Romper moldes, alzar la voz, poner al vulnerable en el centro y pelear contracorriente por lo que atañe a todo el país sin esperar a cambio reconocimiento ni recompensa, por amor a la patria, que según Borges no es nadie, pero todos lo somos. Imbuidas de ese sentimiento borgiano, las organizaciones del Tercer Sector siguen esa receta, cubriendo la retaguardia de la política nacional en un contexto en el que nuestros parlamentarios no alcanzan a abarcar todos los aspectos de la vida pública. Así, cada vez con más frecuencia, son mujeres las que se distinguen al timón de estas asociaciones civiles en defensa de la política con propósito.
Ejemplo de ello son Elisa de la Nuez (64 años), Miriam González Durántez (57), Consuelo Ordóñez (65), Paula Iglesias (35), Sara Giménez (48) o Begoña Barragán (65), seis mujeres que han sabido transformar sus vivencias personales en un motor que les brindase el impulso necesario para coger las riendas de las respectivas organizaciones que dirigen. Con paciencia, dedicación y constancia, cada una de estas asociaciones, con una mujer a la cabeza, se ha consolidado como punta de lanza de la sociedad civil en España.
Lideran proyectos orientados a dinamizar a las personas y a promover la regeneración institucional -De la Nuez al frente de la Fundación Hay Derecho y González Durántez pilotando las plataformas España Mejor e Inspiring Girls-; a defender a las víctimas del terrorismo -de la mano del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), con Ordóñez al timón- o a distintas minorías -gracias al trabajo de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) que preside Iglesias y de la Fundación Secretariado Gitano, dirigida por Giménez-. También a brindar apoyo a los pacientes con cáncer o a participar en las políticas sanitarias -con Barragán presidiendo el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)-.
Sus casos apuntalan una tendencia nacional: en los últimos años se ha producido un incremento constante de la presencia femenina en los órganos de gobierno de oenegés, aunque sigue siendo leve. El estudio La presencia femenina en el Tercer Sector elaborado por la Fundación Lealtad cifra el acceso a la presidencia en un 43%; relativamente bajo, aunque sigue siendo un porcentaje mayor al de las mujeres que integran los consejos de administración de empresas cotizadas (35%), de la Administración General del Estado (41,6%) o del ámbito universitario (26,3%).
Presencia femenina en ONG
Todas estas mujeres destacan la importancia y el peso de la presencia femenina en las asociaciones cívicas, aunque con matices, según sus experiencias. Coinciden así en que ser activista es como ser madre: una está entregada a la causa las 24 horas del día, todos los días. «Todo nuestro grupo está siempre con el radar puesto, es un trabajo full time», explica Elisa de la Nuez. En el caso de la Fundación Hay Derecho, de la que ella es secretaria general, la sociedad civil ha tenido, dice, que tomar el relevo de las administraciones públicas en la lucha contra la corrupción y el impulso de un mejor funcionamiento de las instituciones ante la dejación de funciones de los organismos del Estado.
En cierta medida, comparte su horizonte con España Mejor, la plataforma fundada en 2023 y dirigida por la abogada Miriam González, que busca impulsar propuestas de políticas públicas apartidistas y orientadas a resultados concretos: «Necesitas siempre un cierto idealismo, que debe matizarse con que cada objetivo te va a llevar un tiempo determinado. Y te van a atacar -si no lo hacen, algo no está del todo bien- y eso tienes que internalizarlo tú y todos los que estén a tu lado».
En 1998, tres mujeres fundaron Covite, hoy presidida por Consuelo Ordóñez -hermana del político del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995-: «Para mí, que una mujer lidere una asociación resulta natural porque siempre ha sido así en nuestro caso. Creo que tenemos una empatía y realizamos un acercamiento a estas causas de manera más innata que los hombres».
Desde la presidencia de la Asociación Española de Afectados por Linfoma (AEAL) y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la perspectiva de Begoña Barragán es similar: «El liderazgo femenino tiene una gran capacidad para combinar lo emocional con lo práctico. Aporta una mirada muy centrada en lo humano sin perder de vista la necesidad de estructura y estrategia».
