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El martes, el presidente de Estados Unidos arremetió con más fuerza y rabia que nunca contra España y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, amenazando con "romper todos los tratos" o las "relaciones", en función de cómo se traduzca su expresión, con nuestro país. "No queremos tener nada que ver con España", y afirmó hablando incluso de un posible "embargo" a una aliada "terrible" y "hostil" tras la decisión de Moncloa de no permitir el uso de las bases estadounidenses en Morón y Rota para los bombardeos de Irán.
No es ni la primera ni la segunda vez. Desde el choque con Sánchez en el marco de la cumbre de la OTAN de La Haya del pasado verano, Trump ha hablado de "expulsar" de la Alianza Atlántica a nuestro país o de que España era "merecedora probablemente de represalias económicas y arancelarias". Pero esta vez ha sido mucho más agresivo, más contundente y afirmando que ya había dado la orden al secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que tome las medidas necesarias para castigar. No habló de represalias en el marco OTAN, aunque no es en absoluto descartable que lo haga en los próximos días. Ni de aranceles tampoco. Y no es casualidad.
Durante el primer año en el poder, en este segundo mandato, Trump usó los aranceles para todo. Para reequilibrar, al menos en su cosmovisión, las balanzas comerciales con todos y cada uno de los países del planeta (España, por cierto, tiene déficit comercial con EEUU, no superávit). Para castigar a gobiernos que no le gustaban, para penalizar decisiones políticas o judiciales contra sus aliados, para imponer treguas a países enfrentados. Pero hace dos semanas, el Tribunal Supremo estadounidense sentenció que esos aranceles que él llamó incorrectamente "recíprocos" eran ilegales. No dijo que no pudiera imponer gravámenes, sino que el instrumento utilizado, una ley de poderes económicos de emergencia que el Congreso aprobó en los años 70, no valía y que se excedió en sus consecuencias.
Trump, furioso, compareció tres horas después de la sentencia para insultar a los jueces, denigrar la decisión y anunciar aranceles del 10% globalmente, pero usando otra ley. Lo interesante de esa intervención de Trump es que su lectura sobre qué le permite hacer y no la ley, y el Supremo, se aplica ahora a España, el país con el que quizás romper el hielo. "Puedo cortar todo el comercio con un país, puedo destruirlo, puedo arruinarlo con un embargo. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un dólar. No puedo cobrarles nada", lamentó ante las cámaras ese viernes.
Esas frases se viralizaron enseguida en las redes sociales y mucha gente lo interpretó en el sentido de que el presidente anunciaba que iba a destruir algo, o que exponía sus planes. Pero en realidad, lo que hacía era mostrar su frustración, porque según su interpretación, el Supremo le decía que podía hacer todas esas cosas, y que le daba vía libre incluso para hacerlo, pero que la legislación no le permitía imponer y cobrar un simple arancel. Este martes, en la Casa Blanca, volvió a decir algo parecido. Y en ese sentido usó la expresión de "embargo", un instrumento que sólo ha usado contra enemigos como Irán, Cuba o Corea del Norte, y abrió la posibilidad de cortar lazos económicos con nuestro país.
"Tenemos que cuidar de las naciones que han sido buenas y justas con nosotros, y vamos a cuidar de las demás naciones (...) pero tenemos el derecho... por ejemplo, hablamos de España. Podría detener el comercio mañana o hoy. Mejor aún, detener todo lo relacionado con España. Tengo derecho a detener todos los negocios relacionados con España. Un embargo. Podría hacer lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España", dijo antes de pasarle la palabra a su secretario del Tesoro, Bessent, que no entró a analizar la cuestión española, sino que se pronunció en términos generales sobre los instrumentos de coerción económica a disposición de la administración.
En el pasado, Trump no ha concretado las amenazas contra España. Ha aumentado la presión y ha buscado aliados para ello, como hizo ayer. La primera vez que mencionó la opción de echar a nuestro país de la OTAN lo hizo con el presidente del segundo país más nuevo en la Alianza, Finlandia. Ayer buscó la complicidad del canciller alemán. Y en Egipto la de otros líderes mundiales, instándoles a "trabajarse" al presidente español. Pero que no lo haya hecho hasta ahora no quiere decir que no vaya a hacerlo.
Cualquier medida comercial es problemática, porque la Comisión Europea tiene las competencias de negociación comercial. Se puede buscar las cosquillas, y en su primer mandato vimos medidas contra productos que eran especialmente dañinos para la economía española. Pero un embargo, con mayúsculas, es una cosa muy seria. Imposible de tragar para la UE, muy difícil de justificar política y jurídicamente por la decisión de no permitir el uso de las bases para una operación concreta, y apelando a los convenios firmados por ambos países.
Pero el presidente tiene cientos de opciones para penalizar. En estos 13 primeros meses ha usado sus poderes discrecionales para ir a por universidades, a por despachos de abogados, a por sus vecinos. Y ayer mismo dijo que si decidía usar las bases españolas, nadie iba a poder impedírselo. Es el país más poderoso del planeta, en términos económicos y militares. La OTAN no contempla la expulsión de miembros, pero EEUU es el corazón de la Alianza y puede encontrar infinitos recursos para hacer la vida imposible a los españoles en su marco.
Igualmente, España compra gas a EEUU, su principal proveedor. Y de la misma manera que ha decidido oponerse a muchos proyectos de energías renovables, podría presionar a las suministradoras.
