La ley de amnistía aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional chavista merece una lectura doble. Cualquier excarcelación de un preso político es un alivio para las familias y un paso adelante. Sin embargo, presentarla como un acto de reconciliación o un avance suficiente es retorcer la realidad. La amnistía, exigida por EEUU, es parcial, y el régimen la está usando para protegerse a sí mismo. Por eso lo imprescindible en este momento crítico es que la comunidad internacional, y ante todo España -puente histórico con Europa-, eleve sus exigencias al régimen; no que las rebaje. Que el ministro José Manuel Albares se apresure una vez más a pedir la retirada de las sanciones de la UE a Delcy Rodríguez, símbolo de la vulneración de los derechos humanos y de la corrupción chavista, solo puede entenderse desde los intereses compartidos con los jerarcas del régimen y, en concreto, con la propia Rodríguez.
La amnistía es claramente deficiente. Su redacción permite anticipar que centenares de los 700 presos políticos serán excluidos. Los militares -eje potencial de cualquier quiebra interna del régimen- no se verán beneficiados. Tampoco los acusados de delitos fabricados (homicidio, terrorismo) para apartarlos de la política. El resultado es una amnistía selectiva que libera a algunos pero que preserva a los rehenes más sensibles para el chavismo.
El segundo problema afecta a los exiliados. La norma obliga a quienes huyeron a «ponerse a derecho» ante los mismos tribunales que los persiguieron, aunque ahora puedan hacerlo a través de abogados. No es una garantía; es una trampa dilatoria. El objetivo es impedir o retrasar el regreso de dirigentes como María Corina Machado, cuya presencia en Venezuela alteraría el equilibrio precario que el chavismo intenta administrar tras la extracción de Maduro. Ella es la verdadera oposición frente a la oposición artificial que tutela Delcy Rodríguez de la mano del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
El tercer elemento es estructural. Los jueces son los mismos, los cuerpos de seguridad son los mismos, las leyes de persecución siguen vigentes. Los presos deberán comparecer ante el tribunal que los encarceló injustamente para que ese mismo tribunal decida sobre su liberación. Además, una comisión política -cuya composición genera fundadas sospechas- podrá analizar discrecionalmente los casos excluidos. La puerta giratoria del terror permanece intacta: hoy salen unos; mañana pueden entrar otros.
Por eso esta amnistía es, ante todo, funcional para el régimen. Le permite ganar oxígeno internacional, alimentar el relato de normalización y reclamar el levantamiento de sanciones sin haber desmontado el andamiaje autoritario. No hay reconciliación posible mientras existan presos políticos, exiliados forzados y un aparato represivo dispuesto a activarse en cualquier momento. La democratización de Venezuela exige mucho más: garantías, desmantelamiento institucional y elecciones libres con todos los actores en igualdad de condiciones.