Robert Amsterdam, el azote de Hacienda: «Si el comportamiento de los inspectores ocurriera en el sector privado, los responsables irían a prisión, pero en la Agencia Tributaria reciben un bonus mayor»

«La situación en España no se parece a nada que haya presenciado en otros países. La Hacienda española está literalmente en guerra con los ciudadanos y con el tejido empresarial». Cuando Robert Ross Amsterdam (Nueva York, 1956) habla de nuestro país no utiliza eufemismos. Sus diagnósticos frontales y severos, forjados durante 40 años de litigios contra gobiernos y grandes estructuras de poder en múltiples jurisdicciones, tiene desde hace meses un nuevo enemigo: la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

«El sistema de sanciones en España no está diseñado para garantizar el cumplimiento, sino para intimidar y castigar», sostiene en privado... y en público. Amsterdam ha dado visibilidad a su pensamiento de una manera que no es nueva para él y su equipo: una doble página en el diario Financial Times en el que denuncia que, dentro de una política recaudatoria agresiva, el sistema de primas de los inspectores fiscales incentiva decisiones injustas.

«Demostraremos cómo no se cumple el principio de igualdad, se vulnera la presunción de inocencia, se niega de forma sistemática el derecho a una buena administración y se impide el acceso efectivo a la Justicia. Haremos todo esto, y mucho más, utilizando la abundante evidencia aportada por los propios contribuyentes», explica a Crónica el fundador y socio director de Amsterdam & Partners LLP, con sede en Washington y Londres.

Con una fama forjada en litigios globales de alto perfil, el abogado canadoestadounidense ha dirigido su artillería jurídica y mediática contra la AEAT con una serie de anuncios que pretenden «informar a personas que ya están afectadas o que estén considerando una decisión potencialmente desastrosa de trasladarse a España» sobre «los riesgos y peligros existentes».

«No es una ofensiva. Es una campaña de concienciación. Hemos solicitado reuniones con el Gobierno español, que pretendíamos utilizar para promover reformas -un ámbito en el que contamos con experiencia-, pero sin éxito», recalca. Su intención es mostrar «cómo el sistema de incentivos y bonus de la AEAT pervierte los procedimientos y los resultados para los contribuyentes». A su entender, «España es un caso extremo en materia de derechos del contribuyente. En todos los niveles, desde los ministros hacia abajo, se dejan de lado los controles, los equilibrios y la rendición de cuentas en la carrera por obtener una recaudación cada vez mayor». Quiere poner el foco «sobre los poderes ilimitados e ilegítimos de Hacienda» para «atacar no solo a empresas nacionales, sino también a individuos y empresas extranjeras».

El relato que traza es inquietante: despachos de abogados que no quieren representar a ciertos contribuyentes por temor a represalias; afectados abandonados por sus propios asesores; inspecciones que se convierten en «procesos de desgaste psicológico y económico...». «El mundo tiene derecho a saber lo peligrosa que es realmente la administración tributaria española», recalca. «Presentaremos pruebas específicas de vulneraciones flagrantes de las normas y leyes de protección de datos. Demostraremos cómo se han utilizado Reales Decretos para imponer nuevas obligaciones administrativas en materia tributaria sin el debido control democrático. Mostraremos cómo los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva se ven frustrados por la propia estructura de los tribunales económico-administrativos, que carecen de independencia, tal y como declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Santander. Estos tribunales son incompatibles con los principios básicos de legalidad», asegura.

No es la primera arremetida del bufete internacional contra la Hacienda española. Hace un año también eligieron al Financial Times para publicar un anuncio en el que se calificaba a los técnicos e inspectores de Hacienda como «carteristas fiscales españoles» (Spanish tax pickpockets) por perseguir a los contribuyentes extranjeros que se habían acogido a la denominada ''Ley Beckham' -una norma que permite a trabajadores foráneos espacializados tributar a un tipo fijo reducido durante un periodo de años- al considerar el sistema fiscal injusto y hostil.

El anuncio fue repicado en Bélgica (Le Soir) y Estados Unidos (The Wall Street Journal). En aquella ocasión, el ataque molestó sobremanera a la Agencia Tributaria, que en contra de su proceder habitual, respondió con dureza ante lo que consideraron «una campaña de desprestigio basada en acusaciones falsas y graves». El organismo dependiente de Hacienda rompió su costumbre de mantener silencio ante los debates públicos y recalcó la necesidad de comprobar la correcta aplicación de todos los regímenes fiscales especiales, ya que suponen una pérdida de ingresos para la Hacienda pública que hay que controlar.