Por eso, Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, y Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, insisten en que hay que seguir remando en esa dirección, sobre todo cuando se trata de mujeres que forman parte de minorías: «Los temas de género deben incluir a otros grupos; nunca nos damos cuenta de cuántas directivas o mujeres que ocupan determinados puestos son gitanas... Pues prácticamente ninguna. Y ahí hay un reto, porque hay músculo gitano para que podamos estar en esos espacios», señala la primera. A juicio de la segunda, las barreras que enfrentan las mujeres lesbianas, bi o trans cuando intentan acceder a puestos de liderazgo dentro del movimiento son las mismas que fuera de éste: «El colectivo LGTBI es un reflejo de la sociedad y no vivimos ajenos a ella. Es verdad que en el colectivo, por sus circunstancias, se ha podido trabajar más esta faceta, pero hay cosas que se reproducen y por eso creo que es importante romper esas barreras desde los puestos de liderazgo».
El acceso de las mujeres a la dirección o presidencia de estos órganos sigue aumentando. La Fundación Lealtad destaca que, en 2025, el 49% de los puestos en órganos de gobierno estaba ocupado por mujeres y el 51% de las asociaciones estaba dirigida por ellas. Eso sí, estas últimas trabajan con la mitad del presupuesto con que operan las organizaciones presididas por hombres, lo que invita a reflexionar sobre la remuneración femenina en el Tercer Sector.
Hacer de la causa una vida.
Para las seis activistas entrevistadas, la mujer es un motor clave en las asociaciones cívicas. Aunque todavía, dicen, haya que superar algunas barreras, internas y externas. «El Tercer Sector es uno muy feminizado que, evidentemente, no paga igual que otros, y las mujeres suelen estar más dispuestas a sacrificar retribuciones que los hombres», apunta Elisa de la Nuez.
Otro de los desafíos es compaginar el compromiso cívico con su día a día. Por ejemplo, la propia Elisa es abogada del Estado en excedencia y abogada ejerciente, toda vez que está al frente de Hay Derecho. Sara Giménez también compaginó durante una temporada la presidencia del Secretariado Gitano con su escaño en el Congreso de los Diputados, y Paula Iglesias hace «malabares» para conciliar su trabajo -es médica y psicóloga- y la presidencia de la FELGTBI+.
«Fue difícil, pero enriquecedor», recuerda Giménez, que aterrizó en política de forma «inesperada» de la mano de Albert Rivera. Ahora, además de ejercer como directora general de la Fundación Secretariado Gitano, es abogada y representa a España en el Consejo de Europa en la lucha contra la discriminación. «Cada espacio que ocupo -como diputada, como directora general o como representante internacional- es una oportunidad para dar visibilidad a nuestro pueblo y a los grupos vulnerables», apunta.
El equipo de Paula Iglesias -«el que toma las decisiones y hace las negociaciones políticas»- está formado por personas voluntarias. «El tiempo que le dedicamos se lo quitamos a nuestras familias y a nuestro ocio», explica. Y es que ése puede ser, precisamente, el gran hándicap del activismo: «No hay horario laboral, así que no hay límite». Pero al ser un sacrificio que se hace voluntariamente «se hace con ganas y merece la pena», asegura.
Elisa de la Nuez reconoce que la labor de su Fundación es posible gracias a que su financiación -por la vía privada, que la dota de independencia- permite tener un equipo pequeño, pero estable: un staff de siete personas (todo mujeres, salvo un chico) y una extensa red de colaboradores (aquí hay más hombres) pro bono. Todos ellos son piezas imprescindibles de lo que hoy es un mecanismo de denuncia: «Nuestro papel es el de Pepito Grillo. Señalamos fallos, ponemos el foco en lo que no funciona. Al principio fue sólo divulgación, pero desde hace tres años también litigamos».
En el caso de Miriam González, fue su negativa a asumir el rol de mujer florero mientras su marido, Nick Clegg, era viceprimer ministro de Gran Bretaña, lo que la condujo al activismo. La receptividad del momento social la condujo a fundar Inspiring Women, que luego dio a paso a Inspiring Girls, una iniciativa implantada hoy en 40 países. Más adelante fundaría la plataforma España Mejor, cuyo equipo fijo cuenta con más mujeres que hombres (aunque entre los voluntarios, ellos son mayoría). «Siempre he tenido ese impulso de luchar por lo que creo justo; incluso durante la transición repartía pegatinas de UCD en la puerta del cine de mi pueblo», recuerda.
