Las deudas de miles de hogares españoles de vulnerabilidad máxima, a los que la Seguridad Social exige la devolución de prestaciones erróneas que el Estado les otorgó, sin que ellos las pidieran, y calculó erróneamente, llegan al Congreso de los Diputados.
El Partido Popular ha dirigido al Gobierno varias preguntas parlamentarias y ha solicitado la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que responda sobre el estado de las reclamaciones y sobre los planes del Ejecutivo para evitar a estos ciudadanos, la mayor parte de ellos de máxima vulnerabilidad y por ello acreedores de estas ayudas, el pago de deudas de miles de euros (de 3.000 a incluso 15.000 en algunos casos) que en realidad no pueden abonar, porque "viven al límite", como explica el diputado popular Jaime de Olano.
"Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado", señala, "porque hablamos de personas en situaciones muy complejas que de pronto se ven con una deuda que les es completamente inasumible y que responde a prestaciones que ellos no solicitaron, ni mucho menos calcularon, a errores que no cometieron. Es el colmo de la indignidad pedirles que paguen intereses incluso, como está sucediendo".
Aunque el grueso de las deudas ahora reclamadas a los ciudadanos proceden de cálculos erróneos realizados por la Administración sobre el Ingreso Mínimo Vital, que se puso en marcha a la carrera en junio de 2020, comprobándose después incontables fallos en las cuantificaciones e incluso en los requisitos para cobrarlo, hay también otras prestaciones no contributivas en las que ha sucedido lo mismo: reclamaciones de devolución por errores achacables sólo a la Seguridad Social.
Así, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizó hace meses una iniciativa de oficio para pedirle al Gobierno que impulse un cambio legislativo que afecte a todas ellas, para acoger la doctrina que los tribunales internacionales aplican habitualmente en estos casos: eximir al ciudadano del pago siempre que no sea responsable del error de cálculo y no haya mediado mala fe. Gabilondo lleva meses repitiendo que los errores y las peticiones de devolución del IMV es el primer motivo de queja que su institución recibe por parte de los ciudadanos.
De hecho, ya una corte española, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ha aplicado esta doctrina a un ciudadano, un habitante de Calahorra a quien la Administración pedía la devolución de 4.513 euros cobrados indebidamente pero por error de la propia Administración. El TSJ riojano ha dictaminado que no tiene obligación de devolver el dinero, siguiendo la denominada doctrina Cakarevic, establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al dar la razón a un ciudadano que litigaba contra el Estado croata por hechos muy similares.
"Todo el mundo en la Administración sabe que esto se diseñó mal y a la carrera", explica Jaime de Olano, "y desde el principio, en junio de 2020, nosotros dijimos que era un error no contar con las Comunidades Autónomas en la gestión de estas ayudas, porque en muchos casos se solapaban con otras prestaciones, y en realidad las competencias de Servicios Sociales estaban y están transferidas".
En su momento, en el seno del Gobierno, Pablo Iglesias y José Luis Escrivá pugnaron para que fueran sus respectivos ministerios -Servicios Sociales y Seguridad Social- los que gestionaran el IMV y facilitaran estas ayudas a los ciudadanos. Lo logró el segundo.
"Nosotros", prosigue De Olano, "en 2020 nos abstuvimos para que se aprobara, porque era un momento muy difícil y fuimos responsables. El decreto se sacó de urgencia, pero el Gobierno le prometió entonces a Ciudadanos que se tramitaría como proyecto de ley para que los grupos pudiéramos hacer aportaciones. Luego se acabó la legislatura y nunca más se supo. Pero la Administración no puede penalizar al administrado. Y que todo esto suceda porque Hacienda y la Seguridad Social no cruzan datos es impresentable".
Ahora, el PP pregunta al Gobierno a cuántas familias se les sustituyó la prestación por hijo a cargo por el IMV; cómo se comprobaron los requisitos de las familias acreedoras; si las bases de datos de la Seguridad Social estaban a pleno funcionamiento; cuántos hogares están en situación de devolver deudas inasumibles (entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y las ONG se habla de hasta 100.000 hogares) y qué piensa hacer el Ejecutivo al respecto.
La reclamación llega, además, cuando el Ministerio dirigido por Elma Saiz ha admitido recientemente que en enero el IMV no llegó a muchos hogares que tienen derecho al mismo (670.000 núcleos familiares lo reciben habitualmente según la institución) por errores cometidos por la Seguridad Social.