Cada vez que el debate migratorio reaparece lo que suele perderse no es solo la empatía, es el orden del pensamiento. Simone Weil —pensadora incómoda para cualquier ortodoxia— describió el desarraigo como una de las formas más silenciosas de la violencia moderna. No hablaba solo de quien llega, también de quien mira; de las sociedades que, cuando ya no entienden sus propias transformaciones, buscan alivio señalando al otro.
La reciente regularización anunciada en España ha vuelto a activar una tentación conocida: todo se mezcla. Problemas de convivencia se convierten en problemas económicos; tensiones urbanas se leen como amenazas identitarias; y fenómenos lentos, estructurales, acaban explicándose por la mera presencia de quienes llegaron después.
Desde el punto de vista económico, el primer gesto debería ser siempre el mismo: detenerse y mirar los datos. La inmigración es una de las piezas centrales de su demografía y de su mercado de trabajo. En los últimos años ha explicado la mayor parte del crecimiento de la población en un país con una tasa de fecundidad inferior a 1,2 hijos por mujer y un envejecimiento acelerado.
También lo es su papel en el empleo. En 2025, más de 3,1 millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, el nivel más alto registrado, alrededor del 14% del total de cotizantes. La evidencia empírica disponible muestra, además, que los efectos medios sobre salarios y empleo de los trabajadores nativos son reducidos.
Aquí es donde conviene ordenar bien las causalidades, porque en ese orden —y no en otro— se juega la honestidad del debate. Que existan problemas de integración cultural o de convivencia en determinados entornos no implica que la inmigración sea su causa principal. Con frecuencia ocurre lo contrario: la segregación residencial, la precariedad laboral o la fragilidad de los servicios públicos preceden a la tensión social y la hacen visible. El mercado de la vivienda es un ejemplo casi pedagógico. El encarecimiento responde, sobre todo, a restricciones de oferta acumuladas durante años. La llegada de población añade demanda, sí, pero sobre una estructura ya rígida. Atribuir la subida de precios a la inmigración es confundir un acelerador con el motor averiado.
Algo parecido sucede con los servicios públicos. No es la llegada de población lo que genera fricción. Es la incapacidad de adaptar a tiempo las políticas de vivienda, educación o servicios sociales a una realidad demográfica que ya está aquí. Cuando esa adaptación falla, la tensión se concentra en barrios concretos, se cronifica y acaba traduciéndose en malestar. El malestar, cuando no se entiende, busca culpables simples. A veces, desde la simpleza. Conviene distinguir, además, entre regularización e integración, dos conceptos que suelen usarse como sinónimos y no lo son. Regularizar no es integrar, pero la irregularidad prolongada sí produce malos resultados económicos: empuja hacia la economía informal, desincentiva la inversión en capital humano y deteriora la convivencia. Mantener esa situación no es ni eficiente ni neutral.
La historia advierte. Europa ha conocido demasiadas veces lo que ocurre cuando el miedo o el desprecio hacia quien llega se convierten en un atajo explicativo para frustraciones más profundas. También fuera de Europa, donde la inmigración ha sido reducida tristemente a un problema casi exclusivamente policial, se observa cómo el debate se empobrece cuando todo se reduce a identidad.
Nada de esto implica negar los retos reales. La integración no es automática, la convivencia no surge sola y los errores de gestión tienen consecuencias visibles. Por eso conviene resistir la tentación de confundirlo todo. Pensar con orden no garantiza el acierto, pero evita que el ruido acabe sustituyendo al juici
Francisco Rodríguez es catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas.