El rechazo de las organizaciones agrarias al recorte de la Política Agrícola Común (PAC) y al acuerdo con Mercosur muestra la necesidad de conciliar una mayor autonomía y competitividad de la UE con la viabilidad del campo. Cientos de agricultores y ganaderos protagonizaron ayer en Madrid otra tractorada en la que cristaliza una legítima inquietud por el encarecimiento de los costes, la competencia exterior y la incertidumbre regulatoria. En este contexto, y pese a su instrumentalización por parte de las corrientes populistas, el futuro del sector primario exige una política reformista orientada a mejorar las ayudas, incentivar la modernización y premiar la eficiencia.
La actividad agroindustrial, tal como se puso en evidencia en la pandemia, garantiza la soberanía alimentaria y contribuye a la vertebración territorial en la España menos poblada. Ahora bien, la revisión de la PAC -que plantea un 22% menos de ayudas para el periodo 2028-34- debe contemplarse como parte de una estrategia necesaria para competir en un mercado global exigente. La PAC aglutina el 30% (400.000 millones de euros) del presupuesto comunitario. Ha sido un puntal de la construcción europea, pero no puede permanecer inmutable en una encrucijada histórica marcada por nuevas prioridades estratégicas, incluida la defensa. Por eso es imprescindible que los pagos directos -que son el grueso de la PAC; el resto corresponde a los fondos de desarrollo rural- estén condicionados a una mayor competitividad y transformación de las explotaciones.
Del mismo modo, Mercosur, además de ser un refuerzo geoestratégico de vital importancia, abre a la UE a un mercado de 300 millones de consumidores. Un hito que ofrece una oportunidad sin precedentes para las exportaciones agroalimentarias españolas, referentes en calidad y valor añadido, especialmente, después de que las últimas salvaguardas aprobadas por el Parlamento Europeo se encaminaran hacia la exigencia de reciprocidad y de controles sanitarios rigurosos.
La respuesta al malestar del campo no pasa por el proteccionismo, sino por acompañar al sector primario con más inversión en tecnología, menos carga burocrática y una desescalada arancelaria.