El pasado mes de noviembre, apenas unas semanas después de la trágica dana que arrasó Valencia, el Ministerio para la Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera adjudicó un contrato de emergencia para la instalación del llamado sistema de alerta temprana (SAT). La ex ministra había negado en el Congreso de los Diputados cualquier responsabilidad en la gestión de la riada, si bien admitió que la alerta temprana «salva vidas». Aquel sistema, instalado en el Ebro pero no en la cuenca del Poyo cuyo desbordamiento causó buena parte de las 229 muertes, sigue sin estar listo.
Cuando están a punto de cumplirse 11 meses de la tragedia, y a las puertas de la temporada de lluvias, lo cierto es que el SAT continúa sin estar plenamente operativo. Así lo admiten fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio que hoy capitanea Sara Aagesen. La entidad que preside Miguel Polo -quien declarará este viernes como testigo por primera vez ante la jueza que instruye la dana- reconoce que se ha tenido que sacar ahora un segundo contrato, a pesar de que el adjudicado en noviembre tenía un plazo de ejecución de seis meses. «En estos momentos está en fase de licitación, por valor de 1.690.454,64 euros, la ampliación de este sistema a toda la cuenca del Júcar», señalan estas fuentes, que precisan que el contrato tendrá una duración de tres años.
Según la documentación del Ministerio, el objetivo de la instalación del sistema de alerta temprana no era otro que mejorar «la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones», de forma que se «reduzca el efecto de las inundaciones». ¿Cómo? Por ejemplo, con «previsiones a corto plazo» de los cauces más afectado por la dana del 29 de octubre, como el barranco del Poyo, el río Magro y la cuenca vertiente al embalse de Buseo.
El SAT, en definitiva, debe servir para complementar la información que suministra la Confederación Hidrográfica a través del llamado SAIH o Sistema Automático de Información Hidrológica. En los informes remitidos a la jueza, la CHJ defiende que el SAIH notificaba en tiempo real todos los datos relativos a los caudales el día de la dana. Una versión que ha respaldado la magistrada Nuria Ruiz Tobarra pero que ha cuestionado un informe de la Guardia Civil -habla de «inexistencia de avisos»-, así como la Generalitat y los dos ex altos cargos imputados. Tanto Salomé Pradas como Emilio Argüeso mantienen la teoría del «apagón informativo» sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, del que se acusa a la CHJ de no informar.
El SAT, en cualquier caso, será una herramienta complementaria, aunque desde la CHJ se habla sólo de la implantación de una «versión inicial» con ese primer contrato de emergencia. Es más, en la documentación remitida a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, la CHJ achaca a la «complejidad» de los sistemas de alerta temprana el retraso en su tramitación administrativa.
«Ante la imposibilidad de finalizarlo en el plazo de ejecución previsto para ajustarse al plazo de cumplimiento de hitos y objetivos establecido en el PRTR [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia], se decidió su financiación con el presupuesto ordinario de la Dirección General del Agua» del Ministerio, según justifica la documentación de la CHJ. En ella se destaca también que en la actuación de emergencia «se incluyó una primera implantación de un sistema de alerta temprana en las áreas más afectadas por la dana» para «facilitar la emisión de avisos hidrológicos».
Sin embargo, ese expediente inicial se tuvo que «adaptar» a uno nuevo, que es el que ahora está en fase de licitación. El nuevo contrato, eso sí, tendrá una duración de tres años «para poder explotar el sistema y dar información asociada, pero estará operativo a corto plazo para los datos pluviométricos y progresivamente para todos los cauces y embalses», según fuentes de la CHJ.
POR ZONAS
Estas mismas fuentes afirman que «los módulos pluviométricos ya están operativos», mientras que «los hidrológicos se irán implementando por zonas, progresivamente». Fuentes de la Generalitat Valenciana lamentan que «el Gobierno prometió en noviembre que en seis meses estaría en marcha el SAT en la cuenca del Júcar», cuando «casi un año después ese sistema no existe». «Sólo está en tramitación administrativa», denuncian estas fuentes.
De hecho, el Gobierno de Carlos Mazón sigue apuntando a la Confederación Hidrográfica del Júcar como uno de los principales responsables de lo ocurrido el pasado 29 de octubre, aunque la jueza ha rechazado citar a su presidente en calidad de investigado y mantiene todo el foco de la responsabilidad sobre la Generalitat por el envío tardío del ES-Alert.
La Generalitat ha argumentado que la polémica reunión del Cecopi que gestionó la emergencia en la tarde de la dana estuvo centrada en la posible rotura de la presa de Forata porque la CHJ no informó de lo que sucedía en el barranco del Poyo. Este extremo lo han confirmado los testigos que han ido pasando por el juzgado, incluida la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien llegó a admitir que Polo tampoco la avisó.