de Bilbao en el que elevaron sus varas de mando contra los magistrados.
La Sala del TSJPV que está a punto de pedir formalmente la intervención del Constitucional duda de la legalidad de exigir perfil lingüístico de euskera en todas las plazas de la administración y aboga por incluir otros factores para establecer este requisito. El Gobierno vasco advierte ahora que el perfil de euskera no constituye una exigencia para ser funcionario. "Asignar un perfil no obliga a nadie ni a nada", ha asegurado la vicelehendakari Ibone Bengoetxea. En su intento por relativizar la exigencia del euskera para optar a una plaza en las administraciones vascas, Bengoetxea ha advertido de que es la fecha de preceptividad la que convierte como requisito el euskera porque cuando no está fijada se establece como un mérito. La valoración de este mérito, sin embargo, resulta determinante en la adjudicación de todas las plazas por encima de otras características como la experiencia profesional, la formación o el dominio de otros idiomas.
Bengoetxea, que tiene bajo su responsabilidad el Departamento de Cultura y Euskera, ha defendido que la normativa que ahora se cuestiona el Tribunal Superior vasc tiene como objetivo "garantizar un avance gradual, equilibrado y adaptado a cada servicio". Si el Constitucional acepta la duda de los jueces vascos, tendrá que analizar el artículo cuestionado como ya hiciera en un proceso similar con la Ley de Entidades Locales. En aquella norma se permitía a los consistorios vascos utilizar en sus comunicaciones sobre el euskera y eran los ciudadanos castellanohablantes los obligados a demostrar su desconocimiento para tener acceso a información pública en euskera. El TC atendió a lo planteado y anuló el artículo 6.2 de la Ley de Entidades Locales.
La intervención del Constitucional ahora se produce cuando en el Parlamento Vasco se tramitan dos reformas legales planteadas por EH Bildu y por el PNV para blindar la exigencia del euskera ante decenas de sentencias que dan la razón a aspirantes castellanohablantes a plazas públicas del País Vasco. La vicelehendakari Bengoetxea ha apelado al "consenso" de todas las fuerzas políticas parlamentarias sobre esta normativa.