«Hay que dar una buena imagen de cómo gestiona España los fondos». Éste es el mensaje que está haciendo llegar el Gobierno a responsables del sector privado empresarial convocados por los miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo a partir de este lunes en Madrid.
La misión parlamentaria está presidida por la alemana Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo, y el resultado será un informe sobre la gestión en España de los fondos europeos que, si es crítico, puede condicionar en el futuro la actitud de la Comisión Europea, hasta ahora partidaria de una supervisión muy flexible que prima todo lo positivo. El Gobierno ha conseguido ya 37.000 millones en tres pagos sin gran presión.
La comisión de la Eurocámara tiene competencias y quiere revisar todo. Además de citar a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y consejeros autonómicos ha convocado a, entre otros, una decena de asociaciones empresariales y consultoras del sector privado desde CEOE y las patronales de banca, automoción o telecomunicaciones a EY y PwC sin olvidar también a UGT.
En al menos cuatro de los convocados confirman a este diario, bajo petición de anonimato, llamadas del Gobierno para que hagan una intervención positiva. Aseguran que la petición está siendo en tono cortés, salvo alguna excepción más amenazante. No hay que olvidar que el Gobierno tiene poder legislativo, fiscal o contractual sobre cualquiera de los sectores a los que los eurodiputados quieren pedir opinión y cualquier llamamiento, incluso sutil, es una presión para ellos. Según las fuentes consultadas es particularmente activo el Ministerio de Asuntos Económicos con Calviño y el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés a la cabeza.
La sorpresa es que Calviño tiene una ayuda extra en esta movilización para evitar un informe crítico: la del vicepresidente de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo, Valdis Dombrovskis. Su equipo ha efectuado llamadas a eurodiputados participantes en la misión para pedirles que se desmarquen del tono, en su opinión, duro de Hohlmeier, y la importancia de hacer una evaluación positiva de España por el buen nombre de los fondos europeos.
Según eurodiputados de partidos diferentes consultados, el mensaje de Dombrovskis es que cuestionar la gestión de los fondos en España, que es un gran receptor, puede dañar la reputación internacional de este instrumento y de la propia Comisión.
Insólito porque, por un lado, parece improcedente que desde un poder ejecutivo se intente condicionar la labor del control del legislativo. Por otro, defender que la crítica puede perjudicar a los fondos es un extraño análisis. Por mucho que se silenciaran ahora las críticas, los errores terminarían aflorando sin tiempo ya de arreglo en grave daño futuro para la solidaridad entre los países del norte y del sur de la Eurozona.. Lo dijo Mario Draghi cuando era primer ministro: «Nos ven a Italia y España en primera línea de esta apuesta europea así que seremos los responsables. Un fracaso sería grave, porque ya no será posible convencer otra vez a otros de la UE para poner dinero en una política común».
El despliegue de la Comisión y la propia Calviño en los últimos días resaltando lo bien que van los fondos sin mencionar defectos en vísperas de la misión no parece casual.
Calviño aprovechó un viaje a Bruselas en enero para ver en privado a Hohlmeier, a la que el Gobierno sitúa al frente de intentar politizar la misión tras su famosa declaración de «no se sabe en España dónde está el dinero» el pasado otoño. «Decir esto desde un papel institucional me parece muy desafortunado, además de no ser cierto», le reprochó la eurodiputada socialista española, Isabel García Muñoz el pasado día 9 en la reunión preparatoria en Bruselas. García Muñoz, que participa en la misión, sostiene que «en el Gobierno están encantados con la oportunidad de explicar cómo se están protegiendo los intereses financieros de la UE que es lo que debería preocupar a esta misión». Y llamó a sus compañeros del PP, Ciudadanos o Vox a que la comisión actúe «desde la neutralidad y sin ideas preconcebidas». Al tiempo, deslizó que «es una buena oportunidad para saber si las comunidades autónomas están cumpliendo sus compromisos». La comisión ha convocado a la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, señalada por el Gobierno por muy baja ejecución.
Tensión por tanto para todos y cada vez es más claro el error original del Gobierno de no haber intentado un pacto de Estado sobre un plan de país que desborda legislaturas.
La efeméride
A punto de cumplirse un año de su salida de Inditex, Pablo Isla rompe algo su silencio en una entrevista en Financial Times y es llamativa la frialdad con la que habla de su sucesora, Marta Ortega. «Conozco a Marta desde que era universitaria y hemos compartido muchos momentos familiares. Pero nunca en la vida me ha gustado comentar, o criticar, a otras personas. Prefiero quedarme callado». Sí es explícito con el equipo gestor que rodea a la hija de Amancio Ortega: «Confío plenamente en la forma en que hemos organizado la sucesión y el equipo directivo de la empresa». También asegura Isla que sigue siendo «muy amigo» del fundador, al que señala como su referente de liderazgo «por su modo de sacar lo mejor de todos los que le rodean y su ambición permanente. Todo es mejorable».
El personaje
El ridículo que rodea al auge y renuncia del economista Antonio Cabrales como nuevo consejero del Banco de España a propuesta del PP es de época. El catedrático madrileño perdió la confianza del PP al descubrir Génova -¿no miraron antes en Google?- que había apoyado en el pasado a independentistas. Ha sido reemplazado rápido por el experimentado y más afín economista Fernando Fernández para cerrar el culebrón, pero queda en el aire quién apadrinó su fichaje. El más señalado es el ex presidente de Renfe, Pablo Vázquez, que es un economista de referencia para Alberto Núñez Feijóo, pero fuentes conocedoras aseguran que aunque, en efecto, bendijo a Cabrales -lo conoce de Fedea- lo hizo al ser preguntado por su nombre en el partido. No llegó a ser su promotor. Por su parte, Cabrales pasa página y echa pestes de la política.
Para seguir
Uno de los grandes debates europeos del momento es la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, jugó fuerte con una propuesta el pasado enero para un cambio radical que se está encontrando con una oposición creciente con el argumento de que puede espantar inversiones que necesita la UE para su transición energética. Ala ya significativa de Alemania, se une una carta firmada por nada menos que catorce grupos europeos desde la francesa Engie y las alemanas E.ON y RWE a Iberdrola y Enel, la dueña de Endesa. «Cualquier esfuerzo de reforma debe centrarse en dar las señales adecuadas en el mercado para garantizar las inversiones masivas en energías renovable que necesita la UE, sin ningún efecto retroactivo que pueda dar lugar a litigios», advierten.
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