- Consejo de Ministros El Gobierno empieza a tramitar siete meses después el paquete anticorrupción anunciado por Pedro Sánchez tras la detención de Santos Cerdán
El Gobierno de España ha aprobado este martes un paquete de ayudas por un valor total de 7.000 millones para paliar los daños del último temporal y que se destinarán principalmente a Andalucía y Extremadura, con compensaciones directas para los vecinos que se han visto obligados a abandonar temporalmente sus viviendas y fondos para la reconstrucción de inmuebles, negocios, cultivos y carreteras o caminos rurales.
Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía), la encargada de dar los detalles de un conjunto de inversiones e indemnizaciones que se pondrán a disposición de los damnificados de un "tren de borrascas" que llegó a obligar a dejar sus casas a más de 12.400 personas y ha arruinado cientos de negocios y miles de hectáreas de cultivos.
"El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción de las infraestructuras que han quedado afectadas", ha explicado Montero, que ha enmarcado la catástrofe en los efectos del cambio climático y solicitado un consenso político para la adopción de medidas que permitan hacerle frente en el futuro.
Entre las medidas puestas en marcha en beneficio de las familias afectadas, la vicepresidenta primera ha destacado las ayudas directas de 150 euros por persona y día para los que han tenido que desalojar sus casas, de forma que un hogar de cuatro miembros que haya tenido que desplazarse diez días percibirá 6.000 euros. Además, se han incrementado sustancialmente las indemnizaciones por los daños en la vivienda, siendo de hasta 60.480 euros en el caso de que haya quedado totalmente destruida. Caundo los daños no afecten a la estructura de la casa, la indemnización podrá alcanzar un máximo de 20.640 euros. Y la compensación por daños en los enseres domésticos podrá elevarse hasta los 10.320 euros.
El Gobierno habilitará puntos de atención a los damnificados en las oficinas de Tragsa y Correos de los municipios para facilitar la recogida de solicitudes.
También los ayuntamientos afectados tendrán acceso a recursos extraordinarios. Así, se arbitrará un fondo de 2.000 millones para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Los ayuntamientos podrán utilizar su superávit de 2025 en inversiones vinculadas a la reconstrucción y se flexibilizará la regla de gasto (medidas para el control del déficit) tanto para los ayuntamientos como para las comunidades autónomas. Igualmente Montero ha anunciado un plan de empleo por un importe de 50 millones de euros en los municipios afectados por el temporal.
En relación a los negocios, el decreto incluye una prestación por ceses de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo y la consideración de "fuerza mayor" en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Habrá exenciones fiscales (exenciones del IBI, reducciones en el IAE, etc.) para los damnificados por valor de 320 millones de euros.
En cuanto a los sectores productivos, se articulan ayudas directas para agricultores y sector pesquero por más de 2.000 millones de euros y se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los trabajadores eventuales del cambio accedan al subsidio agrario y la renta agraria.
El decreto prevé invertir del orden de 600 millones de euros en el arreglo de los caminos rurales que correrá a cargo de la empresa Tragsa y establece ayudas por valor de 10 millones de euros para los armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.
Hay también una línea de ayudas para negocios por valor de 120 millones que se destinará a comercios minoritas y a los autónomos de la hostelería y el hospedaje. En el caso de los municipios de Grazalema (Cádiz), Dúdar (Granada) o Benaoján (Málaga), las ayudas beneficiarán a todo tipo de actividad.
Por último, se incluye una línea de avales de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias y de 250 millones de euros para empresas y autónomos.
El Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea por carta su intención de solicitar una reprogramación de los fondos europeos y la activación del fondo de crisis de la UE. La solicitud formal se realizará una vez se tenga la evaluación detallada y exhaustiva de todos los daños.