Hoy se hace pública una de las normas con las que la cartera de Pablo Bustinduy busca dejar huella en la alimentación de los españoles: el real decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.
A lo largo de este año, el Ministerio de Consumo ha ido desvelando sus intenciones sobre cómo deberían ser los menús escolares, en hospitales y en residencias, todo desde la premisa de una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente. "Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio", ha recalcado Bustinduy, durante su intervención en el marco de la XVI Convención NAOS, en un acto donde se han entregado los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS y que ha sido presidido por SM la Reina.
El objetivo de actuación no sólo son centros públicos como colegios, museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo. Las mejoras se aplicarán también en los centros, sean públicos o privados, que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales como centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.
La norma se ajusta así a las reclamaciones de la comunidad científica que alerta de la enorme presencia de los ultraprocesados en las dietas actuales y sus repercusiones para la salud. La última advertencia la hacía un grupo internacional de expertos desde la revista The Lancet.
Durante el acto, la Reina Letizia ha denunciado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es el doble entre los niños de familias con rentas bajas que entre aquellos con una mejor situación económica, haciendo alusión al estudio Aladino, al tiempo que ha destacado el "gran esfuerzo" que están llevando a cabo las Administraciones para revertir una "realidad tozuda".
Bustinduy ha dejado claro que "la alimentación saludable debe ser una prioridad para los poderes públicos". Por eso, también ha anunciado el siguiente paso: regular la publicidad de alimentos insanos destinada a niños y adolescentes. "En este país, el 80 por ciento de niños y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables. Pero son aquellos que están más expuestos a estos mensajes publicitarios quienes los consumen en mayor proporción", ha denunciado
"El consumo creciente de ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública. En esa realidad tozuda que mencionaba antes hay muchos factores muy complejos de naturaleza diaria", ha dicho la Reina Letizia, durante su intervención.
¿Cómo van a poner coto a los ultraprocesados?
Se va a limitar la cantidad máxima de ultraprocesados y frituras que se puedan servir en los menús. En aquellos centros en los que haya un régimen residencial o pensión completa, habrá como máximo dos raciones semanales de ultraprocesados. En el caso de los desayunos y meriendas, el límite será de máximo uno a la semana.
Para los menús infantiles de todos los centros mencionados se excluirán por completo todos los ultraprocesados. Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.
La medida, además, garantizará que al menos un 80% de los productos de las máquinas 'vending' sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras, productos que, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad.
Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.
Consumo también garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%).