Respuesta de Hacienda

La agencia señaló que, en los últimos diez años, solo el 0,5% de los aproximadamente 37.000 beneficiarios de la Ley Beckham había sido objeto de inspección por posibles incumplimientos. También defendió a sus inspectores, desvinculando los complementos de productividad que perciben de los resultados de los expedientes. Para los técnicos e inspectores, la campaña buscaba promocionarse para hacer clientes con «campañas agresivas y ajenas a la realidad».

En los últimos semanas se han puesto en contacto con Amsterdam decenas de autónomos y pequeños empresarios españoles, pero no especifica quiénes son sus clientes. «Como abogado, estoy sujeto a un deber de confidencialidad con mis clientes. No puedo comentar los casos concretos que presentaremos ante los tribunales europeos hasta que se hagan públicos. Pero cuando esos procedimientos avancen ante las instancias europeas, los comentaré en detalle y estaré encantado de responder a cualquier pregunta al respecto», afirma.

El abogado sí aclara que su despacho «existe desde hace más de 45 años» y «no tiene ningún interés en lucrarse con la desgracia del pueblo español». «Contamos con un número selecto de clientes que nos han autorizado a liderar esta lucha para cuestionar el funcionamiento del sistema tributario español y para traer justicia y una Carta de Derechos del Contribuyente a España. Eso es exactamente lo que pretendemos hacer».

Amsterdam lleva años estudiando el devenir patrio. Y sus consideraciones no son halagos. «El Estado de Derecho se está viendo socavado en España de muchas maneras distintas. El Instituto Juan de Mariana ha documentado el rápido y alarmante deterioro de la posición internacional del país en los últimos años. Uno de los ámbitos en los que este declive resulta más evidente es el de la administración tributaria», indica.

Para sustentar sus afirmaciones se refiere al profesor William Burke-White, que en una conferencia internacional de fiscalidad celebrada recientemente en Nueva York sostuvo que «el Estado de Derecho no se pone a prueba en los preámbulos constitucionales, sino en el funcionamiento cotidiano del gobierno. La administración tributaria representa la más continua y coercitiva de esas funciones».

Cuando Amsterdam señala que «la situación en España no se parece a nada que haya presenciado en otros países» incluye a Rusia, donde vivió uno de los momentos más duros de su carrera. En 2003 fue contratado para defender al hombre más rico del país, Mijail Jodorkovski, director ejecutivo de la petrolera Yukos y principal oponente del presidente ruso Vladimir Putin.

En 2005, Jodorkovski fue condenado a ochos años de prisión en una cárcel deSiberia. La noche del veredicto, Amsterdam fue detenido en plena noche por agentes de seguridad vestidos de civil que entraron en su habitación de hotel. Lejos de amendrentarse, inició una campaña mediática para lograr la liberación de Jodorkovski. Finalmente, el magnate y filántropo ruso salió de prisión en 2013.

El letrado afirma que en el régimen de Putin se sabe quién es el enemigo, pero en una democracia como la española, no. «Mostraremos cómo España es un caso extremo en materia de derechos del contribuyente y cómo en todos los niveles, desde los ministros hacia abajo, se dejan de lado los controles, los equilibrios y la rendición de cuentas en la carrera por obtener una recaudación cada vez mayor». Amsterdam se muestra especialmente crítico con «el sistema de incentivos y bonus de la AEAT que , en su opinión, «pervierte los procedimientos y los resultados para los contribuyentes».

"Viven con miedo"

Para el abogado, el núcleo del problema no reside únicamente en fallos individuales, sino en un diseño «perverso» del sistema. «Las personas y las empresas viven con miedo a la AEAT. Los inspectores son conscientes de ello y lo utilizan como un arma. Los despachos de abogados, incluso los de mayor tamaño, la temen y a menudo se niegan a representar a clientes que desean recurrir liquidaciones practicadas por los inspectores».

Desde su despacho se asegura que han presenciado como «clientes consolidados» pueden ser abandonados por sus abogados por miedo. Abona ese panorama que, a su entender, «los inspectores construyen relatos falsos para imponer pagos indebidos». «Ignoran pruebas documentales aportadas por los contribuyentes cuando no encajan en su relato. Omiten del expediente documentos clave que respaldarían la posición del contribuyente. Hemos visto todo esto y mucho más. Este comportamiento no es normal», recalca Amsterdam.

Como ejemplo pone a empresas que «han sido llevadas a la quiebra o forzadas a cerrar por la AEAT a causa de reclamaciones fiscales falsas formuladas por un inspector» y la falta de leyes y contrapesos para evitar que eso suceda, «como ocurre en la mayoría de los países». «Esto no es simplemente "una política fiscal dura". Si ocurriera en el sector privado, los responsables irían a prisión. En la AEAT, reciben un bonus mayor», resalta.

