La coincidencia del 50º aniversario de la muerte del dictador Franco -en la cama- con el fallo de la condena al fiscal general por revelación de secretos fue -voluntaria o no- muy oportuna, dada la excepcionalidad de los dos momentos históricos que representan. El 20-N de 1975 significó el primer e imprescindible paso en el proceso de transición de una dictadura a un sistema democrático. El 20-N de 2025 puede ser el principio del fin de esa democracia liberal que nació de la voluntad de reconciliación de los españoles, y el primer paso en la transición hacia un régimen autocrático u otra forma de barbarie, como dejan entrever las virulentas reacciones de la izquierda gubernamental a la sentencia del Tribunal Supremo, llamando a «reventar a la derecha» y a depurar a unos jueces «prevaricadores y golpistas». Nostalgia del 36, retórica de Mono Azul.
De todos los casos de corrupción que afectan a la familia, el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez, la condena de su fiscal, Álvaro García Ortiz, es la más grave y reprobable, ya que no se limita a la corrupción económica habitual, motivada por la voluntad de enriquecimiento propio y/o financiación ilegal del partido, sino que representa la utilización del Estado para destruir a una adversaria política.
Una práctica común de los regímenes totalitarios -sazonada en este caso por aquella declaración (¿confesión?) del propio Sánchez: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso»- y que bien podría definirse como el Watergate del sanchismo, a causa de sus similitudes con aquel célebre episodio de guerra sucia en EEUU que acabó arrastrando al presidente Richard Nixon a la renuncia de su cargo en 1974 y la ignominia.
Si la española no fuera una democracia viciada por el sectarismo sanchista, la solución Nixon sería el final inevitable para el líder del PSOE. Por supuesto, la reacción de Sánchez ha sido la contraria y la más peligrosa que cabía esperar: poner en duda el Estado de derecho y los principios democráticos al contraponerlos a la voluntad de una «soberanía popular» de la que él sería principal intérprete, garante y ejecutor.
Como ha sucedido a lo largo de la historia con los movimientos caudillistas que entraron en fase de descomposición -y cuyo epílogo generalmente fue una orgía autodestructiva-, la reacción de Sánchez y del sanchismo político y periodístico a la sentencia del Supremo revela una enloquecida deriva nihilista que, si logra arrastrar a una parte sustantiva de la población como pretende, no se limitará a una crisis política coyuntural: será la condena de la democracia nacida del pacto del 78 a su colapso y punto final.