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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha puesto sobre la mesa su propuesta para flexibilizar la norma que, desde 2018, obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda de protección oficial.
El regidor del PSC ya dejó claro al inicio de su mandato, hace justo dos años, que no se sentía cómodo con una de las medidas estrella de la anterior alcaldesa, Ada Colau, que lideró un Gobierno municipal en que los socialistas eran el socio minoritario de la coalición con Barcelona en Comú.
Collboni ha remitido a los grupos políticos del Ayuntamiento un plan que rebaja las condiciones actuales, ya que considera demostrado que "no funcionan". Si sale adelante, la reserva solo se aplicará en edificios de a partir de 1.500 metros cuadrados de superficie, mientras que ahora el límite empieza en 600 metros cuadrados.
La propuesta del Gobierno local incluye la posibilidad de no tener que reservar este porcentaje de pisos protegidos en el mismo bloque que se construye, de modo que se pueda traspasar a otros solares o pisos vacíos del mismo barrio o de uno limítrofe (esto último ya es posible actualmente, aunque sujeto a condiciones).
Aunque el Ejecutivo de Collboni asegura que negocia con todos los partidos, las opciones pasan por un acuerdo con Junts, una entente que garantiza la mayoría absoluta (21 concejales de 41).
También hay conversaciones con Esquerra Republicana, aunque la suma de sus cinco ediles con los diez del PSC se queda a seis de los votos necesarios para que la reforma vea la luz verde.
Parque de vivienda
Los comunes, por su parte, dan por enterrada cualquier posibilidad de diluir la norma que blandieron hace siete años como principal estrategia para aumentar el parque público de vivienda en Barcelona. PP y Vox solo contemplan que la medida sea revocada.
La reserva del 30% fue aprobada en septiembre de 2018, en el primero de los dos mandatos de Colau. En aquel momento, los socialistas no formaban parte del Gobierno municipal, ya que la coalición con Barcelona en Comú iniciada en 2016 se rompió a raíz del referéndum del 1-O y sus consecuencias políticas y judiciales, pero fue reeditada en el mandato 2019-2023.
No obstante, los votos del PSC contribuyeron a la aprobación en el Pleno municipal. También se pronunciaron a favor PDeCAT (hoy Junts), ERC y CUP.