Miriam Zamora-Letelier se pregunta por qué la muerte de su padre "supone un quebranto para los Presupuestos y la de otros militares no". Lo dice sabiendo que, cuando solicite la indemnización al Ministerio de Defensa, le responderán con la misma frialdad con la que desestimaron la del teniente José Candón el 29 de julio. Su padre, el sargento primero Víctor Manuel Zamora Letelier, y Candón participaban en unas maniobras el 24 de febrero de 2011 en el campo de tiro de El Palancar (Hoyo de Manzanares). Una munición inútil —destinada a ser destruida— explotó y dejó cinco muertos y tres heridos, Candón y otro de ellos de gravedad. Con los años, el accidente militar más antiguo sin resolución administrativa en España dejó de ser solo un infortunio para convertirse en una cadena de negligencias que nadie, en Defensa, se ha atrevido a investigar a fondo.
A lo largo de 13 años, familias y supervivientes han interpuesto varios recursos legales. La Justicia Militar nunca ha declarado responsabilidades penales. Inicialmente, la causa se archivó. En 2018, el Tribunal Militar Territorial Primero dictó el sobreseimiento definitivo del caso, al no encontrar pruebas suficientes para atribuir responsabilidades. Sin embargo, se instó al Ministerio de Defensa a indemnizar a las víctimas a través de la vía de responsabilidad patrimonial.
La hazaña jamás contada del Ejército español en el corazón de África
La última petición de reparación patrimonial solicitada por Candón ha sido desestimada por el Ministerio. Tal y como refleja el documento firmado por la ministra Margarita Robles el 29 de julio de 2024 y al que ha tenido acceso Crónica, alegan que "supondría un quebranto económico del tesoro público" y se escudan en el informe de fiscalización desfavorable emitido por la Intervención General del Estado el 24 de julio de 2024.
"Una burla más", dice Miriam durante su conversación con Crónica. "Está claro que la justicia militar no sirve para nada, pero, si en la civil sí se ha demostrado que hay una negligencia, ¿cómo tienen la poca vergüenza de responder eso?"
Durante el proceso, las víctimas también han solicitado actuaciones adicionales, como la revisión de pruebas y la implicación de expertos sobre el estado del material explosivo. La insistencia en las indemnizaciones rehúye, como afirman ambos, de un interés solamente monetario. Su concesión implicaría el reconocimiento de un error en la investigación que el Ministerio no quiere admitir. "La planta cuarta del Ministerio de Defensa es el lugar donde menos cobardes debería de haber y dónde más hay", dice el teniente sin miramientos.
"Éramos maestros de maestros"
Aquel día ocho militares de Tierra e Infantería de Marina ejecutaban unas maniobras para la desactivación de ocho minas contra-carro. Los infantes se estaban preparando para el despliegue en la misión de las Naciones Unidas en el Líbano. "Teníamos una amplia experiencia, éramos maestros de maestros", relata Candón a Crónica sobre la destreza del grupo en desactivación de explosivos.
Algunos habían estado en Irak, Afganistán, Kosovo o Líbano. Letelier a sus 44 años había participado en la Guerra del Golfo, tenía tres cruces al mérito naval, otra por la Guerra de Yugoslavia en la misión OTAN y otra al servicio de política europea de seguridad y defensa.
A las 10:30 de la mañana se produjo la explosión. Al principio se habló de la fatalidad inherente a un ejercicio militar. Esta creencia se desmoronó cuando se supo que el material explosivo había sido catalogado como "inútil estado 40". No debía usarse. Había quedado sentenciado en un expediente a la espera de ser desmilitarizado o destruido. Sergio Valdepeñas Martín, Mario Hernández Mateo, Miguel Ángel Díaz Ruiz, Javier Muñoz Gómez y Víctor Manuel Zamora Letelier perdieron la vida como consecuencia.
"La mejor forma de morir para mi padre, viendo la clase de militar que era, hubiese sido en una misión, pero murió porque un 'representante de España' decidió que merecía más la pena economizar que la vida de unos subordinados" apunta Miriam. Ese mismo año, el presupuesto del Ministerio de Defensa se había reducido un 6,64%, pasando de 7.357.062 millones de euros a 6.868.197.
Mensajes internos del Ejército de Tierra del año 2007 —a los que accedió La Información— revelaron el uso de munición "inútil" en prácticas E.O.D. (Desactivación de Explosivos). En esta comunicación, el entonces Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre (JEMFUTER) solicitó a la Dirección de Sistemas de Armas (DIRSAR) y al Mando Logístico (MALOG) el uso de este material para no perder oportunidades de adiestramiento. "La munición inútil que se encuentre incluida en expedientes para su destrucción o desmilitarización podrá ser entregada para la realización de este tipo de ejercicios", refleja el documento.
Desde el principio familiares y heridos han exigido encontrar a los responsables del uso de aquel material. La Justicia militar ha intentado dar carpetazo, pero ellos no han desistido. "La negligencia tiene nombre y apellidos", apunta Miriam. "Si sus hijos fueran tropa, esto no hubiera pasado. Nadie mata a su hijo a conciencia", sentencia.
Imputado como acusado sin pruebas
En octubre de 2013, el Juzgado Togado Militar Territorial archivó las actuaciones al apreciar que los hechos investigados no constituían causa de delito alguno. Candón —quien perdió un ojo, el 80% de visión en el otro, audición, tiene metralla por todo el cuerpo y ha pasado más de 35 veces por el quirófano— solicitó la pertinente reparación patrimonial de los daños. Dos años después, el Ministerio de Defensa desestimó dicha reclamación a pesar del informe favorable del instructor del expediente considerando oportuna la cifra de 600.000¤ a indemnizar.
El caso vivió nuevos intentos de apertura con informes periciales que destaparon más negligencias. Estos nuevos hechos no catalogados jurídicamente ni tenidos en cuenta en la instrucción anterior no bastaron. La parálisis procedimental imperante durante toda la instrucción acabaría provocando la prescripción de los supuestos delitos cometidos.
Durante tres años, la jueza instructora del caso, la comandante Patricia Moncada, no realizó una sola actuación. La víspera de la prescripción de los delitos imputaría a Candón como acusado del accidente. No existían indicios para ello, cometiéndose una vulneración del derecho a la legítima defensa del teniente.
En 2022, la jueza sería apartada del caso ya que, según el Tribunal Militar, existían "motivos para apreciar que la apariencia de imparcialidad" había quedado "cuestionada con razón suficiente". "Nos sentimos traicionados porque ha prevalecido la protección de la cadena de mando antes que las víctimas", apunta Candón.
Indemnizaciones a accidentes posteriores y hechos recientes demuestran el doble rasero que denuncian. Fallecimientos, como el del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Martorell Lacave, en una cama del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras una larga enfermedad, ilustran la desigualdad. Reconocida su muerte como "en acto de servicio", la base reguladora de la pensión de su viuda se duplicó. Un beneficio que contrasta con la falta de apoyo hacia las familias de otros militares de menor graduación.
Las familias de los accidentados en El Palancar llevan 13 años luchando por esclarecer la verdad. Más de una década dejando de creer en la supuesta justicia imperante en las Fuerzas Armadas y viendo el favor y la arbitrariedad con otros en un organismo que defendían y respetaban.