Por sus respectivas circunstancias personales -la muerte de su hermano a manos de ETA y su condición de paciente con linfoma- Consuelo Ordóñez y Begoña Barragán han hecho de su causa su vida. «Todos los que lideramos ONG nos movemos por principios, por sentimientos, por una causa que nos revuelve por dentro. No soportamos determinadas injusticias, y eso nos impulsa a actuar», opina Ordóñez. Por su parte, Barragán ahondó en su compromiso con los pacientes con cáncer cuando sintió «la necesidad de convertir lo que había vivido en algo útil para otros, de abrir espacios donde las personas pudieran encontrar información, apoyo y compañía real».
Trabajar por sentirse escuchadas
Además de esa querencia constante por hacer frente a diversas formas de injusticia, hay otro hilo conductor en todos estos testimonios: el papel ambivalente del Estado en su compromiso con las distintas causas. Todas las entrevistadas en este reportaje coinciden en que el divorcio entre la política y la calle supone un bloqueo de cara a la transformación de la sociedad y de las estructuras del Estado. En lugar de ser un aliado fundamental, pone trabas burocráticas, prioriza intereses partidistas y responde tarde -o no lo hace- a las demandas ciudadanas.
«La voluntad política existe en muchos casos, pero no siempre se traduce en acciones concretas», lamenta la presidenta de GEPAC. «Se elaboran planes estratégicos bien redactados, con objetivos que suenan ambiciosos y necesarios, pero que a menudo carecen de un presupuesto específico que permita llevarlos a la práctica». Para Barragán, esto conlleva que «los pacientes todavía no tengamos la voz que deberíamos en las decisiones que nos afectan». La falta de información comprensible, la desigualdad en el acceso a tratamientos y la falta de acompañamiento emocional, social y laboral son algunos de los problemas crónicos en cuanto al cáncer en España, frente a los que reivindican «cambios visibles en la atención, en los tiempos de diagnóstico, en el acceso a tratamientos innovadores y en el apoyo emocional».
Ese compromiso a medias es parecido al que esboza Ordóñez, que denuncia que las instituciones hayan blanqueado el relato de los asesinos: «Seguimos luchando para que desaparezca toda justificación del terrorismo de ETA y denunciando que ésta no fue derrotada por el Estado de Derecho, sino que se cumplieron sus exigencias tras las negociaciones de Zapatero y Rajoy». Levantar la voz contra la utilización del terrorismo como arma política le ha costado críticas a la lideresa de la asociación. «Denunciamos la presencia de condenados por terrorismo en listas y, tras la utilización del eslogan Que te vote Txapote levantamos la voz pidiendo respeto», recuerda.
Acaso las que menos compromiso sientan por parte del Estado sean las asociaciones que capitanean De la Nuez y González, que desde una perspectiva liberal critican la tendencia estatal a expandir su control. Ambas trabajan por restituir las prácticas limpias en mitad de un lodazal de casos de corrupción. Para la primera, lo más preocupante es el desgaste de los mecanismos de control, especialmente los preventivos, que están «prácticamente inutilizados» cuando no «capturados políticamente». «El Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, incluso los interventores: si los nombra a dedo la persona a quien deben controlar, no son efectivos. También se han desactivado las alarmas sociales, como los canales de denuncia de corrupción. La gente que lo hace acaba crucificada. Por eso insistimos tanto en los controles previos, y también en la profesionalización de altos cargos y funcionarios. Si no tienen independencia ni criterio técnico para negarse a cumplir órdenes irregulares, todo se tambalea», se queja.
La fundadora de España Mejor, por su parte, se remonta al nulo apoyo que los partidos políticos brindaron al Código ético de Gobierno que elaboró la plataforma cívica con 99 medidas básicas (que en otros países se aplican sin debate): «Es como para ponerse a pensar, cuando les votamos, sobre el nivel de exigencia que les ponemos y lo que dice de nuestra cultura institucional». También defiende a capa y espada la eliminación de los aforamientos, un ámbito en el que, a su juicio, «la sociedad civil y la prensa hemos fallado estrepitosamente». De ahí que invite a ambas a unir fuerzas porque «tienen que hacer pinza en la limpieza del sistema: todos tenemos responsabilidad».
