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El bloqueo sistemático a las renovables en Galicia está a punto de desbordarse. Justo cuando parecía que el viento soplaba a favor, con el respaldo firme del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que respaldó a los promotores frente a los recursos sistemáticos de grupos activistas, el último movimiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha llevado al sector al límite. Su decisión de anular el parque A Ruña III (A Coruña) no es solo un golpe a este proyecto, es un jarro de agua fría para toda una industria que, en apenas cinco años, acumula 228 pleitos que mantienen paralizados 92 parques y que, según las cifras que maneja el sector, ya amenazan una inversión de 6.300 millones en el territorio.
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO aseguran que la situación no tiene precedentes en Europa. Todos los proyectos eólicos impulsados en la comunidad han acabado en los tribunales, recurridos de forma sistemática por tres asociaciones activistas -Petón do Lobo, ADEGA y Ecoloxistas en Acción-, obligando a paralizar los procesos hasta que se dicte sentencia. Algunas, han llegado incluso a lanzar campañas de crowdfunding para costear un aluvión de recursos que replican recurrentemente los mismos argumentos, independientemente del proyecto contra el que carguen.
Este bloqueo judicial afecta ya a grandes energéticas como Iberdrola, Naturgy o EDP. Pero también a empresas con fuerte arraigo local, como Greenalia y Norvento. Para la Xunta, se trata de un debate legal que "se enreda hasta el absurdo" y se centra en "buscar excusas" que impiden al Gobierno gallego avanzar en sus proyectos. La secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Carmen Bouso apunta a que "no es solo un problema jurídico, sino climático", ya que el tribunal gallego "está ignorando la prioridad de las energías renovables, frenando la descarbonización y comprometiendo los objetivos del Proyecto de Ley del Clima de Galicia", que fija la neutralidad climática para 2040.
Pese a estos obstáculos, la región sigue siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor potencia eólica instalada. Un dato que según la Asociación Empresarial Eólica (AEE) tendría un gran potencial de mejora si no se frenara en seco cada nueva propuesta energética que se intenta sacar adelante. "El no desarrollo eólico no es gratuito", advierten desde la patronal. Según los datos de Red Eléctrica, desde 2021, año en que se dictó la primera sentencia que sacudió al sector, la potencia instalada en Galicia apenas ha crecido en 81,6 megavatios. En ese mismo tiempo, las tres comunidades del podio nacional sumaron alrededor de mil.
Conscientes del riesgo significativo que implica este tapón judicial, advierten de que "por cada año de retraso en la instalación de los parques en desarrollo en Galicia, se dejan de crear 2.750 empleos y más de 6.300 millones de inversión". Todo ello, sin contar que la situación actual provoca que las promotoras decidan ubicar sus proyectos en otras regiones de España, "con la consiguiente no creación de empleo industrial gallego".
Para poner solución a esta "dinámica destructiva", la AEE reclama al alto tribunal de Galicia una interpretación jurídica de la regulación que permita a las empresas afrontar los proyectos "sin la erosión actual, sin los daños patrimoniales que están soportando y sin el desorden jurídico que les está ahogando". En ese sentido, Carmen Bouso pone el foco en el verdadero nudo del problema: el interés público superior de la energía renovable.
El reglamento europeo afirma que debe darse prioridad a la energía renovable por ser el camino esencial para luchar contra el cambio climático. En la práctica, eso significa que la instalación de parques eólicos que cuenten con las autorizaciones pertinentes debería prevalecer sobre otros intereses legales o administrativos. "Y sin embargo, el TSJ de Galicia está haciendo justo lo contrario. Los jueces gallegos sostienen en sus autos que esa prioridad no es aplicable, ignorando una normativa europea que reconoce de forma rotunda el trato preferente de las energías limpias", apunta Bouso. De ahí que se refieran a la decisión de los magistrados como "inexplicable" y "dañina para Galicia, el medio ambiente y la economía".
La interpretación gallega, dicen en el sector, no solo aísla a la comunidad, sino que la deja en contradicción con otros tribunales españoles. En 2023, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se desmarcó de la senda gallega al denegar la suspensión cautelar de los permisos de una planta solar en tramitación, precisamente amparándose en el interés público superior de la producción de energía renovable.
Contienda política
Los casos más sonados fueron los de Corme y Campelo. Dos parques con el visto bueno del Supremo que, aun así, el tribunal gallego decidió elevar a la justicia europea para revisar si los procedimientos de la Xunta cumplían la normativa ambiental. La respuesta de Bruselas llegó este verano avalando el criterio del Supremo y dando por correcto el modo en que la Xunta tramitó las evaluaciones.
El pleito de A Ruña III heredó esa misma cuestión. Aunque el TJUE ya había resuelto el fondo, la Sección Tercera del tribunal gallego decidió volver a pronunciarse y acabó anulando el parque. Lo hizo, paradójicamente, pese a que tanto el Supremo como el tribunal europeo habían respaldado el procedimiento.
El fallo volvió a agitar el avispero político. El presidente gallego, Alfonso Rueda, acusó al TSJ de Galicia de "buscar inexplicablemente otro argumento para seguir contradiciendo" a los demás tribunales y frenar los objetivos climáticos de la Xunta. La consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fue más gráfica al advertir que el bloqueo "provoca que 2,5 millones de toneladas de CO2 sigan emitiéndose a la atmósfera".
El BNG, por su parte, lo ve justo al revés. Para los nacionalistas, las críticas a los magistrados gallegos forman parte de una "campaña de difamación del PP", plagada de "insidias y mentiras" contra quienes cuestionan su modelo de Gobierno. Consideran que los reproches a los jueces son ataques gratuitos contra una sentencia que, dicen, pone en evidencia las carencias del modelo eólico de la Xunta.
En realidad, el alto tribunal gallego reconoce que no aprecia daño ambiental en el proyecto de A Ruña III, pero sí introduce una nueva interpretación: que cada parque eólico debe incluir dentro del mismo proyecto su propia línea eléctrica de evacuación. Es decir, prohíbe compartir infraestructuras entre parques, justo lo contrario de lo que el Supremo considera más eficiente y menos dañino para el paisaje.
La paradoja es evidente. En Galicia sopla más viento en los tribunales que sobre los montes. La lucha por el paisaje se juega ahora en despachos y juzgados, no en cimas de aerogeneradores. Mientras la Xunta y las empresas avanzan con proyectos, el tribunal gallego frena la maquinaria, dejando en suspenso empleo y sostenibilidad.