El PP de Alcorcón denuncia que el Gobierno municipal, presidido por la socialista Candelaria Testa, "ha vuelto a vulnerar la ley, y en concreto el Reglamento Orgánico Municipal, al excluir de forma irregular al Partido Popular de la Mesa de Contratación". Una actuación, remarcan, "que se produce en el órgano donde se adjudican los contratos públicos del Ayuntamiento".
Haciendo alusión al informe jurídico, "certificado por el funcionario titular de la Secretaría General del Pleno y fechado el 29 de octubre de 2025", los populares recalcan que el Gobierno municipal "incumplió el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y privó deliberadamente a la oposición de un derecho reglamentario reconocido".
Preguntadas al respecto, fuentes municipales del Consistorio alcorconero apuntan a este diario que la Mesa de la Contratación "no tiene por qué contar con la presencia de los concejales de la Corporación Municipal, tal y como avala la consulta efectuada a la Junta Consultiva de la Contratación de la Administración General del Estado, ni de la oposición ni del Gobierno, ya que son los técnicos quienes deben decidir quiénes, en pública concurrencia, deben ser los adjudicatarios y contratistas" de las diferentes licitaciones que impulsa el Ayuntamiento.
Asimismo, desde el PSOE aprovechan para señalar que esta polémica "está siendo utilizado de forma torticera por el Partido Popular". "La única concejala que debe asistir es la titular de Hacienda o su equipo, como el coordinador general", insisten, añadiendo que "siempre estamos a disposición de la oposición para resolver cualquier duda o información".
Algo que no convence a la bancada popular, quien sospecha que "el objetivo del Consistorio era que la oposición no vigile los procesos de contratación". "El Gobierno de Candelaria Testa nunca ha aclarado los motivos reales por los que decidió apartar a la principal fuerza de la oposición de un órgano clave para el control y fiscalización de la contratación pública donde se valoran y adjudican los contratos públicos, justo en un contexto nacional marcado por escándalos de corrupción relacionados con adjudicaciones irregulares, comisiones y falta de controles, en distintas administraciones gobernadas por Pedro Sánchez", puntualizan.
Y en boca de su portavoz en Alcorcón, Roberto Marín, advierten que "durante meses, el Gobierno de Alcorcón ha mantenido una Mesa de Contratación mal constituida, ignorando las solicitudes formales del Partido Popular y actuando al margen de la ley. No es un error puntual ni un malentendido administrativo, es una decisión política consciente, que solo se corrige cuando un informe jurídico demoledor pone negro sobre blanco lo que llevábamos denunciando. Por eso exigimos responsabilidades políticas. Porque cuando un Gobierno vulnera la ley, reduce controles y bloquea la acción de la oposición, la desconfianza está más que justificada".
presunto uso de fondos públicos
Asimismo, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón ha presentado una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón contra el Ayuntamiento del mismo municipio y sus responsables políticos por la posible comisión de graves irregularidades económicas que podrían afectar a todos los vecinos, incurriendo presuntamente en un delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el Código Penal.
En un comunicado aseguran que la denuncia se fundamenta en la documentación recopilada de la que se desprende que "fondos públicos municipales podrían haberse utilizado para financiar actos electorales durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023, en lugar de destinarse exclusivamente a fines institucionales y al interés general de los vecinos".
El escrito continúa valorando que los hechos tienen su origen en "un contrato público adjudicado en 2022 para la prestación de servicios técnicos de sonido, iluminación y maquinaria escénica en actividades municipales, con un presupuesto máximo cercano a los 460.000 euros". Y añade que durante su ejecución, "el gasto superó el crédito autorizado, generándose facturas adicionales por más de 130.000 euros sin cobertura presupuestaria suficiente".