Tareas pendientes
La defensa de los derechos de las personas gitanas y LGTBI+ ha avanzado a grandes pasos, pero cada colectivo enfrenta aún graves desigualdades. Sara Giménez denuncia la «discriminación constante» que sufre el pueblo gitano, así como sus altas tasas de desempleo, fracaso y abandono escolar. Por su parte, Paula Iglesias centra gran parte de su lucha en combatir los discursos y mensajes de odio, que «se están cebando con el colectivo, pero también con otros grupos vulnerables». Desde su punto de vista, «es más fácil avanzar cuando los gobiernos son más favorables y no hacen una simple instrumentalización» de sus reivindicaciones. Eso ha permitido a ambos colectivos impulsar de la mano la iniciativa del Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables. «Creo que ha calado en la sociedad que la igualdad y la diversidad son importantes», valora Iglesias. Aunque Giménez apunta que aún «faltan referentes y representación política» del pueblo gitano: si en la anterior legislatura había tres diputados gitanos -dos mujeres y un hombre- ahora no hay ninguno.
Nuevos referentes
La FELGTBI+ cuenta hoy con la presidenta más joven de su historia, que ya supera los 30 años de vida. «Hay renovadas formas de hacer activismo y también nuevas inquietudes entre la gente joven, y hay que acercarse a ella. La apuesta por mí, una mujer lesbiana, fue en ese sentido», explica Paula Iglesias. A pesar de ello, los equipos que lideran estas mujeres están integrados por personas de diversas añadas, lo que aporta un valor añadido a la lucha diaria. En el caso de la Fundación Hay Derecho, además de los detallados informes sobre el Parlamento o la corrupción en España, que son su músculo, las hornadas más recientes de juristas se han lanzado al ruedo público con el podcast Hay Derecho a preguntar, que mantiene vivo el espíritu inicial con que nació el proyecto, allá en 2010: «Explicarle a la gente que el mal funcionamiento de las instituciones tiene un impacto directo en su vida particular», desliza Elisa.
Involucrar a las nuevas generaciones en la acción de la sociedad civil es, en cualquier caso, «un reto importantísimo», a juicio de Miriam González. En Inspiring Girls, cuyo objetivo es aumentar la autoestima y las ambiciones profesionales de niñas y adolescentes, tienen de hecho un proyecto entero dedicado a los jóvenes, y realizaron una megaencuesta desde España Mejor con el propósito de recopilar propuestas para mejorar la situación de los jóvenes españoles. «Quieren estar mucho más involucrados, pero no quieren los canales que se emplean en la actualidad y debemos repensarlos porque tienen toda la razón: salvo en política, existe un poder de acción que generaciones anteriores no tenían», sugiere la abogada.
Paciencia y una caña
«Los cambios de fondo no se consiguen de un día para otro», advierte en este punto Begoña Barragán. La receta para aquéllos que se sumen a la lucha por el derecho a una atención digna en oncología consiste, explica, en «capacidad de escuchar, de comprender lo que otros necesitan y de transformar esa escucha en propuestas útiles» que consoliden una base sólida para transformar las cosas.
Según esbozan todas estas mujeres, antes que nada, el activismo es unaactitud. La misma que empleó Sara Giménez cuando decidió estudiar e ingresó, no sin esfuerzo, en la Facultad de Derecho. «Cuando veo a las mujeres gitanas formadas, activistas en la defensa de sus derechos y los de su pueblo, coger las riendas para tirar adelante porque quieren avanzar y promocionar, lo que siento es orgullo», resalta. Ella describe un talante construido sobre unas bases sólidas: «Nuestras abuelas gitanas también han sido activistas», dice. Esa herencia, que contribuye, en sus palabras, a «mantener lo que somos», da forma a distintos activismos: «Unos son muy visibles, otros más silenciosos, pero creo que ambos son igualmente valiosos», concluye con orgullo.