En junio de 2024 el entonces director de Innovación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Roke Oruezabal, se plantó ante el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, acompañado de la directora científica, María Blasco.
Había un problema grave, entendían ambos, y aunque el CNIO depende en primer término de su Patronato y en segundo del Instituto Carlos III, tanto la directora científica del centro como el responsable de Innovación creían que la gravedad de los hechos merecía elevar el tiro.
Su queja: la gerencia del CNIO, liderada por el hoy investigado por Fiscalía Anticorrupción Juan Arroyo, estaba intentando ceder «gratuitamente» a Mariano Barbacid dos patentes en las que la casa había invertido esfuerzo y dinero, que eran hasta ese momento del CNIO y que, reclamaban, no podían despatrimonializarse sin pasar por los controles reglados y sin contrapartida.
Un año después, en junio pasado, como ha podido saber EL MUNDO, Oruezabal era despedido tras un expediente por presunto acoso laboral que en esta nueva etapa gerencial en la institución se tacha de «raro», tras un procedimiento interno "cuanto menos dudoso" -el comentario es de las mismas fuentes-.
Blasco, ya se sabe, fue descabezada por el propio Ministerio, que pretendía limpiar la casa de años de sospechas, pero su adversario jurado, el gerente Arroyo, uña y carne con Mariano Barbacid, se quedó emboscado como Vicedirector de Asuntos Económicos hasta que EL MUNDO publicó en noviembre pasado que el director de Operaciones y la de Compliance le habían denunciado por, supuestamente, liderar una trama que habría desfalcado 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer en 17 años.
Anticorrupción comenzó entonces a investigarle -la denuncia se había presentado en mayo pero hasta que este diario no publicó su existencia no se devolvió de la Fiscalía de Madrid a Anticorrupción-, y hace dos semanas Arroyo fue despedido.
Sus denunciantes, de hecho, habían pedido ayuda también a lo largo de 2025 a Cruz Cigudosa ante lo que se estaban encontrando en las cuentas, y también cuando entrevieron que les iban a pasar a cuchillo laboralmente. Pero de nada les sirvió: su investigación de las cuentas desde dentro les valió el despido como represalia, como ha certificado ahora la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que se dispone a sancionar al centro, como también ha publicado EL MUNDO.
El juicio por despido nulo a Oruezabal, que denunció en el Ministerio el presunto trato de favor de Arroyo a Barbacid, será en septiembre, y a través de su historia se cuenta el clima poco ventilado que se encontró a su toma de posesión en la institución, el 1 de septiembre pasado, el actual gerente, José Manuel Bernabé, que desde entonces va dando pasos con pies de plomo para tratar de limpiar la institución.
No sin turbulencias: el diario 'ABC' publicaba este martes que en el CNIO se desconfía de su "cercanía" con María Blasco, la ex directora científica, cuando como ha podido confirmar este diario dicha relación directa no existe, tan sólo comparten determinados "conocidos".
Oruezabal, como director de Innovación del centro, tuvo noticia a finales de mayo de 2024, según ha confirmado este diario, de que Arroyo había enviado al Patronato el día 17 de ese mes una propuesta de acuerdo para cederle "gratuitamente" las patentes a Vega Oncotargets sin pasar, como debía preceptivamente, por Innovación ni por la Oficina de Transferencia, encargada también de valorar este tipo de propuestas.
Tras la queja tanto de Blasco como de Oruezabal, este en el Comité de Directores, Arroyo retiró la propuesta, que finalmente pasó por los cauces reglamentarios y terminó con un acuerdo para ceder la segunda de esas patentes, que como ha publicado EL MUNDO se consideró «inviable» y que ahora Barbacid trata de desarrollar -a cambio el CNIO se quedó un 5% de Vega Oncotargets-.
El propio Arroyo admitió en varios correos posteriormente que había dado traslado de la propuesta de Vega Oncotargets al Patronato en "sólo 15 minutos" -es decir, sin valorarla-, y sin pasar ni por Innovación ni por la Oficina de Transferencia, lo que provocó la denuncia de Oruezabal y Blasco ante la Secretaría de Estado.
Consultado por este diario, el entorno de Arroyo ha explicado a este diario que la dirección de Innovación "jamás estuvo en los estatutos" del CNIO, que Oruezabal y Blasco "se quejaban por cualquier cosa", y que todo el tracto para renunciar a la patente se hizo de forma legal.
Sin embargo, el panorama de Oruezabal se oscureció rápidamente después de oponerse a "regalar" las patentes. Recibió una queja por abuso de poder, de una miembro del comité de empresa que trabajaba a sus órdenes, y un "comité de investigación" que la transformó en denuncia por acoso laboral comenzó a valorar su posible despido.
En dicho órgano, que debía durar un mes pero al que decidir le llevó un año, participó durante seis meses Carmen Guerra, la investigadora que firmaba las dos patentes junto a Barbacid, lo que provocó la recusación por parte de Oruezabal -la presunta acosada era además compañera de Guerra en el comité de empresa-.
Guerra, que ha negado a este diario haber participado en dicho comité de investigación, y que salió finalmente del órgano sin aceptar la recusación, tenía otra cuenta pendiente con Oruezabal según éste: él se había negado a aceptar en Innovación a una hermana de ella -Guerra también niega esto-, por cierto que con un contrato de jornada completa irregular según CSIF.
Ya en enero de 2025, tras varias estruendosas informaciones en el diario 'El País', otras denuncias por presunto acoso provenientes mayormente de Comisiones Obreras -como ha comprobado este diario- sacaban de la dirección científica a la otra pata de la denuncia ante Cruz Cigudosa: María Blasco era destituida, en parte por supuestos manejos económicos (de los que no se ha vuelto a saber) con CNIO Arte, división de la institución creada por ella en orden a conseguir financiación para proyectos.
El papel de CCOO en todo este tracto, aseguran fuentes consultadas, habría sido esencial: el propio vicegerente del CNIO, el ya despedido José Ignacio Fernández Vera, admitió en un juicio de una trabajadora que llegó a oficiar como "asesor legal" del sindicato en la casa: un alto cargo de la empresa asesorando al comité de empresa.
Y en junio de 2025 Oruezabal era finalmente despedido, al decidir el comité de investigación que el acoso en efecto se había producido -poco antes que los otros dos denunciantes contra Arroyo, destituidos el último día de agosto justo antes de la entrada del nuevo gerente-.
Oruezabal ha denunciado que el proceso se realizó sin las debidas garantías, los actuales rectores de la institución recelan de cómo se llevó a cabo ese comité de investigación, y la Justicia tomará la palabra, en este lance laboral del complejo 'Caso CNIO', en septiembre próximo.