- Directo Última hora del accidente de tren en Córdoba y Barcelona
- Transporte Rodalies de Catalunya: problemas crónicos de inversión, crisis política y un largo historial de incidentes
- Política Vox llama a "una ofensiva en la calle" por el caos ferroviario y se querella contra los responsables de Adif por el accidente de Adamuz (Córdoba)
- Gobierno Pedro Sánchez culmina el traspaso de Cercanías con otro gesto a ERC: le cede un puesto en el consejo de administración de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya
Rodalies se ha convertido para el Govern en la principal piedra en el zapato de la legislatura que echó a andar hace menos de un año y medio. Y, con el expediente abierto ayer a Renfe, en la primera grieta visible con el Gobierno del PSOE.
El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, había advertido el miércoles, tras la paralización del servicio ferroviario después del accidente de Gelida (Barcelona), que el jueves no iba a ser «un día fácil para la movilidad», pese a anunciar la reanudación progresiva de la circulación de trenes a partir de las seis de la mañana. Pero, incluso en esa cautela, el conseller que ha asumido el timón del Ejecutivo catalán por la hospitalización del president Salvador Illa pecó de optimismo y el caos volvió a adueñarse de los andenes a primera hora tras el plante de los maquinistas.
El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, cargó contra Renfe por no prestar el servicio, pese a que Adif hubiese emitido «un certificado garantizando la operatividad y la seguridad» de la red. «Es intolerable», dijo al comunicar la decisión de abrir un expediente a la empresa operadora.
La enésima crisis ferroviaria en Cataluña llega solo una semana después de que la Generalitat anunciase a bombo y platillo la constitución de Rodalies de Catalunya, la empresa mixta que deberá asumir el papel de Renfe en el traspaso de las competencias acordado entre el PSOE y Esquerra Republicana, en noviembre de 2023, para la investidura de Pedro Sánchez. «El Govern no promete milagros, sino trabajo, dedicación y responsabilidad», dijo la portavoz y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la presentación oficial de la sociedad mercantil participada por la Administración catalana y por la propia Renfe.
El recorrido de esa declaración de intenciones se ha dado de bruces con este nuevo conflicto. Los partidos independentistas han vuelto a acusar al PSC de ser complaciente con el Gobierno socialista. «Si hay que escoger entre dimisiones y soluciones, elegimos soluciones; pero, si no aportan soluciones, al final tendremos que exigirles dimisiones», avisó el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras haber mostrado en días anteriores satisfacción con los pasos en dirección a un traspaso que los republicanos insisten en que será «integral». Es decir, con el control sobre trenes y trabajadores (hoy en manos de Renfe) e infraestructuras (Adif). «El Govern de los que dan lecciones de gestión ha quedado retratado», apuntó Junqueras, que apremió a acelerar la gobernanza catalana sobre Rodalies.
Óscar Puente
Precisamente ayer, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avisó de que el traspaso total del servicio de Cercanías a la Generalitat no es posible, ya que gran parte de su trazado comparte vías con trenes de larga y media distancia y de mercancías. «No se puede transferir la red porque estaríamos troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos», explicó en una entrevista en Cope.
Las palabras de Puente no revelan nada nuevo, más allá de discursos grandilocuentes y polémicas políticas. Hace justo un año, la Generalitat anunció el inicio de los trámites para la transferencia de la R1, la denominada línea del Maresme, que conecta las estaciones de Molins de Rei (Barcelona) y Maçanet-Massanes (Girona) y será la primera en que se ejecute el traspaso en 2027. Pero su exclusión del catálogo de la Red ferroviaria de interés general, que deja la titularidad en manos autonómicas, no es completa, ya que no incluye la bifurcación de Sagrera porque da servicio a otras infraestructuras de competencia estatal (alta velocidad).
Más dura que la queja de Esquerra fue la de Junts, partido que desde el principio ha denostado el pacto de los republicanos con Sánchez como un traspaso a medias. Su presidente, Carles Puigdemont, atribuyó la crisis del sistema ferroviario a «la dependencia del Estado», la «falta absoluta de liderazgo» de Illa y «la sumisión del Govern a Madrid». «En manos de los españoles, las infraestructuras no funcionan», sentenció el líder neoconvergente.
Para el ex presidente de la Generalitat, «el caos no se soluciona creando un nuevo organismo en el que sigue mandando Renfe, sino haciendo un traspaso íntegro de todo el sistema ferroviario». Puigdemont reunirá mañana en el sur de Francia a la dirección del partido, de forma extraordinaria, para abordar este asunto.
Aunque por otros motivos, la transferencia de Rodalies también fue descalificada ayer por Vox. En un acto en Barcelona, su secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que la mejora del servicio «no pasa por ceder las competencias a unos auténticos ineptos» y llamó a los ciudadanos a «una ofensiva en la calle contra el caos ferroviario».