- Corrupción Condenas y carpetazos: la distinta suerte del centenar de piezas pendientes de los ERE tras el borrado de la macrocausa de corrupción ordenado por el Constitucional
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La macrocausa de corrupción de los ERE sigue acumulando condenas. La última, la vigesimosegunda, se ha conocido este jueves, cuando la Audiencia de Sevilla ha condenados a dos empresarios que recibieron 2,9 millones de euros de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE para ayudas sociolaborales.
Los dos empresarios, vinculados a la sociedad Uvesa, han admitido que prevaricaron y malversaron los fondos públicos que les otorgó de forma irregular el Gobierno andaluz y han alcanzado un pacto de conformidad. Por ello, no ha sido necesario que se celebrara el juicio, previsto para este jueves y varias sesiones más en marzo en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, según ha informado la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El acuerdo de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por el PP-A y la defensa de los dos acusados en este procedimiento prevé que ninguno de los dos empresarios ingrese en prisión, ya que sus penas son inferiores a dos años de cárcel.
Tras reconocer los hechos de los que estaban acusados, el tribunal ha dictado sentencia in voce en la propia sala y ha condenado a los dos acusados como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a un año y seis meses de cárcel y tres años y nueve meses de inhabilitación absoluta.
La Sección Tercera, igualmente, ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años, todo ello en una sentencia que se ha declarado ya firme al expresar las partes su voluntad de no recurrirla.
22 condenas
Con este fallo, son ya 22 las sentencias que ha dictado la Audiencia de Sevilla en relación a piezas separadas del caso ERE. Las condenas siguen produciéndose a pesar del borrado impulsado por el Tribunal Constitucional (TC) con los ERE el pasado verano, después de que la mayoría progresista de este tribunal acordara amparar parcialmente a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y buena parte del resto de ex altos cargos del Gobierno andaluz de la etapa del PSOE que fueron condenados, previamente, por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Sus condenas han quedado anuladas, pero ahora la Audiencia debe reescribirlas, acorde a las tesis sobre los ERE fijadas por el TC.
La decisión del TC supuso un giro de guion en la macrocausa de corrupción, ya que inicialmente, tanto la Audiencia como el Supremo, consideraron que el Gobierno andaluz había malversado 679.412.179,09 euros. Esta suma es la cantidad que, a lo largo de una década, el Ejecutivo andaluz del PSOE repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Esos fondos se asignaron a la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles.
El Constitucional dictaminó que el "procedimiento específico" diseñado por el Gobierno andaluz para repartir los ERE era legal porque se incluyó en las leyes de presupuestos que aprobaba cada año el Parlamento andaluz. Con lo cual, goza de todas las bendiciones legales y no puede ser delictivo.
Tras esta decisión del TC, tanto la Audiencia como el Supremo se ven obligados a analizar las piezas pendientes de los ERE -en total hay 136 causas- a la luz de la "nueva realidad judicial" impuesta por el Constitucional. Y los resultados son dispares, ya que hay condenas y carpetazos en distintas piezas de los ERE.
Entre las condenas están, además de la última sobre las ayudas concedidas a Uvesa, las de Acyco y Surcolor, entre otras. En Acyco, el Supremo rebajó las condenas fijadas inicialmente por la Audiencia, pero las mantuvo. En su sentencia, el TS dijo que el sistema instaurado por el Gobierno andaluz con los ERE era "discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público". Sin embargo, era legal, como estableció el TC. Hubo condenas, entre otros motivos, porque en el ERE de Acyco había intrusos, una figura que en modo alguno legaliza la decisión del TC.
En la sentencia condenatoria sobre Surcolor de la Audiencia del pasado enero se califica la conducta de los ex altos cargos de la Junta condenados de "superlativamente ilegal" por el "incumplimiento relevante y palmario de la normativa aplicable", de forma que "se ha producido un resultado materialmente injusto, derivado del tosco incumplimiento y desconocimiento de las normas reguladoras de estas ayudas, pues todo se subordinaba al pertinaz propósito de favorecer a Surcolor, con daño al presupuesto y recursos públicos y a la posibilidad de que tales recursos se hubieran dedicado a su fin propio". Aquí también hubo intrusos.
Los carpetazos
Entre los carpetazos acordados recientemente están los referidos a diez investigados en tres procesos distintos de los ERE. Las tres piezas son las que investigan las ayudas concedidas a Egmasa, A Novo Comlink y Siemens. Las cantidades de dinero público destinadas a estas sociedades son significativas: 59 millones de euros. Entre los diez beneficiados está el ex alto cargo Daniel Alberto Rivera.