Cuando los talibán tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, intentaron proyectar una imagen más moderada para convencer a los afganos y a la comunidad internacional de que habían cambiado. En una de sus primeras declaraciones ante la prensa,prometieron proteger los derechos de las mujeres dentro de su propia interpretación fundamentalista de la sharia, la ley islámica. Las dudas sobre cómo concebían dicha normativa se disiparon en pocos días. De los ochenta decretos emitidos por los talibán desde que asumieron el poder, 54 están relacionados con la erosión de los derechos de las mujeres, privándoles el acceso a la educación, trabajo y borrándolas del espacio público.
Los talibán han prohibido la educación secundaria y superior para las mujeres, mientras que la educación primaria se permite segregada por sexos. También han cambiado el currículum educativo para adaptarlo a su moral religiosa. Más de 90.000 jóvenes se han visto afectadas por la medida, según estimaciones de ACNUR. Pese a no contar con una igualdad de derechos con el hombre, en los últimos años las mujeres afganas podían ir a la universidad y era habitual la presencia de mujeres en altos cargos en medicina, judicatura y funcionariado. Su presencia en el mercado laboral también ha sido reprimida, con la prohibición del acceso a todo tipo de trabajos excepto educación y cuidados. También se ha vetado el acceso a parques y gimnasios para las mujeres. "Los talibán han convertido Afganistán en un cementerio masivo de las ambiciones, sueños y potencial de las mujeres y niñas afganas", declaró Shaharzard Akbar, expresidenta de la comisión de derechos humanos de Afganistán. Akbar calificó como "apartheid de género" la situación actual en el país. Los talibán eliminaron el ministerio de Asuntos de la Mujer y reabrieron el ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que recientemente ha tomado medidas como la quema de instrumentos considerados "inmorales".
Otra de las medidas draconianas cuyos límites no están claros es la imposición del "marham" o guardián, un acompañante masculino, habitualmente el marido, hermano o padre, que concede a la mujer permiso para viajar o ser atendida en ciertos espacios. Según los talibanes las mujeres solo necesitan el marham si viajan durante más de tres días. Sin embargo, la organización Human Rights Watch ha documentado un aumento de este requisito para poder coger taxis o ser atendida en el médico e incluso en tiendas de barrio.
La rápida erosión de derechos en igualdad de género ha provocado manifestaciones de mujeres en las principales ciudades del país, que han terminado con redadas de los talibán en los hogares de las activistas feministas. La última protesta se produjo a finales de julio, cuando los talibanes cerraron los salones de belleza, uno de los últimos espacios donde las mujeres podían socializar fuera de sus casas. Las autoridades reprimieron las protestas con cañones de agua y disparos al aire.
La exclusión de las mujeres del espacio público y el veto a tener contacto con desconocidos dificulta además, que puedan pedir ayuda en caso de emergencias médicas, por violencia de género o incluso pedir ayuda humanitaria, porque no pueden ser atendidas por otras mujeres, al estar vetadas en el mercado laboral.
La privación del acceso al trabajo para las mujeres también ha supuesto un castigo para miles de familias que viven desde hace años dificultades económicas. "Es como si los talibán estuvieran conduciendo al país intencionadamente a la hambruna", señaló en un comunicado Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional. "Sus políticas discriminatorias están trayendo niveles alarmantes de inseguridad alimentaria, haciendo que la entrega de ayuda internacional sea casi imposible", agregó. Cerca de 19 millones de personas, un tercio de la población, sufre inseguridad alimentaria aguda, según datos de Acnur, mientras que el 90% de los hogares sufre algún tipo de inseguridad alimentaria, especialmente los hogares encabezados por mujeres. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, decenas de organizaciones humanitarias salieron o fueron expulsadas del país, dificultando aún más el acceso a alimentos por parte de millones de familias.