Sin incoar el preceptivo procedimiento de repatriación, sin recabar el también preceptivo informe de la diplomacia (el país de origen de los chavales), sin investigar mínimamente sus condiciones, sin vertificar su situación en territorio español y sin informarles de los los antecedentes que habían determinado su expulsión ni, mucho menos, de sus derechos. Tampoco les permitieron formular alegaciones ni se pidió el obligatorio informe de la Fiscalía...
La devolución exprés y en caliente de 55 menores extranjeros no acompañados desde Ceuta a Marruecos en mayo de 2021 fue una auténtica cadena de ilegalidades. Hasta el extremo de que llegó a vulnerarse el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe taxativamente las expulsiones masicas. Y sus dos responsables, la entonces delegada del Gobierno en esa ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y quien fuera vicepresidenta del gobierno ceutí, Isabel Deu, lo sabían y, pese a todo, la ordenaron.
Por eso, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, acaba de condenar a las dos ex responsables públicas a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa.
En la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Rosa María de Castro y que ha sido notificada hoy, se inhabilita a Mateos y a Deu para ocupar cargos públicos, incluso electivos, de cualquier ámbito y para ejercer funciones de gobierno, además de a la pérdida de honores que les hubiesen correspondido por los cargos que ambos ocuparon.
Las expulsiones masivas de menores fue la respuesta que las dos idearon y ejecutaron después de las oleadas de entradas irregulares de inmigrantes que sufrió la ciudad de Ceuta, a la que llegaron a acceder 15.000 extrajeros entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, de los que 1.200 eran menores de edad. Aquélla fue la respuesta de Marruecos a la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
Su plan era devolver con este procedimiento a todas luces ilegal a 145 y llevaban 55 repatriados cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ceuta ordenó suspender las expulsiones.
La Audiencia de Cádiz recrimina especialmente que la ex delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta ceutí acordaron las repatriaciones masivas de menores sin averiguar antes si dichos menores se encontraban en situación de vulnerabilidad en su país de origen, sin velar, como era su obligación por el interés superior del niño, lo que infringió, además, la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Ambas, siguien su plan, elaboraron una lista de 145 menores, en algunos casos con el único dato de su fecha de nacimiento y sin más criterios que tener más de 17 años y estar alojados en el polideportivo Santa Amelia, que había sido acondicionado en esos días para albergarles.
No solo, destaca la sentencia, eran conocedoras de la ilegalidad de sus actuaciones, sino que habían sido advertidas en ese sentido incluso desde la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Igualmente, desde la Fundación Samu, que gestionaba el albergue de menores instalado en el polideportivo, expresaron a Deu su preocupación por la posible situación vulnerable de los menores.
Mateos y Deu han sostenido todo este tiempo que siguieron las indicaciones de Interior y entendiendo que actuaban bajo su paraguas, algo que el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, negó rotundamente en el juicio.
La duda sobre si esas expulsiones masivas de menores extranjeros contó o no con el visto bueno del Gobierno estuvo en el aire desde que se produjeron, alentada por las ahora condenadas y por las comunicaciones que mantuvieron con diferentes cargos del ejecutivo. Como la directora de gabinete de la vicepresidenta en aquel momento, Carmen Calvo, que instó a "inventar el procedimiento" y "doblarle la mano a la Fiscalía", que siempre se opuso y que fue quien denunció los hechos en los tribunales.
Sin embargo, la Audiencia no encuentra pruebas suficientes de que Interior conociese y avalase esta forma de actuar con los menores inmigrantes.
En definitiva, la Sección Sexta de la Audiencia gaditana concluye que la decisión de poner en marcha las repatriaciones de los menores -que se llevaron a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2021- "no solo fue arbitraria, sino manifiestamente injusta" porque, recriminan los magistrados, las dos condenadas "eran perfectamente conocedoras y conscientes y, a pesar de ello, optaron por su realización".
Salvadora Mateos e Isabel Deu, prosigue la resolución, "antepusieron su voluntad a la legalidad aplicable, teniendo plena conciencia de ello" cuando "lo único que podían y debían hacer [...] era cumplir la ley".
No les vale tampoco a los magistrados que, como se justificó la ex delegada del Gobierno en el juicio, actuaran convencidas de que hacían un "servicio" a los ciudadanos, con la creencia de que las expulsiones serían aplaudidas por unos vecinos que venían soportando un "enrarecido ambiente político" desde la entrada masiva de inmigrantes del mes de mayo. Aunque así fuera, dice la Audiencia de Cádiz, cometieron un delito.
La ex delegada del Gobierno en Ceuta fue nombrada por Pedro Sánchez en junio de 2018, justo después de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy y es la madre de quien fuera la directora de Comunicación del PSOE. Fue destituida en octubre de 2022, cuando ya estaba siendo investigada por estas devoluciones en caliente de menores a Marruecos.
Respaldo de Vivas
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha difundido una declaración institucional tras la condena a nueve años de inhabilitación de la exdelegada del Gobierno en Ceuta y de la exvicepresidenta primera del Ejecutivo local. En su comunicado, Vivas aseguró que, "respetando y acatando la sentencia, sigo creyendo en la inocencia de la señora Deu y de la señora Mateos". Añadió que "conocí, compartí y respaldé las actuaciones llevadas a cabo estando todos convencidos de que se actuaba al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor, en una situación de emergencia humanitaria nunca antes conocida".
El dirigente ceutí sostuvo además que "el colapso prolongado que estamos viviendo en el área de Menores de la Ciudad, la imposibilidad de evitar las entradas, la inviabilidad práctica de los retornos y las dificultades para efectuar los traslados a la península con la agilidad requerida, inducen a pensar en la necesidad de plantear una reforma de la normativa aplicable en materia de extranjería".