- Investigación La UCO detiene al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico
Al tiempo que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta, presentaba ayer un poderoso paquete de ayudas (7.000 millones de euros) aprobado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedía a la detención en Sevilla y Málaga de cinco personas relacionadas con un presunto pelotazo urbanístico que salpica al PSOE. Entre los arrestados se encuentra Rafael Pineda, que hasta el mes de septiembre de 2025 era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, cargo del que tuvo que dimitir tras conocerse su supuesta implicación en los hechos que se investigan.
Las pesquisas del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ponen de nuevo bajo los focos un caso de presunta corrupción que afecta al PSOE de Sevilla, a pocos meses de las elecciones autonómicas y con las encuestas bajo mínimos para los intereses de la candidata socialista, que vio ayer cómo la apuesta del Gobierno por la «reconstrucción» de las zonas afectadas por las inundaciones tenía que competir en los espacios informativos con la operación de la UCO.
Rafael Pineda es un viejo conocido en el PSOE de Sevilla por su trayectoria en la política local, ya que ostentó diversos cargos en el Ayuntamiento de Sevilla en la época en la que gobernaban los socialistas. Posteriormente fue repescado como jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en tiempos de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actualmente vicepresidente del Congreso de los Diputados.
Cuando el actual delegado del Gobierno, Pedro Fernández, asumió el puesto, éste mantuvo en el cargo a Pineda hasta que, en septiembre pasado, tuvo que renunciar por su participación en la operación urbanística bajo sospecha. También se conoció semanas después que, en el transcurso de la investigación, la Guardia Civil habría registrado unas conversaciones de las que se desprendía que Pineda habría mediado para acelerar la regularización de unos extranjeros a petición de un empresario investigado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En cuanto a la operación urbanística bajo sospecha, la UCO apunta que Pineda y su mujer, Olga Pérez, junto a otros dos socios, resultaron adjudicatarios de un solar de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) el 4 de septiembre de 2024, a través de la sociedad Higuerón Real Estate (HRS). Cuando aún no habían pasado cinco meses, el 22 de enero de 2025, el mismo solar se vendió a Eryel Invest (propiedad del holding empresarial Burger King Spain) por un precio de 3,95 millones de euros.
Según el atestado policial, la operación les reportó 2.178.488,13 euros, de los cuales el matrimonio Pineda Pérez se habría quedado con 639.120,63 euros. El resto se lo repartieron entre los socios de la operación Jaime García Alegre Luzárraga, antiguo copropietario de HRS y trabajador del holding Burger King Spain; José Luis Gómez Castañeda (que también fue socio en HRS y ayudó a financiar la compra; Marta González García; y la sociedad UNUK Capital. Además, abonaron 78.650 euros a una empresa propiedad de Daniel Muñoz Lorencio, jefe de sección de Terciarios en Emvisesa, la empresa municipal que adjudicó el solar a los ahora investigados, a los que supuestamente «asesoró» durante la operación.
La venta por parte de Emvisesa se produjo durante el actual mandato, con un alcalde del PP (José Luis Sanz) al frente. Sin embargo, Higuerón Real Estate era ya beneficiaria previa, en régimen de alquiler y por 50 años, de ese mismo solar (en una operación realizada durante el gobierno del socialista Juan Espadas). Esa condición de arrendataria del solar situó a HRS en una posición de ventaja para hacerse con la propiedad del suelo a un precio favorable a sus intereses, para inmediatamente después venderlo por más del doble. En el solar de 10.000 metros cuadrados, por el que la arrendataria pagaba 108.000 euros al año, se instalaron dos restaurantes de comida rápida y una gasolinera.
La UCO acudió a mediados de septiembre a la sede de Emvisesa para recabar información sobre los expedientes urbanísticos, llevándose diversa documentación y material informático, tal y como informó aquel día EL MUNDO.
Según publicó posteriormente Diario de Sevilla, en el transcurso de la investigación judicial la Guardia Civil habría descubierto otros hechos que apuntan a un supuesto trato de favor de Rafael Pineda, desde su puesto en la Delegación del Gobierno, a un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que le habría pedido ayuda para la regularización de varias personas extranjeras que trabajan a sus órdenes. De hecho, la investigación sobre el pelotazo urbanístico de los suelos de Pino Montano se inició como una pieza separada de esa otra investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y relacionada con el blanqueo de capitales del narcotráfico.
Rafael Pineda es el segundo alto cargo del entorno del actual delegado de Gobierno, Pedro Fernández, que abandona el puesto tras verse salpicado por un caso de presunta corrupción. Previamente, también fue relevado el que fuera coordinador técnico de Infraestructuras, Toño Fernández, vinculado presuntamente a una de las empresas de la trama beneficiada por Koldo García.