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El juicio por la boda sangrienta alcanzará hoy su clímax. Micael Da Silva —alias el Portugués— romperá por primera vez su silencio y ofrecerá ante el tribunal la versión de los hechos sobre la que se decidirá su futuro penal. Lo hará frente a una petición de prisión permanente revisable, la máxima condena contemplada por la Fiscalía por el atropello múltiple ocurrido en noviembre de 2022 durante una boda gitana en Torrejón de Ardoz, donde cuatro personas perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas de gravedad.
Hasta ahora, su defensa sostiene que no embistió de forma intencionada contra los invitados, sino que actuó movido por el "miedo insuperable" ante la familia de los novios, con quienes había mantenido un altercado que culminó con su expulsión del restaurante donde se celebraba el banquete.
La declaración se producirá un día después de que la Policía Municipal esgrimiera un informe que concluye que el vehículo circulaba a una velocidad media de 48,5 kilómetros por hora y alcanzó un pico estimado de 62 antes de arrollar a los asistentes. Según los peritos, el acusado aceleró de forma progresiva, sin que existan indicios de que intentara frenar o reducir la marcha en ningún momento.
"Para alcanzar esa velocidad fue necesario pisar el acelerador a fondo", sostuvieron los técnicos, que subrayan que en el lugar del suceso no se hallaron huellas ni marcas de frenada. Esto, admiten, no descarta por completo que se intentara moderar la velocidad, pero unido al resto del rosario de pruebas, refuerza la hipótesis de una embestida directa.
A modo de prueba gráfica, la Policía Municipal ha presentado una reconstrucción en 3D del atropello: una simulación milimétrica elaborada con drones, modelado tridimensional y análisis fotograma a fotograma. El resultado, según los peritos, tiene un margen de error "muy reducido". En las imágenes se ve al Toyota avanzar sin titubeos, mientras lanza por los aires a varias víctimas y pasa por encima de otras en el punto donde se encontraban reunidas.
Los agentes calificaron las embestidas del vehículo como "muy violentas", basándose en cálculos que cruzan la velocidad y el peso del coche con la corpulencia de las víctimas. Según explicaron, el Toyota implicado —de 1.530 kilos incluyendo al conductor— pasó de circular a 45 kilómetros por hora a superar los 60 en el momento del impacto. Algunas de las personas arrolladas no superaban los 70 kilos. De acuerdo con el documento, ese último acelerón "elevó hasta un 70% las probabilidades de fallecimiento".
A estas declaraciones se suman las pruebas médicas y las autopsias presentadas en sesiones anteriores, que reflejan con crudeza la brutalidad del impacto. Una de las víctimas presentaba un traumatismo craneoencefálico, que derivó en una hemorragia masiva. Los cuerpos mostraban además erosiones, hematomas y abrasiones.
Del mismo modo, la Policía Municipal recogió evidencias biológicas en la escena que refuerzan la tesis de un impacto frontal: lentejuelas del vestido de una de las mujeres incrustadas en el capó, restos en la alfombrilla del conductor y huellas en la luna delantera. "Es muy posible que la cabeza de una de ellas atravesara parcialmente el parabrisas", precisaron los agentes.
Evaluación mental
La investigación también descarta que el conductor actuara bajo una alteración mental. Los médicos forenses, tras dos entrevistas personales y el análisis de su historial clínico, concluyeron que Micael Da Silva no mostró evidencias de "padecer ningún trastorno que afecte a sus capacidades volitivas o cognitivas". Añaden que, en el momento de las entrevistas, "se encontraba consciente y orientado en tiempo, espacio y persona".
A preguntas de la Fiscalía, los forenses calificaron su discurso como "fluido y coherente" y explicaron que, aunque por momentos se mostró "lloroso", no detectaron en él ningún indicio de "actividad alucinatoria o delirante".
Durante las conversaciones mantenidas, el Portugués insistió en que actuó "para defenderse". Su equipo legal mantiene esa tesis y ha solicitado la absolución, alegando que concurrieron las circunstancias eximentes de miedo insuperable y estado de necesidad. Por el contrario, la Fiscalía solicita 226 años de prisión por cuatro delitos de asesinato consumado y otros nueve en grado de tentativa.