¿Por qué ocurre este comportamiento? Quien representar a Kim Dotcom en el caso de Megauload y a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en su batalla contra el Gobierno de Zelenski detalla tres razones: «El gasto público es derrochador, el país está endeudado y el Gobierno está desesperado por obtener cada vez más ingresos fiscales»; «el personal de la AEAT carece de la formación, la gestión, el compromiso moral y ético y las limitaciones procedimentales que existen en otros países» y «tienen incentivos económicos explícitamente vinculados a objetivos de recaudación».

"Mentrias flagrantes"

«Su Código Ético pone mucho más énfasis en la lealtad a la organización que en los derechos del contribuyente», critica el letrado, que dice haber visto «mentiras flagrantes» por parte de inspectores durante los procedimientos de inspección. «Hemos visto a la AEAT engañar a sus homólogos en otros países para obtener ventajas», resalta.

Frente a este diagnóstico, Amsterdam no se limita a la denuncia pública. Su campaña incluye propuestas concretas de reforma, inspiradas en modelos internacionales. «Proponemos la abolición del sistema de bonus y su sustitución por una estructura salarial competitiva alineada con el mercado, apoyada en indicadores de desempeño basados en una gama mucho más amplia de métricas de satisfacción del contribuyente y eficiencia», resalta. También aboga por la introducción de una nueva Carta de Derechos del Contribuyente, con carácter vinculante -similar a los modelos estadounidense o italiano- y reequilibrar la relación entre el contribuyente y la AEAT, estableciendo un marco de respeto mutuo y reforzarse el derecho constitucional del contribuyente a la presunción de inocencia «y a una presunción de veracidad equivalente a la de la AEAT ante los tribunales».

La posibilidad de que los contribuyentes impugnen las actuaciones de inspección durante el propio procedimiento -y no solo al final- y la estipulación de que el pago de las liquidaciones solo se produzca una vez exista una resolución firme tras la inspección y los recursos son las otras dos propuestas para «reforzar la presunción de inocencia «y «evitar que la obligación de pagar liquidaciones injustas siga funcionando como un mecanismo para impedir o retrasar el acceso a la justicia».

Si el presente ya le parece alarmante, el futuro inmediato le resulta directamente inquietante. Especialmente por la combinación de nuevas obligaciones informativas y el uso intensivo de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial. «Lo que estamos presenciando no es una modernización normal», advierte. «Se está construyendo una arquitectura de vigilancia permanente sobre ciudadanos y empresas. España avanza hacia un modelo de control fiscal que trata a todo contribuyente como un infractor potencial -es más, como un infractor probable-, sometido a una supervisión continua sin salvaguardias judiciales efectivas».

Supervisión contínua

El Suministro Inmediato de Información, la facturación electrónica obligatoria, la recopilación masiva de datos de plataformas digitales, intermediarios de pago y criptoactivos configuran, según Amsterdam, «un sistema de supervisión continua en el que todo contribuyente es tratado como infractor potencial». «Existe una lista de nuevos procedimientos que se implantarán en 2026 con el apoyo de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial. Temo por la seguridad de los contribuyentes normales en España, que se enfrentan a una intrusión ilimitada de Hacienda en su vida cotidiana», manifiesta.

Amsterdam vaticina «un sistema de caja negra en el que se adoptan decisiones con graves consecuencias económicas sin explicación, sin rendición de cuentas y sin recurso efectivo.» De ahí su advertencia: « Hacienda quiere ser el Gran Hermano: porque se ha perdido completamente el equilibrio entre el control fiscal y los derechos fundamentales».

«Ante los tribunales europeos presentaremos pruebas de la vulneración de derechos consagrados no solo en la Constitución española, sino también en el Derecho de la UE. Aportaremos pruebas concretas de la quiebra de la seguridad jurídica, una cuestión ampliamente criticada por juristas y académicos en España», refiere el que fuera representante de los Camisas Rojas de Tailandia, que también critica «la falta de proporcionalidad en las inspecciones y en las sanciones», algo que afirma que ya ha sido «reconocido por los tribunales europeos como un problema específico español».

Aunque no revela los casos concretos que llevará ante Bruselas, sí adelanta el tipo de situaciones que servirán de referencia. Y menciona un precedente clave: el Modelo 720. El TJUE declaró que este sistema vulneraba el Derecho de la UE, en particular los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libre circulación de capitales. «La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión», señalaba la sentencia del TJUE, que identificó tres puntos por lo que esta legislación que iban «más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos».

«España tiene un historial débil ante los tribunales europeos en materia de sanciones. Estas pueden ser arbitrarias y desproporcionadas. Existen numerosos sobre el uso extraordinario de sanciones excesivamente elevadas por parte de Hacienda». Una advertencia sobre su nueva cruzada, una confrontación frontal contra un modelo de Estado, los límites del poder administrativo y el lugar que ocupa el ciudadano frente a la Administración Pública.