La nueva financiación autonómica abre grietas en el PSOE: los ministros la defienden en sus territorios mientras Page pide elecciones "antes de que avance este atropello"

Es un asunto delicado. Sensible. Con muchas aristas. Riesgo de cortarse. Lo sabe el Gobierno, pero los compromisos con sus socios para que sigan apoyando la gobernabilidad obliga a saltar al vacío. El Ministerio de Hacienda ha presentado su propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica que, entre otras cuestiones, dará a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 y que respeterá el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, pero no en el de otras comunidades. La iniciativa es rechazada por el PP y Junts, lo que complica su aprobación en el Congreso y abre grietas en el seno del PSOE. Mientras los ministros la defienden en sus territorios, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, pide elecciones "antes de que avance un atropello de esta naturaleza".

"El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años", ha explicado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en rueda de prensa para desgranar su propuesta. Ella es, además, candidata del PSOE en las próximas elecciones en Andalucía, que se celebrarán antes del verano.

"No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha añadido Montero, negando que sea un modelo que privilegia a Cataluña, si bien sí va a respetar el principio de ordinalidad para esta comunidad, pero no para todos -Cataluña será la tercera comunidad que más da y la tercera que más reciba-.

Otra candidata socialista que se la juega en las próximas semanas en Aragón es Pilar Alegría, ex ministra y portavoz del Gobierno. "El nuevo modelo de financiación permitirá que lleguen a nuestra comunidad 629 millones de euros más en 2027", ha asegurado. Esta nueva propuesta, ha dicho, constata que "a Aragón van a llegar más recursos y más fondos para mejorar nuestro estado de bienestar". Para la ex ministra, el nuevo modelo "garantiza, refuerza y amplía la solidaridad interterritorial" y "tiene en cuenta una variable importantísima para la comunidad aragonesa, como es la despoblación".

Sabedores de que han abierto la Caja de Pandora, en el Ejecutivo el argumentario pasa por lanzar la siguiente pregunta a los partidos políticos y presidentes autonómicos: "¿Quién se va a oponer a que se reciban más fondos para las comunidades autónomas?". Así lo ha hecho Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, desde Santa Cruz de Tenerife, bajo el argumento de que Canarias va a recibir 611 millones más al año. A su juicio, es "indiscutible" que supone una mejora para el archipiélago.

Para la ministra de Ciencia y Universidades, además de líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, el nuevo modelo será "beneficioso para las comunidades autónomas, para todas, que cubrirá las necesidades para que apuesten por el Estado de bienestar". La ministra defiende el hecho de que el impulso parta de una negociación bilateral entre el Gobierno y ERC. Lo define como un "diálogo entre fuerzas políticas que queremos construir un país mejor". A su juicio, existen "demasiadas pruebas como para saber que tenemos la garantía de que el nuevo modelo de financiación va a ser bueno para las comunidades autónomas".

Otro ministro candidato es Óscar López, en este caso en Madrid. Su mensaje sigue el argumentario del Gobierno, adaptado a su territorio: "Este modelo de financiación aporta 2.555 millones más a Madrid al año. Un dinero que podría destinarse a la sanidad pública, a la asfixiada universidad o a vivienda (siempre que no se derive luego a Quirón, claro). Si lo rechazan, deberán explicárselo a los madrileños".

"Estamos ante una propuesta donde gana todo el mundo y sobre todo ganan los ciudadanos de este país, porque financiar bien las comunidades autónomas significa financiar bien los servicios públicos", ha señalado Ernest Urtasun, ministro de Cultura, en declaraciones a periodistas desde la Delegación del Gobierno en Cataluña.

"El mayor ataque a la igualdad"

Pero que el pastel a repatir sea más grande no convence a todos. "No vale que el pastel sea más grande porque los trozos son más injustos. Sólo se ha pensado en un territorio", ha contrapuesto Page, presidente castellano-manchego, en un acto en Ciudad Real. "Pasar de un modelo de redistribución justa de la riqueza que es de todos a un modelo de ordinalidad es, posiblemente, el mayor ataque a la igualdad de los españoles, que sólo esperaría de la derecha más reaccionaria".

El barón socialista, el único que presenta una mayoría absoluta, y cuyas crítcas al modelo han molestado al Gobierno, ha pedido elecciones antes de que entre en vigor este nuevo sistema. "Prefiero elecciones antes de que avance un atropello de esta naturaleza y decidan los independentistas. Antes de eso prefiero que hablen los españoles y que hablen claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos".

Según la propuesta del Gobierno, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones. Castilla-La Mancha vería incrementada su aportación anual en 1.248 millones.

Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta -las elecciones serán como tarde en marzo-, defiende que los criterios que a su juicio deben imperar son los de los "costes efectivos de los servicios que garanticen no la igualdad de oportunidades, sino la oportunidad de tener esos derechos de ciudadanía en torno a la educación, a la sanidad, a la protección social". Una financiación que permita la "generación de competitividad al territorio y que garantice luego el equilibrio de la igualdad de oportunidades y, por tanto, la competitividad para poder ser atractivos a la implantación de las empresas. Todo lo que no sea eso a nosotros no nos va a servir".

Ante la circunstancia de que Oriol Junqueras fuera quien diera a conocer el acuerdo alcanzado con el Gobierno, desde el ejecutivo de Asturias, territorio que pilota el PSOE, exponen que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión", sino que tiene que ser el resultado de una "negociación entre todas las partes implicadas", para lo que vienen reclamando hace tiempo la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este órgano, donde están presentes las comunidades, se reunirá finalmente la próxima semana. En Asturias no gustó que la iniciativa se traslade después de una negociación bilateral con un partido como ERC.

"Desde Asturias apostamos por un modelo centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España y que tenga en cuenta, por tanto, las necesidades específicas de Asturias", señaló el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez.

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido "firmemente" una financiación "única para Galicia, que tenga en cuenta sus características reales: la dispersión poblacional, el envejecimiento, el peso del medio rural y las dificultades del territorio. Su posición es que la financiación "debe adaptarse a nuestra realidad y a las necesidades de los gallegos".