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Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP se plantean ya llevar al Tribunal Constitucional (TC) el nuevo sistema de financiación regional que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si se aprueba, claro. A esta hora, EL MUNDO ha confirmado que ya estudian la vía de los tribunales al menos la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Región de Murcia, Baleares y Aragón. Otras, como Andalucía, lo van a estudiar más antes de pronunciarse.
Pero el mensaje político es claro: algunos de los gobiernos territoriales más poderosos del PP se sitúan ya frontalmente en contra de un modelo que les parece "injusto" por las "cesiones" al independentismo y por ponerle "límites a la solidaridad" al introducir el concepto de "ordinalidad" para favorecer a Cataluña. Ordinalidad significa que las comunidades que aportan recursos al sistema (para redistribuir la riqueza) no pierda puestos en el ranking de financiación tras ello.
Esta semana, el primero en anunciar el recurso fue Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León dijo: "Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios, y el dinero de todos es para pagar los servicios de todos". "Si esto se consuma defenderemos a Castilla y León y España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance. Incluso, si es necesario, ir al TC".
Fuentes del equipo de Jorge Azcón aseguran que el Gobierno de Aragón irá "100%" al Tribunal Constitucional contra el nuevo modelo de financiación autonómica, si se aprueba, porque creen que rompe la igualdad y el concepto de solidaridad. Y, además, sólo busca "contentar a Cataluña" a costa de un 'lucro cesante' de fondos para las demás.
Azcón, que se presenta a las elecciones el 8 de febrero, ha hecho de la igualdad y de la solidaridad territorial uno de los ejes de su campaña frente a la candidata del PSOE, una Pilar Alegría que fue portavoz del Ejecutivo que consagra la ordinalidad.
Fernando López Miras también se inclina por la vía judicial si se aprueba finalmente la propuesta de María Jesús Montero. Su equipo ya está analizando los pormenores y la decisión está tomada a falta de esperar acontecimientos. Además, Murcia es una de las cuatro comunidades infrafinanciadas y en el documento presentado este viernes por la ministra de Hacienda se habla de reducir hasta un 50% la brecha de financiación ajustada a población, no de eliminarla.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció en julio que iría a los tribunales si el modelo se aprobaba. "Debemos revertir todo este daño. Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las Comunidades Autónomas, donde tengamos que ir para decir que Madrid se niega a firmar esta sentencia de muerte contra España", dijo. Fuentes de su Gobierno se circunscriben a esas palabras, que mantienen vigentes.
En el equipo de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, no han decidido aún si irán a los tribunales. Van a estudiarlo más. No quieren "entrar al marco de Montero", porque "esta ley no se va a aprobar". Todos los consultados coinciden en que las posibilidades de sacar adelante la financiación territorial son más que exiguas, después de que Junts, Podemos, Compromís o la Chunta Aragonesista hayan mostrado su rechazo.
Baleares es otra de las comunidades en las que la iniciativa anunciada por Montero ha generado profundo rechazo.
El Govern que preside Marga Prohens ha tildado de "inaceptable" no sólo las formas en las que se tramita la reforma, anunciada tras una reunión con Junqueras, que, en palabras del portavoz del gobierno regional Antoni Costa "no representa a nadie".
El Ejecutivo balear no acepta la reforma en los términos en los que se ha anunciado, ya que considera que no recoge las reclamaciones históricas de la comunidad balear.
El rechazo de Baleares no es uno cualquiera: la región insular es una de las que con mayor vehemencia ha estado pìdiendo una reforma del sistema de financiación en los últimos años.
Sin embargo, advierten a EL MUNDO fuentes del Ejecutivo de Prohens, se llevará a los tribunales cualquier decisión que, como se adelanta, no refleje las reclamaciones insulares y además vulnere "las líneas rojas" en materia de ordinalidad y autonomía fiscal.
Prohens no apoyará un documento que le ponga condiciones a su política fiscal ni renunciará a una de sus medidas estrella, adoptada en 2023: la eliminación parcial del impuesto de sucesiones y donaciones.
En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca se muestra de momento cauto, a la espera de analizar en profundidad el nuevo modelo. En todo caso, se critica la propuesta por insuficiente, con "tres ausencias gravísimas", en palabras del portavoz, Miguel Barrachina. Según ha detallado el presidente de la Generalitat, el borrador no incluye un fondo de nivelación transitorio hasta la aprobación del nuevo modelo que equipare a la Comunidad Valenciana con la media, como tampoco la deuda del Estado por la dependencia ni por la atención sanitaria a desplazados. Se cifra en unos 4.000 y 1.000 millones, respectivamente.
"Son cosas que me preocupan", ha admitido Llorca, que ha lamentado también que "las formas han fallado" al no haberse negociado el nuevo modelo con todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En todo caso, ha zanjado que "hay que estudiar bien" una propuesta que reportaría a la Comunidad Valenciana 3.669 millones de euros más.
Otros gobiernos del PP, como el de La Rioja, emplazan a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles que viene, donde sen discutirá sobre el modelo.
En Castilla-La Mancha, el equipo de Emiliano García-Page opina igual. Y añade: "Y ya veremos si [el proyecto] llega al Congreso, siquiera". "Vemos imposible aprobarlo", zanjan.